Llega el verano y la política recaudatoria del gobierno de Javier Milei instrumentó una serie de medidas que –de carambola– van camino a morigerar los costos de producción de la cerveza en el mercado argentino.
Con la anunciada intención de subir los derechos de exportación del 12% al 15% los valores de la cebada forrajera parecen haber encontrado un “techo” –considerando la referencia Bahía Blanca– de 180 u$s/tonelada.
En lo que respecta a los precios recientes negociados por cebada cervecera –según registros de la plataforma Sio Granos– la situación es más heterogénea por la gran dispersión de diferentes calidades que se están recolectando en las principales regiones productivas, donde aparecen muchas partidas con calibres y tenores proteicos que no califican para uso en maltería.
Esa realidad se presenta con una demanda externa que está mostrando un temprano interés en originar mercadería: los embarques programados de cebada, según datos de la agencia marítima Nabsa, suman 335.310 toneladas con despacho entre fines de diciembre y comienzos de enero próximo, de los cuales el 73% tienen como destino China y el 27% restante Brasil.
El precio FOB oficial de la cebada cervecera permanece hace meses en un 300 u$s/tonelada, una valor desproporcionado respecto de la forrajera, lo que implica que en los hechos representa una suerte de “barrera” comercial para incentivar la industrialización interna del cereal.
El problema es que ese incentivo se encuentra “dinamitado” por la suba de derechos de exportación, que en el caso de la malta pasaría del actual 9% a un 15% para hacer económicamente inviables los embarques de ese producto destinados a Brasil (lo que constituye una gran noticias para las malterías uruguayas que se dedican a la exportación).
Desde el pasado 14 de diciembre Boortmalt Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes (del grupo belga Anheuser-Busch InBev) y Maltería Pampa (de la brasileña Ambev) declararon embarques por más de 90.000 toneladas de malta con el propósito de “fijar” la alícuota del impuesto en un 12% a costa de tener que abonar, en el caso de los DJVE-360, el impuesto por adelantado.
Sin embargo, si el aumento del impuesto finalmente llega a concretarse, en algún momento ese “colchón” de operaciones registradas con anticipación se agotará y las empresas exportadores de malta quedarán fuera de mercado.
En tal escenario, cabría esperar que, ante la necesidad de mantener una operación industrial mínima en función de la capacidad instalada de las malterías, se genere una sobreoferta de malta en el mercado interno que contribuya a “planchar” los precios mayoristas de la cerveza.
Argentina hace años que viene implementando políticas que, lejos de promover inversiones en el sector maltero, las desincentiva y eso ocasiona que las compañías del sector decidan instalarse o ampliar capacidad de procesamiento en otras naciones de la región.
Al fin se dieron cuenta que las retenciones sirven para bajar el precio interno. Cristina lo viene diciendo hace 20 años