“La Provincia de Buenos Aires y sus municipios no pueden quedar reducidos a meros espectadores frente a procesos de enajenación de bienes públicos nacionales”, señala entre sus fundamentos el proyecto de ley presentado en las últimas horas por el ex intendente de Daireaux y ahora diputado bonaerense Alejandro Acerbo.
Se trata de una iniciativa que surge en respuesta a los múltiples movimientos del gobierno nacional para, a través de su Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) desprenderse de inmuebles en todo el país. Particularmente, se enfoca en los del territorio bonaerense, entre los que se encuentran los del INTA.
En concreto, el proyecto reconoce la potestad del Estado Nacional de desprenderse de activos propios, incluso cuando se invocan razones de eficiencia fiscal, reducción de costos de mantenimiento y generación de ingresos para sus arcas.
Sin embargo, señala que “ello no habilita a desconocer que numerosos bienes involucrados poseen funciones estratégicas vinculadas al interés público, la investigación científica, el hábitat, el ambiente, la memoria histórica, el desarrollo territorial o el equipamiento comunitario”. Venderlos para fundar allí proyectos inmobiliarios o empresariales es, justamente, desconocer esas funciones.
Por tal motivo, Acerbo recalcó que resulta necesario “evitar que operaciones de venta masiva de bienes públicos nacionales generen vacíos regulatorios o intentos de consolidar emprendimientos privados al margen de la planificación urbana local, especialmente en contextos de fuerte presión inmobiliaria sobre áreas estratégicas”.
En la provincia de Buenos Aires, la planificación urbana y territorial es una competencia primaria de los municipios, amparada por el decreto 8912/77, la Ley 14.449 y la normativa ambiental y urbanística complementaria.
Bajo ese paraguas, el proyecto presentado por el legislador bonaerense procura preservar las potestades regulatorias locales y sin interferir en las facultades del Estado Nacional, evitar que estas ventas masivas “generen vacíos regulatorios o intentos de consolidar emprendimientos privados al margen de la planificación urbana local”.
En otras palabras, establece que la venta de tierras o inmuebles no puede habilitar la instalación de proyectos que vayan en contra del código urbanístico local. Es una forma de apelar a esa competencia municipal para frenar proyectos de enajenación a gran escala.
Entre los movimientos más importantes de la gestión de Javier Milei, se destacan el decreto 950/2024, mediante el cual se dispuso la venta del edificio de calle Cerviño del INTA, y el decreto 322/2026, que autorizó la venta o transferencia de 21 inmuebles estatales, de los cuales 11 están ubicados en la provincia de Buenos Aires.
Además, es de recordar que, tras disponer el cierre de la estación experimental INTA AMBA en febrero de este año, pocos días después el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, autorizó la venta de extensiones de esa misma dependencia, un predio de 33 hectáreas entre Ituzaingó y Hurlingham.
Aquel movimiento –por ahora frenado por una acción de amparo en la Justicia– confirmó los planes que tiene el actual gobierno para con muchos de los activos del instituto, generalmente codiciados por privados para proyectos inmobiliarios o productivos.
De hecho, desde el propio gobierno provincial habían elevado un pedido formal a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que, si al gobierno le preocupan los costos operativos, esas tierras pasen a manos bonaerenses y pueda continuarse con las tareas de investigación allí realizadas. Pero, desde ya, no obtuvieron respuesta.
“Nos encontramos ante un inventario dinámico y en expansión de bienes públicos nacionales sometidos a procesos de disposición patrimonial, muchos de ellos localizados en áreas urbanas, o rurales de significativo impacto territorial, productivo y comunitario”, advirtió Acerbo, que por eso llama a los municipios a no quedarse de brazos cruzados cuando se trata de intervenciones dentro de sus distritos.
