La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresó su “profunda preocupación” ante la falta de acatamiento por parte de la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara) de la conciliación obligatoria dictada el pasado 19 de agosto por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
La CPPC presentó una denuncia formal ante la directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, para solicitar la urgente intervención de la autoridad y la aplicación de las sanciones correspondientes.
“La situación reviste una gravedad particular en el Puerto de Bahía Blanca. En dicho complejo portuario, delegados gremiales comunicaron a las empresas terminales la decisión de negarse a realizar horas extraordinarias y de impedir el reemplazo o derivación de personal entre sectores”, señaló la CPPC por medio de un comunicado.
“Aunque la realización de horas extra es opcional por ley, en la operativa agroexportadora constituye una práctica habitual, continua e indispensable (enmarcada en el régimen 24 x 365, según el artículo 24 del CCT 639/2011), que garantiza la fluidez del comercio exterior y refuerza de manera significativa el salario del trabajador. Asimismo, la negativa a cubrir vacantes o adscribir tareas momentáneas entre sectores desarticula la logística de recepción”, añade.
Como consecuencia directa de esas medidas, se registran hasta el momento más de 400 camiones demorados en las inmediaciones del puerto de Bahía Blanca, lo que genera no sólo un trastorno logístico, sino también un problema comercial ante los exigentes compromisos de exportación asumidos.
“Respecto del conflicto salarial, la Cámara de Puertos Privados Comerciales reitera que en la mesa formal de negociación previa al dictado de la conciliación obligatoria ha presentado una oferta económica superadora y por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), (enero-diciembre de 2026) del 31,9%, cifra que supera la inflación anual proyectada por el gobierno nacional y los organismos técnicos (30,2%)y el otorgamiento de una suma extraordinaria (equivalente a 359.095 pesos para la tercera categoría y proporcional para las restantes), ofreciendo su cancelación acelerada en tan solo dos cuotas consecutivas a partir de agosto”, explica el comunicado.
“A pesar del esfuerzo del sector privado por resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación, la entidad gremial ha optado por desatender la intimación oficial a prestar servicios en forma normal y habitual”, remarca.
