En la edición 145 del informe presentado por el Jefe de Gabinete a los legisladores de la Cámara Baja, varias preguntas estuvieron dirigidas a las modificación que atañen al trabajo y organización del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en particular a la reducción de personal que se dio en aquella cartera desde el inicio de esta gestión.
Al respecto, el informe detalló que entre diciembre de 2023 y marzo de este año se registraron 894 bajas, entre las que hubo motivos variados como la adopción a un beneficio previsional (la mayor cantidad de casos), la renuncia de planta permanente o transitoria, fallecimiento, cesantía o no renovación de contratos.
A continuación, se aclaró que si bien “no se ha dispuesto un plan específico y autónomo de reducción de personal para el organismo”, sí se llevan adelante “procesos de ordenamiento y optimización de la estructura organizativa, orientados a la racionalización del gasto público”.
En esta línea, una siguiente consulta apuntó al presupuesto de esta cartera, a lo que el gobierno afirmó que al momento “no se registraron reducciones o restricciones operativas que afecten programas de control sanitario, vigilancia epidemiológica, inspección agroalimentaria, certificación sanitaria de exportaciones, funcionamiento de laboratorios o mantenimiento de estructura territorial, la continuidad de los programas de fiscalización y control sanitario”.
Luego, respecto a la continuidad de los programas de fiscalización sanitarios, desde Senasa dieron cuenta de que “los mismos se encuentran en permanente actualización, en función del carácter dinámico de las plagas y los riesgos asociados”. Aún así, reconocieron que el foco actual está puesto en la simplificación de procesos, por lo que “las eventuales modificaciones, reformulaciones o readecuaciones responden a criterios técnicos orientados a fortalecer la eficacia, oportunidad y cobertura de la vigilancia”.
Desde la Dirección Nacional Sanidad Animal aclararon en concreto que no se ha reducido o discontinuado ningún plan de vigilancia o control.
Más adelante en el informe, otra de las consultas apuntó a uno de los temas que más debate suscitó en el último tiempo: las modificaciones en el protocolo de vacunación contra la fiebre aftosa, en particular al respecto de los entes sanitarios.
Sobre esto, el informe indicó que la Resolución 201/26 no introduce un cambio en la estrategia sanitaria vigente, sino que optimiza el modelo operativo de implementación de la vacunación. En este sentido, caracterizó al contexto epidemiológico actual como uno de “alta cobertura vacunal, ausencia de circulación viral, sistemas de vigilancia epidemiológica consolidados, y disponibilidad de herramientas de registro y monitoreo”.
Respecto a la posibilidad de contratar veterinarios privados, desde el gobierno indicaron que aquello ya se encontraba contemplado en una normativa anterior, por lo que la decisión actual solo profundiza el esquema al incorporar “un sistema de acreditación única y estandarizada”. Esto, afirmaron, permite “reducir la intermediación operativa, incrementar la trazabilidad individual y fortalecer la responsabilidad técnica directa”.
“El esquema propuesto no implica una reducción de los controles, sino su modernización y fortalecimiento, mediante herramientas que permiten al Senasa ejercer una supervisión más eficiente, continua y basada en evidencia a lo largo de todo el proceso sanitario”, aseguró el informe.
