El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará este martes que en la Comisión de Legislación se emita dictamen sobre un proyecto de ley que propone derogar el decreto 820/16, firmado por el ex presidente Mauricio Macri, por el cual se modificó el Régimen de tierras rurales para facilitar sus transacciones.
Se trata de la ley que puso límites a la compra de campos por parte de extranjeros. Respecto de este tema, el kirchnerismo y el macrismo también protagonizan un constante tironeo de las reglas de juego.
Según la diputada Graciela Landriscini (Frente de Todos-Rio Negro), autora del proyecto, se buscará en el Congreso dejar si efecto un decreto que se elaboró “con el objetivo de favorecer la inversión extranjera, de acuerdo a la fundamentación de ese entonces, en un marco de desregulación económica”.
Según fundamentó la legisladora patagónica, “Argentina es el octavo país del mundo en cantidad de hectáreas de tierra rural, lo que representa casi el noventa y seis por ciento (96%) de su superficie y en el 2011 se sancionó la ley 26.737, que fijó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierra Rurales para controlar la venta y su extranjerización”.
“Esta ley se aprobó para proteger la soberanía de los bienes naturales del país, considerando a la tierra rural como un recurso estratégico no renovable y buscando evitar su mercantilización y extranjerización. Con ese objetivo se dispuso en 2011 una rigurosa reglamentación que el Decreto de Cambiemos flexibilizó”, remarcó Landriscini.
En realidad, aquella ley de 2011 no fue tan rigurosa. De hecho, el gobiernod e Cristina Kirchner forzó un debate para imponer un límite del 15% del territorio (nacional, provincial o distrital) en la cantidad de tierra que podía estar en manos de extranjeros. Luego se hizo un primer relevamiento y resultó que la cantidad de tierras bajo posesión de extranjeros estaba muy por debajo de eso, cerca del 6% del total. De todos modos, el macrismo buscó flexibilizar la normativa por decreto, esquivando el Congreso.
Al detallar los alcances del decreto de Cambiemos, la diputada cuestionó “la ampliación de posibilidades para inversores o adquirentes extranjeros, al considerar como titular extranjero a quien posea más del 51% del capital social de una persona jurídica, cuando en la anterior reglamentación era considerado a partir del 25%”.
“La eliminación de los controles cruzados de la Unidad de Información Financiera y la AFIP, que se habían dispuesto para prevenir el posible lavado de activos o la elusión fiscal mediante la adquisición de tierras; y la eliminación del límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal en las zonas industriales, y de las sanciones previstas en caso de incumplimiento de la ley”, fue otro de los puntos puestos de relieve por la diputada.
