Entre ayer y hoy se realizó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires una nueva edición del Argentina Carbon Forum, una cita para analizar la marcha de los proyectos existentes en el país gases de efecto invernadero y crear un mercado voluntario de bonos, entre los países y sectores que contaminan y los que pueden remediarlo, capturando carbono de la atmósfera. Pero allí quedó expuesto otro frente de conflicto potencial entre la producción agropecuaria y los gobernantes de turno, que siempre se las ingenian para poder recaudar más y apoderarse de los negocios.
Las instalaciones de la Bolsa ase llenaron de gente interesada en el tema, y convocada por una certeza: pese a todas las demoras y contradicciones manifestadas por Argentina en torno a este asunto de los bonos de carbono, los proyectos avanzan y el mercado comienza a madurar. Mucho más en la región que aquí, en la Argentina, donde el discurso de los libertarios que gobiernan desprecian el problema del cambio climático y mucho más sus posibles soluciones.
De hecho, de entrada se puso el ejemplo de Chile, que con una ley sancionada en 2022 ya cuenta con inversiones desde Suiza por 8.400 millones de dólares para proyectos a realizarse en su territorio, según explicara Daniel Blum, de la Carbon Policy Analyst AlliedOffsets. Para el especialista, a esta altura además queda claro que países como Brasil son más seductores para los inversores que la Argentina.
A escala global, la demanda de bonos de carbono está avanzando fuerte y crece 1,3 billones de dólares por año. Según los expertos, la Argentina podría poner en marcha muchos más proyectos para capturar una inversión potencial de unos 4.000 millones de dólares por año. Los que deberían recibir ese dinero serían los productores y empresas que puedan demostrar que capturan carbono en sus establecimientos. Los que lo pondrían, empresas tecnológicas y de energía, sobre todo del Hemisferio Norte, a las cuales les es imposible llegar al objetivo del carbono cero.
Pero ese floreciente mercado, como casi todo lo que sucede en la Argentina, corre peligro de no prosperar a la velocidad necesaria. Y mucho tienen que ver sus erráticas políticas.
En este sentido, en el seminario de Buenos Aires muchos de los disertantes reclamaron al gobierno de Javier Milei por no haber presentado en los plazos establecidos la NDC 3.0 ante Naciones Unidas. Eso sucedió a fines del 2025, cuando venció la obligación de presentación para los países que se encuentran dentro del Acuerdo de París de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, que no son más que los compromisos climáticos actualizados que ofrece cumplir cada Nación.
La presencia del subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, en el encuentro generó una falsa expectativa de que hubiera una explicación por esta demora. Pero el funcionario evitó referirse al tema, pese a los reclamos surgidos desde legisladores de varias provincias, como la senadora por Misiones Sonia Rojas Decut, y la diputada por Jujuy, María Inés Zigarán.
Pero hay otro problema adicional a la negación del gobierno de Milei respecto del cambio climático: Como ven que ahora se podrían generar recursos a partir de estos planes de remediación ambiental, muchos políticos están comenzando a mirar con cariño la posible lluvia de dólares que podría llegar al país si estos proyectos prosperan, como parece sucederá más allá de Milei.
Los política han acuñado un término, “federalismo ambiental”, para comenzar a trazar sus planes de apoderarse de la posible renta que se genere. El concepto se basa en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que incluyo el artículo 124 que da el dominio originario a las Provincias de los recursos naturales. Bajo ese amparo se generaron las regalías petroleras y mineras, pero también se abarcó a la Flora y Fauna.
Ahora resulta que hay algunas provincias con potencial de captura de carbono que dicen que “el Dominio Originario les permitiría tener el derecho de ser las propietarias de los servicios eco sistémicos que generan los ambientes naturales”. Obviamente que esto choca contra el Derecho Real y el Domino sobre la tierra que tiene el propietario que está legitimado por el Título de Propiedad y los Registros de la Propiedad Inmueble de cada provincia.
Para entender el conflicto que está por surgir: Como manejan los recursos naturales las provincias con masa boscosa entregan autorizaciones o permisos para explotar la madera de los bosques. Ahora parece que el carbono que genera ese bosque podría “pasa a ser un bien del estado provincial, adjudicándose la posibilidad de comercializarlo”. {
“Es parecido a los derechos de exportación a la soja no?, comparó el delegado y responsable de la política ambiental de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna.
