En un establecimiento del paraje Yurucuá, cerca de La Cruz, en el sur de Corrientes, Melchor Baltazar Díaz, conocido como “Pitoi”,un productor de 75 años fue asesinado durante un asalto en su propia casa. Lo sorprendieron de noche, mientras cerraba el portón junto a su esposa. No hubo prácticamente diálogo, ya que los delincuentes dispararon y lo mataron en el acto.
Eran al menos tres hombres, encapuchados, que actuaron con una violencia que todavía conmociona a la región. Después de reducir a la mujer que permaneció encerrada durante horas recorrieron la vivienda, robaron dinero en efectivo, celulares y la camioneta del productor, que luego abandonaron en la zona. Recién a la mañana siguiente, tras caminar varios kilómetros, la esposa logró pedir ayuda.
El caso, caratulado como homicidio en ocasión de robo, dejó al descubierto una vez más las condiciones de vulnerabilidad en las que se desarrolla la vida rural, con zonas sin conectividad, sin presencia estatal y con tiempos de respuesta que, en situaciones extremas, llegan demasiado tarde.
Pero más allá del hecho puntual, que por su crudeza impactó de lleno en la comunidad, lo que terminó de amplificar la repercusión fue la reacción del entramado institucional del campo. En ese contexto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) difundió un comunicado que no solo expresó dolor, sino también una advertencia.
“Nos solidarizamos con la Sociedad Rural de La Cruz y la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes ante el trágico asesinato de un productor agropecuario de su comunidad”, señaló la entidad, que rápidamente puso el foco en un problema estructural.
En el mismo texto, CRA sostuvo: “Acompañamos a la familia, a sus colegas y a toda la dirigencia rural en este momento, y renovamos nuestro pedido de justicia y de condiciones de seguridad que protejan la vida y el trabajo en cada región productiva del país”.
La entidad enmarcó el crimen dentro de una problemática más amplia, que viene creciendo en distintas provincias y que tiene múltiples caras, desde el abigeato hasta robos violentos como este, que ya no distinguen entre bienes y personas.
En Corrientes, particularmente, el fenómeno no es nuevo. En varias zonas rurales se repiten los episodios delictivos, con productores que advierten desde hace años sobre la falta de recursos, la escasa presencia policial y las dificultades operativas en territorios extensos y aislados.
Mientras la investigación avanza y todavía no hay detenidos, el caso vuelve a instalar una pregunta incómoda en el agro: ¿Cuánto más puede naturalizarse la inseguridad en el campo antes de convertirse, definitivamente, en un factor que condicione la producción y la vida misma en las zonas rurales?.
