La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación recibió este martes a referentes del sector agropecuario, quienes respaldaron el proyecto de vandalismo rural presente en el Congreso.
La iniciativa crea la figura de intrusión rural, con penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión.
Se trata de una figura clave porque permitirá que las fuerzas de seguridad actúen de manera proactiva ante el merodeo nocturno de delincuentes, sin necesidad de esperar a que el delito ya se haya consumado.
La iniciativa, además, crea la figura de daño agravado, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado, incorporando expresamente sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados como bienes protegidos. La pena mínima se duplica cuando el autor es un funcionario público o una persona vinculada habitualmente a la actividad agropecuaria.
El proyecto también actualiza el delito de instigación pública, elevando la pena a 2 a 6 años de prisión para quien incite a cometer estos delitos, con una triplicación de la pena cuando la incitación se difunde por redes sociales o medios de comunicación masiva.
“El ingreso deliberado y no autorizado a un establecimiento rural no siempre constituye una conducta menor porque puede ser el primer paso de una faena clandestina, un robo, la destrucción de instalaciones, un ataque contra quienes viven y trabajan en el lugar”, expelió el productor César Guatti, quien asistió en representación de las Confederaciones Rurales Argentina (CRA). “Para nosotros en este debate tiene nombres, tiene rostros, tiene familias atrás”, añadió.
Durante el debate en la Comisión de Agricultura de Diputados, todos los referentes agropecuarios dieron pleno apoyo al proyecto y solicitaron una pronta aprobación del mismo.
“Veríamos con muy buenos ojos que este proyecto pueda llegar a materializarse para que la justicia pueda tener las herramientas necesarias y justas”, expresó Lucas Magnano, presidente de Coninagro.
Desde el sector remarcaron una distorsión que consideran inaceptable: hoy, dañar un silo bolsa cargado con toneladas de granos con el consiguiente impacto puede recibir el mismo tratamiento penal que un simple rayón a un automóvil.
Hay un aspecto que es clave y hasta ahora ausente del debate público: la afectación real de estos delitos no se mide por el valor de reposición de un bien, sino por su impacto sistémico en el sistema productivo.
Desde Fundación Barbechando citaron como ejemplo el daño a una bomba de agua, capaz de comprometer el acceso al recurso de un rodeo completo –una vaca de cría puede necesitar entre 50 y 70 litros diarios en verano–, pudiendo generar grandes daños.
“Desde Fundación Barbechando entendemos que estas discusiones son parte de una tarea más amplia: la construcción de políticas públicas que acompañen el desarrollo del sector en toda su diversidad territorial. Queremos un campo que deje de ser tierra de nadie, donde el desarrollo de políticas públicas firmes habilite el desarrollo productivo y social de nuestro país, para quienes producen, para quienes trabajan la tierra y para las comunidades rurales en su conjunto”, indicó la entidad por medio de un comunicado.
