Por Pablo Larcade, contador especializado en agro
En el campo, la gestión de la tesorería suele ser un arte de malabares. Con márgenes ajustados y tasas que no dan tregua, calzar las ventas de granos con los pagos de insumos, fletes y contratistas exige buscar cualquier grieta de eficiencia financiera para que el número final cierre.
Durante los últimos meses, sobre todo a partir de mayo, muchas pymes del sector le habían encontrado la vuelta a una herramienta ágil: operar cobros y pagos con cheques directamente desde las cuentas bursátiles (las ALYC). Ese circuito no solo agilizaba la rotación del capital de trabajo, sino que permitía eludir legalmente el goteo constante del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios.
Pero la ventana duró poco.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) puso punto final a esta práctica con la publicación de la Resolución General 1166. De ahora en adelante, todo peso o dólar que ingrese a una cuenta bursátil debe salir indefectiblemente de una cuenta bancaria a nombre del mismo titular. Sin escalas, sin triangulaciones y, fundamentalmente, sin cheques de terceros en el medio.
El verdadero motivo: tapar la caja fiscal.
Aunque la medida se presentó bajo el argumento de “reforzar la trazabilidad de los fondos”, en el ambiente contable y financiero nadie se engaña: la razón de fondo es puramente recaudatoria.
El impuesto al cheque venía mostrando caídas reales cercanas al 9% mensual. La masificación del canal bursátil como medio de pago alternativo le estaba abriendo un hueco importante a la recaudación nacional. Frente a la necesidad imperiosa del Gobierno de sostener el superávit a como diera lugar, la respuesta fue contundente: cerrar el atajo.
Lo contradictorio es que se ajusta la clavija sobre un tributo que nació en plena crisis de 2001 con carácter “emergente” por doce meses, y que hoy, un cuarto de siglo después, se consolidó como una de las cargas más distorsivas para la actividad productiva.
¿Qué cambia a partir de hoy en el galpón y en la oficina?
Para el productor o la empresa familiar que usaba la cuenta bursátil no sólo para cubrirse en dólar MEP o hacer rendir el dinero del fin de semana en un fondo común, sino como una caja transaccional, el golpe es directo al margen:
- El retorno del 1,2% en cascada: Al tener que bancarizar obligatoriamente la entrada y salida de fondos, las operaciones vuelven a quedar alcanzadas de lleno por el 0,6% al debitar y el 0,6% al acreditar. En volúmenes de cosecha o compra de insumos, esa fricción representa un monto muy significativo.
- Menos flexibilidad con los eCheqs: La posibilidad de endosar y mover eCheqs en la ALYC permitía acortar la cadena de cobro. Ahora, el cheque vuelve a requerir el paso por el mostrador bancario tradicional, perdiendo la agilidad que demandaba la coyuntura.
- Exigencia de titularidad estricta: Ya no hay margen para inconsistencias. Si el remitente del pago no coincide de forma exacta con la titularidad de la cuenta de destino en la sociedad de bolsa, la operación se rebota.
Un recálculo obligado
En definitiva, la RG 1166 no crea un impuesto nuevo, pero elimina la posibilidad de eludir uno viejo y pesado. En un ciclo donde el costo del dinero es alto y la liquidez vale oro, esta norma obliga a sentarse a la mesa con el equipo contable a recalcular los números de la tesorería.
El atajo se cerró. A partir de ahora, habrá que afinar el lápiz para estructurar los flujos de fondos asumiendo que el peaje bancario volvió a ser obligatorio en cada movimiento.
