Parte de la discusión en torno a la crisis yerbatera que golpea al sector hace al menos 2 años tiene un punto de partida básico: ¿por qué ocurre? Y lo que productores, tareferos y cooperativistas le dicen al gobierno nacional y al sector molinero -parados en la vereda de enfrente- es que la culpa la tiene la desregulación.
“Nosotros usamos las propias cifras del INYM, que es la estadística oficial, para mostrar la crisis”, explicó Gustavo Hein, que en su rol de presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones estuvo presente en la cita convocada en Diputados para discutir la realidad del sector.
Los números que llevaron desde el sector fueron los del propio instituto que, vaciado de sus funciones y acéfalo hasta hace pocos meses atrás, desmiente que exista tamaña crisis.
“Hay una situación de precios irrisorios que está recibiendo el productor por la materia prima. Hay una extensión de plazos indebidos en los pagos. Hay abandono de producciones porque no hay rentabilidad. Y hay éxodo rural de trabajadores que en forma casi masiva están yendo a vivir y a trabajar a Brasil”, describió Hein, quien insiste en que es innegable la crisis sectorial.
Incluso para el sector cooperativo, lo que demuestra que la situación se ha vuelto difícil no sólo para los colonos atomizados, sino también para las entidades de mayor tamaño. Sobre todo aquellas que no controlan todo el proceso de producción y deben también negociar externamente con la industria.
“Nuestra masa societaria está compuesta mayoritariamente por pequeños y medianos productores. Por eso es nuestra defensa irrestricta del sector”, explicó el referente.
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– Entonces, ¿por qué cree entonces que con todos estos argumentos se niega que exista tal crisis?
“Supongo que para justificar las medidas que se tomaron con el Decreto 70/2023. No le encuentro otra explicación. Desde el punto de vista de la razonabilidad, todo el mundo tiene que darse cuenta que la crisis existe, que es una situación especial y que requiere medidas especiales para su solución”.
– ¿Cuál sería concretamente la salida?
– El Congreso Nacional tiene que devolverle las facultades regulatorias al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que son las que permitirían obtener un nivel razonable entre la oferta y la demanda y fijar un precio acorde.
