En Chile, el Congreso acaba de aprobar la Ley de Ferias Libres, una normativa que reconoce legalmente a esos espacios de comercialización de alimentos como unidades productivas formales y asociativas, otorgándoles así un marco jurídico propio.
La normativa, que debe ahora ser promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que hace es ordenar las ferias bajo iguales parámetros y a la vez reconocer su rol en el abastecimiento cotidiano de alimentos frescos, nutritivos y a precios accesibles.
Al igual que aún sucede en Argentina, en el país vecino hasta el momento sólo se regían por regulaciones fragmentadas, disposiciones municipales y reglamentos dispares. Ahora, contarán con una ley nacional que las agrupe.
Entre los principales cambios que introduce la ley se incluye la creación de instancias formales de representación de los feriantes para con las autoridades locales, fortaleciendo su participación en la toma de decisiones y permitiendo armonizar las reglamentaciones vigentes. Todas ellas deberán ahora responder a un mismo marco normativo.
“Las reglas dependían de cada municipio; las ordenanzas no siempre eran claras y eso generaba una incertidumbre permanente para nuestras familias, especialmente en torno a los permisos para instalar y operar los puestos en la feria, así como a su duración”, destacó Clara Román, presidenta de la Feria de Lo Espejo y secretaria de la Federación Nacional de Ferias.
Además, la nueva legislación también reconoce la tradición familiar que sostiene a estos centros de comercialización, generalmente defendidos de generación en generación y con emprendimientos productivos de larga data. En concreto, contempla la prioridad para acceder a herederos en caso de fallecimiento.
El caso chileno ilustra una deuda pendiente para Argentina, donde también proliferan cientos de ferias de alimentos que no cuentan con un único paraguas legal. Aquí, las decisiones en torno a estos espacios están fragmentadas entre normativas municipales, cada cual con sus propios parámetros, y programas nacionales.
La Ley de Agricultura Familiar (27.118) busca proteger y fomentar a esta actividad y, aunque no se centra exclusivamente en las ferias, sí contempla la creación de canales de comercialización propios.
Otras iniciativas, como el programa ProHuerta del INTA –discontinuado en el marco del plan de ajuste en el organismo- o las Feras de la Ciudad en Capital Federal son también ilustrativas de esta diversidad normativa en el sector.
Uno de los organismos que más activamente contribuyó a este proyecto fue la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que integró las reuniones legislativas desde 2022 e insistió sobre la importancia de las ferias urbanas para la soberanía alimentaria y el desarrollo socio-económico.
“Cumplen un rol relevante en el abastecimiento alimentario local, especialmente en barrios urbanos y territorios donde la oferta comercial es más limitada. La ausencia de una definición legal clara era uno de los principales desafíos a abordar”, explicó Maya Takagi, representante de la FAO Chile.
“Cuando uno compara el precio de las verduras en un supermercado con el de una feria libre, queda claro que muchas personas no podrían acceder a alimentos frescos sin esa diferencia. La seguridad alimentaria también se juega ahí”, afirmó, por su parte, la diputada Consuelo Veloso, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en Chile dentro del Congreso.
