Nacira Muñoz, militante del peronismo cordobés, investigadora del INTA y ex vicepresidente de esa institución, envió estas líneas a Bichos de Campo con sus reflexiones frente al debate en el Senado de la Nación de dos leyes que al parecer dicen poco y nada para el sector agropecuario, pero tienen un trasfondo común: tienen chances de ser aprobadas en medio de negociaciones políticas que poco han discutido sobre su verdadero impacto en la vida de la producción nacional.
Para fomentar la riqueza de este necesario debate, entonces, va este texto escrito por Muñoz:
¿Qué tienen en común la Ley de Tierras y la Ley de Ecocidio?
En apariencia, poco.
Una busca modificar el régimen de propiedad y control de la tierra rural en Argentina. La otra pretende incorporar nuevas figuras penales vinculadas a las denominadas formas especiales de criminalidad ambiental, incluyendo el llamado “ecocidio”.
Sus fundamentos ideológicos parecen incluso provenir de tradiciones políticas diferentes. Una gira alrededor de la propiedad, la inversión y los recursos estratégicos. La otra alrededor de la protección ambiental y la ampliación de las responsabilidades penales frente a daños ecológicos.
Sin embargo, en los pasillos del Congreso ambas iniciativas comenzaron a aparecer vinculadas por una misma lógica: la construcción de acuerdos parlamentarios para conseguir los votos necesarios en el Senado.
Y es precisamente allí donde surge una pregunta que trasciende la coyuntura legislativa: ¿Qué ocurre cuando proyectos de enorme impacto sobre la producción nacional se convierten en piezas de negociación política? Porque más allá de sus diferencias, ambas propuestas terminan convergiendo sobre un mismo sujeto: quienes producen y particularmente quienes producen en el territorio.
Tras un título engañoso,de ley de inviobilidad de la propiedad privada,se esconde la posibilidad que cualquier empresa extranjera,pueda quedarse con tierras en lugares estratégicos sin ningún tipo de limitación.
Vienen por la Tierra y el agua.
Se trataría el 25/6 en el Senado pic.twitter.com/jVw976bbxT— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) June 21, 2026
Productores agropecuarios, cooperativas, empresas agroindustriales, desarrolladores de infraestructura, actividades forestales, cadenas agroalimentarias y economías regionales podrían verse alcanzados de manera directa o indirecta por los efectos combinados de estas iniciativas.
La discusión sobre la tierra no es una discusión abstracta. La tierra constituye el principal activo estratégico de gran parte de la producción argentina. Modificar las reglas sobre su adquisición, uso, control o disponibilidad implica alterar expectativas de inversión, planificación productiva y desarrollo territorial.
Del mismo modo, la discusión sobre nuevas figuras penales ambientales tampoco es una discusión abstracta. Cuando las definiciones jurídicas son amplias, ambiguas o importadas de experiencias regulatorias ajenas a la realidad productiva argentina, existe el riesgo de generar incertidumbre sobre actividades perfectamente legales que hoy sostienen empleo, exportaciones y desarrollo local.
Un proyecto de ley en danza que establece la figura de “Ecocidio” y prevé penas de hasta 10 años de prisión podría recaer en productores o ingenieros agrónomos que trabajan en nuestros campos y generan riqueza al país.
Muchas veces, por sobreactuar basándonos en prejuicios,…— Marcos Pereda (@MPeredaBorn) June 20, 2026
El problema no es proteger el ambiente. La Argentina necesita más protección ambiental, mejores controles y mayor responsabilidad sobre el uso de sus recursos naturales. Tampoco el problema es discutir quién puede adquirir tierras o bajo qué condiciones deben preservarse determinados activos estratégicos.
El verdadero problema aparece cuando ambas discusiones dejan de analizarse desde sus consecuencias concretas para transformarse en monedas de intercambio político. Porque en ese escenario la calidad legislativa suele deteriorarse.
Las evaluaciones técnicas quedan subordinadas a la necesidad de construir mayorías circunstanciales. Las advertencias de especialistas pierden relevancia frente a los acuerdos parlamentarios. Y las actividades productivas terminan enfrentando reglas cada vez más complejas, muchas veces diseñadas sin comprender plenamente cómo funcionan los sistemas productivos reales.
La paradoja es notable. Sectores que históricamente reivindican la defensa de la propiedad privada podrían terminar acompañando regulaciones que incrementan la intervención estatal sobre las decisiones productivas. Sectores que históricamente promueven la protección ambiental podrían terminar impulsando normas cuya aplicación práctica genere conflictos jurídicos permanentes sin mejorar efectivamente la conservación de los ecosistemas.
Mientras tanto, la producción queda atrapada en el medio.
Y cuando la producción queda atrapada en el medio, también quedan atrapados el empleo, las exportaciones, la inversión y las oportunidades de desarrollo de cientos de comunidades del interior argentino.
La Argentina necesita discutir seriamente la tierra, necesita discutir seriamente el ambiente, necesita discutir seriamente la sostenibilidad de sus modelos productivos. Pero ninguna de esas discusiones se fortalece cuando son abordadas como piezas de negociación legislativa. Porque la tierra, el ambiente y la producción constituyen algunos de los pilares más importantes sobre los que se construirá el futuro del país.
Y el futuro de la Argentina merece algo más que un intercambio de votos.
