El horno no está para bollos en Azul, donde anoche se reunieron en asamblea unas 400 personas, la mayoría de ellos productores agropecuarios, alertados por la decisión del nuevo intendente del partido, Nelson Sombra, de crear una nueva tasa o tributo equivalente a 1 litro de gasoil por mes y por hectárea. Como en el partido hay unas 640.000 hectáreas y el gasoil vale ahora unos 330 pesos por litro, estamos hablando de una recaudación potencial de 2.500 millones de pesos al año, que además no implicarían ninguna contraprestación especial a los contribuyentes, unos 1.200 productores del partido.
En la asamblea, convocada por las entidades rurales de forma curiosamente homogénea, el rechazo a la avanzada del intendente fue unánime. Allí se decidieron como manera de protesta una movilziación este viernes al mediodía frente a la municipalidad de Azul, y otra marcha el martes 21 de noviembre cuando sesione el concejo deliberante para analizar la propuesta del intendente.
Según la Sociedad Rural de Azul, la nueva imposición captaría entre el 20 y el 40% de la renta del productor, de acuerdo a su nivel de producción. Entre los cultivos más importantes de la zona hay trigo con casi 80.000 hectáreas y soja con casi 70.000 hectáreas. Conviven con una actividad ganadera que es predominante en esta región del centro bonaerense.
Hubo, después de la asamblea, un comunicado de la Mesa de Enlace provincial. “Manifestamos nuestra oposición a este tipo de atropellos en contra del sector agropecuario y del partido de Azul en general, que luego de sufrir una de las peores sequías de la historia, ahora es castigado con más impuestos”, se quejaron las cuatro entidades: Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y Carbap, la representación de CRA.
“La intención de las Autoridades Municipales demuestra que estas iniciativas aumentan la presión fiscal y al mismo tiempo crean una nueva tasa por servicios esenciales cobrada en función del litro de gasoil. Creemos que la intención de cambio de valuación en realidad busca utilizar lo recaudado por la tasa para financiar gastos generales. No podemos seguir siendo la variable de ajuste de la política, necesitamos previsibilidad y reglas claras para poder producir”, dijeron los dirigentes rurales.
Un análisis elaborado por los economistas de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en tanto, explicó que en un contexto de alta presión tributaria la normativa enviada al Concejo Deliberante de Azul propone:
- Aumentar en términos reales la tasa vial: el proyecto propone un aumento real de la tasa vial, a partir de un cambio los criterios utilizaos para el cálculo del valor de la tasa.
- Una nueva tasa por servicios esenciales, con la que se busca establecer un verdadero impuesto para financiar gastos generales del municipio.
Para los especialistas, entonces, esta doble nelson “terminara instrumentando un mecanismo de transferencias de recursos dentro del partido y desvirtuando las características originales que definen a una tasa de servicios, ocultando en realidad la aplicación de un impuesto disfrazada de tasa”.
“Ambas situaciones planteadas anteriormente alteran el criterio y definición jurídica de tasa de servicio, puesto que el servicio que presta siempre está atado a su valor, y en este caso se obtiene en función de una hectárea, por tanto, el valor del servicio se fija por medio de esta unidad de medida. Por consiguiente, no corresponde que, por tener más hectáreas, la tasa efectiva por hectárea deba ser más alta y mucho menos que se segmente el valor de esta en función de criterios productivos”, razonan.
En el caso de la nueva tasa por servicios esenciales que se pretende instrumentar a partir de 2024, la SRA argumentó que “tendrá un impacto equivalente a más del doble de lo que hoy se aplica por el impuesto sobre los ingresos brutos que cobra la provincia de Buenos Aires en el partido de Azul”. Y reclamó porque “debe existir una relación lógica y justificable entre el tributo y los beneficios directos que recibirán los contribuyentes, y tal como está diseñada esta tasa, es muy dificultoso poder asociar en forma directa al beneficiaron efectivo del servicio esencial”.
No paguen.Si no tienen ninguna contraprestación,que nadie les de 1 peso.Es ilegal