Para esto sí parece moverse rápido el juez federal Ariel Lijo, que es famoso por “dormir” decenas de otras causas en los tribunales de Comodoro Py, cuando comprometen a los poderosos de turno. En el caso de Bichos de Campo, tuvimos la mejor prueba de esa actitud en las denuncias por el uso de fondos públicos para vender un falso bioherbicida en Misiones, elaborado por una empresa vinculada al hijo del ex gobernador Carlos Rovira. En ese caso Lijo dictó la falta de mérito sin siquiera investigar el caso.
Pero ahora Lijo, según denunciaron los integrantes del Movimiento Nacional Campesino Indígena-CLOC Vía Campesina (MNCI), el juez federal ordenó un operativo muy veloz para detener a un sujeto que presuntamente había “amenazado” en las redes sociales a la senadora y ex ministra libertaria Patricia Bullrich. Se trata de un trabajador rural jujeño llamado Franco Matías Javier Oscari, para quienes esta agrupación campesina reclamó la inmediata liberación.
Los hechos denunciados ocurrieron durante la madrugada del 23 de junio de 2026 en el Paraje Las Goteras, Departamento de Santa Bárbara en Jujuy. Según informó la organización, el procedimiento comenzó aproximadamente a las 5 de la mañana, antes del amanecer, mediante un importante operativo desplegado en el lugar donde Oscari vive y trabaja junto a su familia.
El comunicado de la organización campesina detalló: “La detención se produjo en el marco de una causa por presuntas amenazas, pese a que Franco Oscari posee arraigo familiar, territorial y laboral en la zona, y desarrolla actividades campesinas que constituyen el sustento de su grupo familiar”. La explicación no es clara, porque su condición de campesino no lo exculpa de mandarse alguna macana. Pero en todo caso la reacción judicial parece desmedida en comparación con tantos otros casos.
El MNCI criticó en un comunicado la intervención de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires en un hecho de jurisdicción local. “Genera una profunda preocupación que una medida de semejante gravedad haya sido dispuesta desde un juzgado federal, a cargo del Juez Lijo, y ejecutada mediante un operativo de la Policía Federal Argentina sobre un trabajador campesino radicado en una zona rural del Departamento Santa Bárbara, a más de mil kilómetros de distancia del tribunal interviniente”, expresó la entidad campesina.
El MNCI enmarcó este episodio dentro de una disputa sobre la propiedad de las tierras de larga data en la región. “No podemos dejar de señalar que este hecho ocurre en un contexto de larga conflictividad territorial que atraviesa la familia Zenteno Palma y otras familias campesinas de Las Goteras, quienes desde hace años sostienen reclamos vinculados a la permanencia en sus territorios, el acceso a la tierra y la defensa de sus medios de vida”, advirtieron los dirigentes sectoriales.
El movimiento reclamó la inmediata intervención de los organismos correspondientes para velar por los derechos del trabajador. “Exigimos que se garantice plenamente el debido proceso, el derecho de defensa y la libertad personal de Franco Matías Javier Oscari, y que la Justicia actúe con absoluta imparcialidad frente a los hechos acontecidos”, manifestaron, concluyendo que “cuando un conflicto territorial se judicializa y la respuesta es una detención antes del amanecer, la preocupación ya no es solamente jurídica: es también democrática”.
