¿Y qué dijo Adorni sobre… el INTA? Negó que el ajuste desmantele sus capacidades y esquivó señalamientos con el argumento de cuidar el “bolsillo de los productores”

En el extenso informe anual de gestión que presentó hoy el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante el Congreso, hay varias menciones respecto a las medidas de ajuste presupuestario y la acefalía de personal en organismos descentralizados. Eso atañe, específicamente, a la situación del INTA, al que alude en respuesta a los interrogantes planteados por los legisladores.

Horas luego de conocerse el plan de retiros voluntarios activado dentro del instituto -que esperará alcanzar a unos 950 puestos de trabajo-, el gobierno nacional fue cuestionado por el reciente cierre de experimentales, la pérdida de cuadros técnicos que migran al sector privado y la “retirada” del organismo de sectores estratégicos.

Sin concesiones, el informe del jefe de Gabinete respaldó el plan de ajuste llevado adelante en el organismo y habló de “modernización”. Curiosamente, sí fue hábil desligándose de las decisiones más discutidas, aludiendo que eso corresponde al Consejo Directivo que lo gobierna y que, por supuesto, sufrió cambios importantes en sus sillas para alinearse con los propósitos de Casa Rosada.

“Esta gestión no está desmantelando ninguna capacidad, sino que enfocó recursos en aquellas áreas tecnológicas más cercanas y jerarquizó la influencia del sector privado en nuestras decisiones de inversión de ciencia y tecnología”, expresó Adorni, que desmiente que los recortes de recursos y personal en el INTA sean una forma de retirada del Estado de áreas de investigación estratégicas.

Ni siquiera, señala el ministro de ministros, en lo que respecta al cierre de agencias de extensión.

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Es de recordar que durante la última reunión del Consejo Directivo, se aprobó una nueva avanzada para el plan que espera alcanzar las 48 dependencias suprimidas y que, en los hechos, implica la retirada territorial del instituto en muchas localidades.

Distinta es la lectura del gobierno nacional, que considera innecesario -o, al menos, no prioritario- ese contacto directo entre el sistema científico y los productores.

“Se canalizaron los recursos del INTA a trabajar para estar en el bolsillo de los productores y no en una oficina perdida de un pueblo a donde ya nadie se acerca a hacer consultas técnicas”, agregó Adorni, quien además aseguro que, del mismo que ya se avanzó con ciertas dependencias, no se descarta continuar rematando aquellos “bienes considerados innecesarios, ociosos, subutilizados o sin afectación específica”.

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La pregunta obligada es si el gobierno evaluó algún tipo de daño -aunque sea “colateral”, brindándoles el beneficio de la duda- producto de ese retiro territorial.

“Estos activos no pueden ser analizados bajo una lógica meramente inmobiliaria, ya que su liquidación implica la pérdida irreversible de capacidades de investigación aplicada que países competidores están, por el contrario, fortaleciendo”, fue uno de los señalamientos centrales que le hicieron al jefe de Gabinete.

Éste, por su parte, justificó que todas y cada una de esas operatorias fueron decisión del Consejo Directivo -hoy alineado mayoritariamente con el plan oficial-, pero ratificó ese rumbo: “Es hora de pensar en nuevas formas de trabajo y vinculación con los productores, más directa, más dinámica, en la idea de que el conocimiento no debe stockearse en edificios, agencias o estaciones sino llegar a los bolsillos de los productores”.

Se repite en ese caso la alusión economicista. Ante una pregunta por el impacto científico-técnico, el gobierno habla del “bolsillo de los productores”.

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Particularmente, la extensa lista de preguntas vertida por los legisladores también incluyó señalamientos por la supresión de instancias dedicadas específicamente a la agricultura familiar y los pequeños y medianos productores. En esa línea se incluyó el polémico cierre de la estación experimental AMBA, que contaba con un fuerte anclaje en el cinturón hortícola bonaerense.

“Lejos de pretender destruir el sistema de ciencia y técnica para el sector de la agricultura familiar, lo que se pretende es jerarquizar el trabajo con esos productores”, respondió el vocero del gobierno. Y agregó que “aquellas actividades que tengan que ver con asistencialismo no serán llevadas a cabo por organismos de ciencia y técnica”, una afirmación peyorativa sobre el trabajo que allí se realizaba

“Tenemos que entender que la mejor genética, la fertilización adecuada, el control de plagas no diferencian entre agricultores con familia o solteros; que las mejores tecnologías lo son para los grandes, pequeños y medianos, que no importa la etnia del productor”, expresó.

En el gobierno nacional esperan que 950 empleados del INTA, el 20% del total, acepten un retiro voluntario que costará 101.700 millones de pesos

En su informe, en base a datos del propio organismo, el gobierno aclara que entre 2025 y 2026 se acumularon 563 bajas en el INTA, entre jubilaciones, renuncias, finalización de contratos, y despidos.

Tal como lo describen varios de los casos repasados Bichos de Campo, muchos de los cuadros técnicos que pierde el instituto terminan trasladándose a firmas privadas. “Este fenómeno no debe ser leído sólo como una pérdida de personal, sino como un quebranto patrimonial directo para el Estado, que asume el costo total de formación para que luego el sector privado absorba ese activo estratégico a costo cero”, apuntaron desde la oposición, y preguntaron al gobierno cómo evitará que continúe esa pérdida de capital humano valioso.

Al respecto, el jefe de Gabinete aseguró que “más de la mitad” del personal que se fue del organismo fue por jubilación y minimizó el impacto de ese proceso: “A lo largo de la historia del Instituto, permanentemente hubo recursos humanos que fluyen hacia el sector privado, no solo a empresas agroindustriales sino también PyMes”, justificó.