El Ministerio de Ecología de Misiones decidió poner orden en los papeles y lanzó el Registro Provincial de Infractores Ambientales, una herramienta que busca centralizar toda esa información que hasta ahora andaba dispersa por diferentes escritorios.
Bajo la sigla RePIA, la provincia estrena un sistema unificado que no es otra cosa que una gran base de datos donde quedarán anotados todos aquellos que hayan cometido alguna falta contra la normativa vigente, desde un mal manejo del fuego hasta problemas con el uso de fitosanitarios o la conservación de suelos.
Según los fundamentos oficiales, la intención es optimizar la fiscalización y que no haya más baches de información a la hora de identificar a quienes reinciden en una infracción.
La gran novedad para el productor o la empresa que opera en tierra colorada es que estar en este registro no será simplemente una mancha en el legajo. La inscripción en el RePIA tiene efectos administrativos bastante concretos que pueden complicar el día a día del negocio, ya que mientras la sanción esté vigente, el infractor tendrá bloqueado el acceso a nuevos permisos ambientales, pero también a beneficios que hoy son clave, como los subsidios, las líneas de crédito y los incentivos fiscales vinculados al área.
Es, en la práctica, una suerte de muro burocrático que separa al sancionado de cualquier ayuda o autorización estatal hasta que logre regularizar su situación y cumplir con las medidas de remediación impuestas, similar al Registro de Deudores Alimentarios, a quienes se le prohíbe, entre otras cosas, ingresar a eventos masivos. En este caso, la pena es financiera.
Para que el sistema funcione, el gobierno misionero también sacó de la galera un nuevo documento obligatorio: el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales. A partir de ahora, cualquier persona que quiera iniciar un trámite ante el Ministerio de Ecología deberá presentar este certificado para demostrar que tiene la foja limpia. El papelito en cuestión tendrá una validez de apenas seis meses, lo que obliga a estar rindiendo examen de buena conducta ambiental de forma constante si se quiere mantener la operatividad.
En cuanto a los tiempos de permanencia en el listado, la normativa prevé que los infractores se queden allí por tres años una vez cumplida la sanción, plazo que se estira a cuatro años si el protagonista de la historia vuelve a meter la pata y cae en la reincidencia.
Aunque el registro promete ser implacable al cruzar datos de bosques nativos, fauna silvestre y recursos hídricos, el Ministerio se guardó una pequeña carta bajo la manga. La normativa establece que se podrán dictar excepciones a estas prohibiciones siempre que existan razones de interés público debidamente fundadas, un concepto que suele ser bastante elástico en la administración pública.
De esta manera, Misiones formaliza su sistema de premios y castigos ambientales, recordándole al sector productivo que, en adelante, tener las cuentas claras con el entorno será el único camino para no quedarse afuera del reparto de beneficios y autorizaciones oficiales.
