Con el recuerdo fresco de los abusos que cometían los gobiernos kirchneristas en contra de los productores agropecuarios, las entidades rurales tradicionales no han emitido opinión respecto del proyecto de ley que redactó el gobierno y que se podría votar en las próximas horas en el Senado, denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. De todos modos, hay referentes políticos y sociales -incluyendo a la Iglesia Católica- que advierten que, una vez más, la Argentina corre el riesgo de irse de un extremo al otro.
El proyecto de ley es impulsado con fuerza, cuando no, por el ministro de Desregularización Federico Sturzenegger. Busca esencialmente reforzar la propiedad privada, limitando la capacidad del Estado para expropiar y ampliando las compensaciones a los propietarios. La iniciativa introduce cambios en varias leyes anteriores: desalojos más rápidos y con menos requisitos y menos restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. También modifica leyes ambientales y territoriales: reduce protecciones tras incendios (especialmente fuera de bosques nativos) y cambia reglas sobre uso del suelo.
Por eso extraña que no haya sido analizada por las entidades del campo con mayor profundidad. Otros actores del agro, sin embargo, se están moviendo en rechazo de este paquete de reformas, reclamando prudencia a los senadores.
Por ejemplo, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Aborigen expresaron en las últimas horas su “profunda preocupación” por la iniciativa del Poder Ejecutivo, al considerar que podría afectar la soberanía sobre los bienes comunes, habilitar la extranjerización de tierras y debilitar el rol del Estado en la protección del interés comunitario.
Otro colectivo importante, donde hay actores del propio sector agropecuario, reclamó a la Federación Argentina de Municipios un rechazo contundente a la iniciativa oficialista, “en virtud de las graves implicancias que tiene para la autonomía municipal, la gestión del suelo, las expropiaciones por utilidad pública y el desarrollo de obras en nuestros distritos”.
“Tal como ha sido documentado por diversos análisis críticos, este proyecto, bajo la apariencia de fortalecer la seguridad jurídica, introduce modificaciones sustanciales que debilitan la capacidad del Estado en general, y de los Estados municipales en particular, para planificar el territorio, expropiar bienes para obras públicas y proteger el interés comunitario frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”, es la síntesis de la proclama lanzada por la flamante Coalición Federal por la Defensa de la Tierra. Entre decenas de firmas vinculadas a otros sectores, allí aparecen algunos referentes vinculados al sector, como la ex vicepresidenta del INTA Nacira Muñoz o el ex dirigente de Federación Agraria Pedro Peretti.
¿Qué se critica a esta iniciativa en materia de producción agropecuaria y vida en el medio rural?
Por un lado, que el proyecto redefine de manera restrictiva la “utilidad pública”, exigiendo que sea “idónea, necesaria y proporcional” (una fórmula propia del derecho penal, no del urbanismo), lo que dará lugar a un sinfín de litigios y frenará obras municipales esenciales (viviendas, escuelas, centros de salud, apertura de calles, espacios verdes, etc.).
Además, se establece que el Estado no podrá tomar posesión del bien hasta haber pagado la totalidad de la indemnización, la cual incluye lucro cesante (ganancias dejadas de percibir). Esto es inviable para las arcas municipales, paralizando de hecho toda expropiación por justa tasación.
El proyecto elimina las restricciones vigentes de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que limitaban la propiedad extranjera a un 15% del total de tierras nacionales, provinciales o municipales, y un tope de 1.000 hectáreas por titular de nacionalidad extranjera. “De aprobarse, se abre la puerta a la compra masiva de tierras rurales y periurbanas por parte de inversionistas extranjeros, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, el ordenamiento territorial municipal y el acceso al suelo para pobladores locales”, alertan los sectores díscolos.
Por otro lado, se cuestionan las “modificaciones ambientales que afectan la planificación territorial local”, ya que el proyecto elimina la veda de 30 años para la venta o cambio de uso de tierras rurales incendiadas (solo mantiene restricciones parciales en bosques nativos).
“Esto alienta la especulación con tierras siniestradas y deja a los municipios sin herramientas para evitar que, tras un incendio, se lotee o se cambie el uso del suelo hacia emprendimientos inmobiliarios o agrícolas intensivos no planificados, en contra de las normativas ambientales y de usos del suelo que cada comuna ha dictado”, se indicó en el rechazo de la Coalición Federal por la Defensa de la Tierra.
