En el sur de Corrientes, el delito rural dejó de ser el robo ocasional de algunos animales para convertirse en un problema de crimen organizado. Bandas con infraestructura y tecnología, establecimientos abandonados, productores asesinados y una Justicia cuestionada forman parte del escenario que describió María Marta Batalla, ganadera y dirigente rural de la zona de Paso de los Libres, quien reclamó más recursos policiales y fiscalías especializadas para combatir el flagelo.
“Se convirtió el delito rural en un crimen organizado. Esto está perpetrado por bandas que tienen gran infraestructura, tienen tecnología, tienen equipamientos”, advirtió Batalla, productora de cría y recría en Bonpland, donde también incorporó una cabaña de las razas Braford y Aberdeen Angus.
La dirigente, que trabaja en la comisión de Seguridad Rural de la Sociedad Rural de Paso de los Libres y participa de la Asociación de Sociedades Rurales y de un foro nacional sobre la problemática, señaló que Corrientes tiene más de 400 hectáreas ganaderas desocupadas, muchas en zonas fronterizas. Según explicó, algunos productores terminaron abandonando sus establecimientos por la reiteración de los robos.
“Los productores han dejado, abandonado literalmente los establecimientos por el flagelo del abigeato”, afirmó. La cercanía con Brasil y Paraguay agrava la situación, aunque también crecen los delitos cometidos dentro de la propia provincia.
La magnitud de los hechos demuestra que ya no se trata de personas que roban para comer. Batalla recordó que en enero se conoció en La Cruz un caso en el que se habla de entre 250 y 300 cabezas involucradas. Además, aseguró que todas las semanas se registran episodios con decenas de animales desaparecidos.
“En una o dos oportunidades tuvimos casos de más de 20 animales faenados en una noche”, contó. Recientemente, unas 40 cabezas aparecieron en otro campo, a considerable distancia y con las marcas modificadas, luego de que un productor alertara sobre su desaparición.
Para Batalla, también es necesario investigar a quienes reciben los animales robados. “Hay muchos actores involucrados”, sostuvo, al advertir que detrás de estos hechos existe una cadena que no se limita a quienes ingresan a los establecimientos.
La productora reconoció el trabajo de la Policía Rural de Corrientes, el PRIAR, pero remarcó que sus efectivos operan con recursos escasos. Como ejemplo, recordó un procedimiento en el que los agentes no tenían señal de celular ni conectividad y debieron pedir acceso al wifi de una propiedad para comunicarse con el juzgado.
Los productores mantienen reuniones con las autoridades y proponen medidas concretas, como instalar cámaras de seguridad en puntos estratégicos. Sin embargo, Batalla consideró que las respuestas llegan a cuentagotas y que el problema también está en la Justicia.
La Ley provincial 5691 contempla la creación de 11 fiscalías rurales, pero, según detalló, solamente cinco están funcionando. La correspondiente a la circunscripción de Paso de los Libres y el departamento de General San Martín se encuentra en concurso.
“El delito rural es muy característico y muy particular, entonces nosotros consideramos que debe gestionarse a través de un fiscal rural”, planteó. También cuestionó decisiones judiciales que, a su entender, terminan debilitando la respuesta frente a los delincuentes. “En el caso de las 40 cabezas recuperadas, el fiscal de Mercedes pidió la prisión de los involucrados, pero un juzgado de revisión les concedió prisión domiciliaria”, señaló Batalla.
“Sentimos que siempre, lamentablemente, la justicia es muy laxa y flexible para el que delinque”, cuestionó.
El problema excede al abigeato: también hay robos en viviendas rurales, sustracción de productos veterinarios y elementos de trabajo, además de vandalismo y daños a la infraestructura productiva.
“Ya no es solo faena de animales, hay inseguridad en general”, remarcó Batalla. En una provincia donde producir ya implica enfrentar garrapata, tristeza bovina, sequías e inundaciones, la inseguridad agrega otra presión sobre las familias rurales.
“Hay generaciones que ven a sus padres luchar contra esto y claramente nadie elige quedarse donde todos los días tenés un problema”, advirtió.
