Comenzó la cuenta regresiva para el ministro Luis Caputo. La semana pasada, urgido por divisas, lanzó una rebaja temporaria de retenciones diseñada para recomponer las reservas internacionales del Banco Central (BCRA).
Se trató de una jugada política astuta porque, con una sola acción, logra cubrir dos frentes: atender un reclamo urgente del agro y solucionar un problema cambiario.
El único problema es que el anuncio lo hizo sin consultar a profesionales y empresarios del ámbito de los agronegocios, quienes, en función de su experiencia, habrían indicado la metodología más adecuada para alcanzar la meta buscada.
Los integrantes de los equipos económicos del kirchnerismo y del macrismo recurrieron siempre a los dólares del agro cuando estuvieron en problemas. En todos los casos, buscaron asesoramiento adecuado antes de lanzarse con alguna medida.
Caputo, junto a muchos de sus colaboradores, tienen un defecto evidente: la soberbia; creen que el hecho de haber triunfado en el ámbito financiero los habilita para gestionar cualquier otro rubro.
Sucede que, si bien todas las actividades productivas están gobernadas por el factor financiero desde la década del ’70 hasta el presente, no todas las actividades pueden ser gestionadas con lógica financiera. La denominada “economía real” (¿acaso la otra es “irreal”?) tiene reglas sagradas que no pueden violarse a menos que se esté dispuesto a afrontar las consecuencias.
Este lunes casi no se registraron Declaraciones Juradas Externas de Ventas (DJVE) de productos agroindustriales y la liquidación de agrodivisas se derrumbó. Si eso sigue así durante varios días más, el ingreso de dólares a la economía se va a resentir y mucho.
Por eso es crucial apurar los tantos. Luego del decreto publicado en la mañana de este lunes, salió por la tarde la normativa reglamentaria de ARCA y del BCRA, aunque aún falta una aclaración sobre cómo operará el esquema del “dólar exportador” con el nuevo régimen.
La cuestión es que, como el origen del nuevo régimen se sustenta en una necesidad de orden financiero y cambiario, no se tuvieron en cuenta los “daños colaterales” que el mismo podría ocasionar en el mercado agrícola argentino.
El hecho de condicionar el acceso a menores alícuotas de derechos de exportación al adelantamiento del ingreso de divisas representa una intervención directa en el mercado porque concede una ventaja competitiva a las compañías agroexportadoras que puedan disponer de grandes flujos propios de divisas o créditos más accesibles. Por otra parte, poner una “fecha de vencimiento” al beneficio también complejiza la operatoria.
Algo similar sucedió con el “Programa de Incremento Exportador”, más conocido como “dólar soja”, que consistió en una devaluación sectorial por tiempo limitado. Pero mientras que en ese régimen el beneficio era directo (más pesos en el bolsillo por cada dólar ingresado), con el nuevo esquema en camino el mismo es indirecto y más complejo de gestionar (una reducción impositiva que luego será necesario calibrar con los plazos y la dinámica comercial de cada operación realizada).
Tal como está diseñado el mecanismo, es probable que las compañías trasnacionales con mayor capacidad financiera aprovechen la coyuntura artificial creada por el gobierno para incrementar su participación en el mercado de originación de granos. Es decir: podría llegar a promover un proceso de concentración.
La clave, por lo tanto –tal como se indicó en su momento con la aparición del “dólar soja”–, no reside en seguir inventando “engrendros” que luego provocan perjuicios innecesarios, sino simplemente en aplicar una reducción de alícuotas para dejar que el mercado se ordene por su propia cuenta.
Un anuncio de rebaja concreta de retenciones realizado por Caputo en el marco de un acto público realizado con los representantes del sector productivo habría, por sí solo, generado un aluvión de ventas de granos que, más pronto que tarde, se traduciría en una notable recomposición de las reservas internacionales del BCRA.
La medida anunciada se trata, por cierto, de un alivio para las empresas agrícolas, aunque la misma, tal como se está instrumentado, provocará una serie de “externalidades” completamente evitables si consistiese en una simple, directa y fácilmente entendible reducción tributaria.