Invitado por los organizadores de Carbon Forum, el Ing. Andrés Costamagna, junto al equipo de sostenibilidad participaron, igual que miembros de la Mesa de Carbono y Manuel Frávega representando a la Unión Industrial Argentina.
La idea de los organizadores era que el campo y la industria dijeran como están viendo esto de los créditos de carbono, la competitividad sectorial, si esto es una amenaza o una oportunidad para esos sectores de la economía.
“Me sorprende que se aplauda en este recinto el avasallamiento de la propiedad privada en la Argentina, que se use un Articulo de la Constitución Nacional para violar a otro artículo de la misma Constitución Nacional, que la ambición desmedida de los gobernadores se ha plasmado ahora en dos proyectos de ley que han ingresado al Congreso durante el mes de mayo, cuando el proyecto de la Mesa de Carbono Argentino no fue tenido en cuenta”, arrancó el dirigente rural su discurso.
En el que enfatizó: “Quiero dejar muy en claro, los créditos de carbono son del propietario de la tierra o del desarrollador del proyecto de carbono, no son propiedad de la provincia como tampoco lo son los recursos naturales, por lo tanto los servicios ecosistémicos que generan sólo pueden ser comercializados por su titular natural”.
Costamagna se refería a que el 14 de mayo la senadora Sonia Rojas Decut presentó un proyecto de ley para regular el mercado voluntario de carbono, lo mismo hizo la senadora salteña Flavia Royón.
En este sentido, el gobierno nacional parece querer jugar a favos de los productores, pues el subsecretario de Ambiente de la Nación que en Argentina los recursos naturales no son bienes comunes sino privados, y que es necesario poder avanzar con una ley de bosques que permita lograr un desarrollo articulado de la Argentina.
La Mesa Argentina de Carbono, donde está integrado todo el ecosistema del carbono en Argentina, junto a la Asociación Forestal Argentina y la Sociedad Rural Argentina, vienen advirtiendo que las iniciativas subnacionales o de las provincias #ponen en tensión a las inversiones” con estos intentos de apropiación de una posible renta que no les correspondería. Insisten los privados que el derecho real de propiedad debe ser el que primer en estos casos.
La amenaza más palpable de que las provincias se apoderen de esos recursos potenciales generador por el mercado de carbono, desde la mirada de la Mesa de Carbono, está sucediendo en Misiones, un territorio con gran potencial de captura. Según el plan del gobierno local, Misiones se quedará con el 60% de los ingresos, distribuirá un 15% adicional entre pueblos originarios e intendentes, para luego darle al dueño de la tierra entre el 15 y 25% del monto que ingrese por la conservación que hace el productor local obligado por la ley de Bosques y las Leyes de Misiones. Lo peor es que la principal calificadora y certificadora de esas capturas de carbono, la firma internacional Verra, habría dado su aval a dicho programa.
Para los privados, es una gran paradoja lo aprobado por Verrsa, porque si esto avanza un productor propietario de su tierra limitado por la Ley de Bosques y obligado a conservarlo sin tener ingresos por ello, solo recibirá un reconocimiento del 15% de los créditos de carbono que se han generado, siempre y cuando sorteen un mecanismo burocrático complejo creado por el gobierno de Misiones.
“Desde la Sociedad Rural Argentina hemos apoyado el proyecto de la Mesa de Carbono Argentino que pone claridad sobre la propiedad, el tipo de producto, sacando a la Argentina de ser un país no elegible por los inversores. Estamos hablando de un negocio nuevo para la Argentina que puede llegar a los 4000 millones de dólares anuales”, remató Costamagna.
Para saber de cuánto dinero estamos hablando, se estima que los planes de captura de carbono a través de la conservación de ambientes naturales aportan valores de entre 4 y 8 dólares por tonelada, en tanto los de manejo de bosques o adecuación de manejo de bosques se ubican entre 12 y 20 dólares por tonelada. Pero los de mayor valoración por el mercado son los planes que tienen que ver con seguridad alimentario, la agricultura y ganadería regenerativas, que cotizan entre 18 y 35 dólares por tonelada.
No puede caberle dudas a nadie: quien pierde el uso de su propiedad para preservar el monte? El dueño. De quien es el bono? Del dueño.