Cuando en marzo de este año el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó el proyecto de “Ley de Protección de Suelos bajo Riego y Drenaje”, el sector frutícola abrió grande los ojos. Y es que aquella iniciativa, que busca frenar el avance de loteos y proyectos urbanísticos sobre las chacras irrigadas de los valles del Neuquén y el Limay, resolvería una de las principales demandas de los productores. Recientemente se conoció que la misma podría avanzar en la legislatura pasado el receso de mitad de año.
El creciente loteo de chacras responde a una ecuación que fue quedando torcida en contra de la producción frutícola, actividad golpeada por márgenes cada vez más finos. Esto se debe, principalmente, a costos en dólares (insumos, energía para riego, defensa contra heladas y granizo), precios internacionales deprimidos, y una carga impositiva y logística que castiga especialmente al productor chico. En ese contexto, la tierra vale mucho más loteada que cultivada: frente a una hectárea que rinde poco y con años malos encadenados, la venta para desarrollo inmobiliario aparece como una salida de liquidez casi imposible de rechazar.
Sobre todo cuando delante de esa operación aparece la billetera del potente sector petrolero.
Como si eso fuera poco, la presión del negocio en Vaca Muerta disparó la demanda de suelo urbano y de servicios en toda la Confluencia y elevó el precio de la tierra. Pero el problema es que el proceso es casi irreversible: una vez que una chacra se subdivide y se desarma la infraestructura de riego y drenaje, volver a producir allí es por demás complejo, o incluso imposible.
Por eso la propuesta de Figueroa suscita atención. Según el gobierno local, lo que se busca es compatibilizar el crecimiento urbano y el desarrollo de nuevas actividades, con la preservación de las tierras productivas y la infraestructura de riego y drenaje existente.
Es concreto, se apunta a proteger, conservar y recuperar las tierras productivas, al considerarlas un recurso estratégico para el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y el crecimiento sostenible de Neuquén.
Para esto se establecerá un sistema de zonificación, que tendrá distintos niveles de protección y restricciones a los usos incompatibles dentro de las áreas especialmente protegidas, como puede ser actividades urbanísticas, industriales, turísticas o de servicios. Además, establece un estándar mínimo de protección para toda la provincia.
También se adelantó que el proyecto incluye la creación de un Consejo Provincial para la Protección de Suelos Irrigados; de un Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados; incentivos fiscales y acceso prioritario a financiamiento para productores en zonas protegidas; y multas por incumplimiento.
Lo que se conoció en estos días, a través de la diputada Gisselle Stillger -miembro de la comisión de Producción, Industria y Comercio-, es que el proyecto de Figueroa todavía se encuentra en comisión sin dictamen, pero que el mismo podría discutirse luego del receso legislativo. Es por eso que, en busca sellar un consenso previo a ese tratamiento, el gobierno de Neuquén la semana pasada a representantes del sector frutícola.
Al encuentro asistieron miembros de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre, la Cámara de Productores de San Patricio del Chañar, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, el Consorcio de Riego y Drenaje de Centenario y Vista Alegre, el Centro PyME-ADENEU, el IADEP y diversos equipos técnicos y legales del Ministerio.
Según trascendió, los presentes coincidieron en la necesidad de que la ley establezca un marco de referencia claro para municipios y comisiones de fomento. Este marco debe incluir criterios comunes de ordenamiento territorial, zonificación, control y cumplimiento efectivo.
Los productores remarcaron la importancia de definir áreas disponibles para el crecimiento urbano y orientar las actividades industriales y de servicios hacia zonas planificadas y parques industriales.
Qué será una chaca? Habrán querido decir chacra?