La escena está planteada: la rebaja de retenciones que se anunció la semana pasada es temporal hasta el 30 de junio próximo y además está condicionada por una exigencia de que las agroexportadoras anticipen en 15 días el 95% de las divisas por cada operación que vayan a hacer. Tan novedoso es el mecanismo, que en el mercado agrícola todos desconfían de que finalmente la plata de esa mejora tributaria llegue a quien más lo necesita y finalmente es el dueño de los granos, que es el productor. Es lo que le plantearon a coro este mediodía al gobierno los dirigentes de la Mesa de Enlace.
“Llevamos elementos que necesitábamos saber, y se nos explicó. Una de las preocupaciones que teníamos es que (la rebaja) se traslade al productor, que no quede en el camino. No tenemos los números del mercado de hoy, pero aparentemente se está trasladando”, señaló el presidente de CRA, Carlos Castgnani, al salir de una reunión de trabajo pautada con el titular de la ARCA, Juan Pazo, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Estos funcionarios se mostraron airosos porque algún movimiento comenzó a haber en los precios. En todos momento, durante la reunión, volvían a mostrarlos.
Este encuentro se había planteado como “preparatorio” de otra audiencia que la Mesa de Enlace reclamó con el ministro de Economía, Luis Caputo, y que tiene fecha pautada para el próximo 6 de febrero. Allí se verá si efectivamente, como afirmaron los funcionarios de equipo económico
Con las pizarras de granos marcando unos 310.000 pesos por tonelada de soja (antes del anuncio estaba en 295.000 pesos pero teóricamente con la baja de retenciones del 33 al 26% podría llegar a subir hasta los 330.000 pesos), Pazo insistió en que el beneficio llegará al bolsillo del productor, porque eso es lo que le han pedido especialmente a las empresas nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales y la Industria Aceitera (Ciara-CEC), con quien se reunieron el viernes.
“Hasta el momento, y tras los anuncios realizados el jueves pasado, hemos observado un mercado más ágil y dinámico, esperando que el alivio fiscal lleguen al bolsillo de los productores. Desde el gobierno se mostraron optimistas en este aspecto”, señaló Eloisa Fredeking, la vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien reemplazo a Nicolás Pino en esta reunión. Ese dirigente, por su cercanía con el presidente Javier Milei, fue clave para convencer al gobierno de que había que anticipar la disminución de retenciones como manera de llevar alivio al sector. Peor no imaginó que el gobierno la plantearía como una medida temporal y repleta de condicionamientos financieros para los exportadores.
Por eso desde el vamos, en la reunión con Pazo, las entidades rurales marcaron la necesidad de que el gobierno anuncie que esta reducción de retenciones (de 33 a 26% en el caso del poroto de soja, y del 12 al 9,5% para los cereales) se mantenga más allá del 30 de junio próximo. Según fuentes oficiales, es lo que habría prometido el mismísimo Milei a Pino en una de sus charlas. Pero el equipo económico no puede decirlo: “No podemos comprometer el equilibrio fiscal”, respondía Pazo cada vez que un dirigente la planteó que con ese anuncio se vencerían los recelos de todos los productores.
Pazo y Caputo no pueden prometer eso porque, en el mientras tanto, están negociando con los agroexportadores (que representan la mitad de las divisas que ingresan a la Argentina) que les adelanten los dólares que necesitan para pasar sin sobresaltos el primer semestre del año, y llegar bien parados a las elecciones de medio término. Peor al mismo tiempo, esa “temporalidad” levanta sospechas entre los productores sobre que la medida está más pensada para recomponer las reservas del Banco Central que a para ayudarlos a ellos. Por eso nadie está apurando sus ventas, esperando a ver qué sucede con los precios. En el sector no solo se viene una buena producción de maíz y de soja, sino que quedan remanentes elevados de la campaña anterior, calculados en unas 13 millones de toneladas de la oleaginosa y cerca de 6 millones del grano forrajero.
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria, explicó con claridad que entre “los temas que nos preocupan uno es el plazo de vencimiento que tiene la rebaja, el 30 de junio”.
“De parte del gobierno son muy optimistas en que (la reducción de alícuotas) se va a ver reflejado en el precio y que el productor va a tener realmente ese beneficio”, concedió la dirigente, que de todos modos no se mostró ingenua y sabe que el costo financiero de anticipar las liquidaciones de divisas puede jugar en contra de los chacareros que representa: “Es como que va a ser un problema. De alguna manera, o lo va a tener que resolver el exportador. En el caso del productor tiene hasta el 30 de junio para comercializar su cosecha, podrá hacerlo anticipadamente, o podrá esperar a tenerla en el silo para comercializarla. Nos dieron la tranquilidad que el productor va a poder utilizar todo este tiempo para poder liquidarla. Esa fue la respuesta de la cuestión técnica de cómo va a funcionar”, indicó.
A su turno, el nuevo titular de Coninagro, Lucas Magnano, ratificó: “Yo creo que esas son cuestiones ajenas al productor. Básicamente lo que tenemos que esperar, bregar y estar atentos es que en la pizarra se refleje la baja de retenciones y que el productor pueda capturar ese mayor precio. Después de ahí en adelante ya es una cuestión ajena al productor. Me parece que ya corre por cuenta de lo que es la exportación, eso es otra cosa”.
Señores del gobierno: un poco de claridad en las resoluciones. Vivimos en incertidumbre por el clima, ustedes nos sumen en una confusión que nos paraliza.
Por favor no tomen medidas tan engañosas e inentendibles sobre los impuestos y la forma de liquidarlos.
Nos hacen recordar a los K