En el Congreso comenzó a discutirse una revisión de aquella ley impulsada en tiempos del kirchnerismo que puso límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Y en este contexto, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado su posición favorable a la modificación de la Ley 26.737, que está incluida en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Para los forestadores, aquella limitación fue un error y el régimen vigente “parte de un diagnóstico equivocado: restringir la inversión privada por su origen no ha fortalecido la soberanía ni mejorado los estándares ambientales, pero sí ha limitado el desarrollo productivo y la competitividad del país”, sentenció AFOA. Vale recordar que, como ejemplo, la entidad representa a la chilena Arauco y otras grandes empresas extranjeras, que en su momento se vieron impedidas de añadir tierras porque habían alcanzado los máximos previstos.
Ahora, elogia la entidad, la nueva propuesta “introduce un criterio más focalizado”, que de aprobarse implicaría “mantener restricciones en casos vinculados a entes gubernamentales extranjeros o situaciones que puedan comprometer la seguridad nacional, eliminando en cambio las limitaciones generales sobre inversores privados”.
Claudia Peirano, directora ejecutiva de la Asociación Forestal, envió una carta al Senado resumiendo la posición del sector. Es la que sigue:
“La tierra es un bien inmueble que no puede trasladarse fuera del país. Su titular, cualquiera sea su nacionalidad, está sujeto a la Constitución, a las leyes argentinas y a todos los controles vigentes. Las inversiones, el empleo y la actividad económica se desarrollan en el territorio nacional”, explicó Peirano. Desde AFoA advierten que asociar inversión extranjera privada con pérdida de soberanía no refleja el funcionamiento real del sistema jurídico argentino.
