Para recuperar la confianza de los vecinos, Casafe pide una nueva ley de agroquímicos que incluya la figura de un veedor que controle y hasta pueda suspender las aplicaciones

En el sector agropecuario existe desde hace años un reclamo por la falta de una normativa nacional que establezca reglas generales para las aplicaciones de fitosanitarios, especialmente en aquellas zonas donde el campo se encuentra cara a cara con las ciudades. Pero aunque finalmente el Congreso actualice esa normativa, hay otro problema que ninguna ley resuelve por sí sola: la desconfianza que todavía existe entre una parte de la sociedad y quienes producen y deben aplicar ese tipo de insumos.

Federico Landgraf, director ejecutivo de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que agrupa justamente a las grandes y pequeñas empresas productoras de agroquímicos, admite que esa confianza no puede ignorarse desde la agenda sectorial.

“Nosotros decimos que la confianza se construye. No estamos diciendo ‘somos confiables y tienen que confiar ciegamente en nosotros’. Necesitamos un proyecto de ley, necesitamos una regulación, porque estamos en una industria que tiene que ser regulada y estamos en un sistema que tiene que tener una regulación en las aplicaciones”, explicó durante una entrevista con Bichos de Campo, luego de una jornada realizada en la reciente Rural de Palermo.

Mirá la entrevista:

En ese sentido, Casafe acompaña la búsqueda de una normativa nacional que establezca un marco general sobre el cual luego puedan trabajar las provincias y los municipios, donde la disparidad de criterios es sorprendente, sobre todo cuando se habla de lass aplicaciones periurbanas.

Allí aparece la curiosa figura que los propios fabricantes pretenden incorporar en la legislación: la del veedor.

-¿Qué sería un veedor?

-Un profesional que, en el momento de la aplicación en una zona periurbana, se acerca y audita la aplicación. Tiene la capacidad de pararla si cambia el viento, si la dirección del viento no es la adecuada, puede cambiar la regulación (de las máquinas) o bien suspenderla por completo- explicó Landgraf.

La idea es que esa persona no dependa del productor ni del aplicador sino que, idealmente, sea designada por el propio municipio. Según el directivo, esa figura ya funciona en distintas localidades. “Tiene que tener las capacidades del control y de la sanción. La sanción en ese momento es frenar la aplicación y después podrá haber o no un proceso judicial”, indicó.

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Para Landgraf, el foco debería ponerse precisamente en las zonas periurbanas, donde la producción agropecuaria se encuentra con vecinos que muchas veces miran con preocupación las pulverizaciones. La mayoría de los casos que llegan a la justicia por este tipo de conflictos, además, son paralizantes pues prima lo que la justicia conoce como “principio precautorio”. Por si acaso, los jueces le dan la razón a los vecinos, contrariando al productor. 

“Cientos de miles de aplicaciones se hacen habitualmente y se hacen de manera correcta. Pero en el periurbano tenemos mayor sensibilidad y percepción pública negativa”, sostuvo. Allí es donde el veedor podría actuar, según Casafe, como una suerte de tercero entre las dos partes. “Me parece que es una figura clave en esto de la construcción de la confianza”, resumió el ejecutivo.

-La industria de agroquímicos maneja sustancias tóxicas. Eso no lo desmienten.

-No, por supuesto. No hay sustancia inocua- respondió el directivo, que de todos modos aclaró que la tendencia de la industria durante los últimos años apunta justamente a desarrollar productos con menores niveles de toxicidad.

“Desde hace años la tendencia y la inversión en tecnología van hacia la reducción de los niveles de toxicidad de los productos per se. Entonces tenemos cada vez más productos banda verde, de menor toxicidad”, afirmó.

Landgraf aseguró que buena parte de la inversión destinada al desarrollo de nuevas moléculas está dirigida a evaluar su impacto sobre el ambiente y las personas. Según indicó, colocar una nueva molécula en el mercado puede demandar más de 300 millones de dólares.

Pero mientras la industria química busca productos de menor toxicidad, existe además otro fenómeno: el crecimiento de los insumos biológicos.

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-¿Hay una tendencia en serio hacia los biológicos o es más un leit motiv marketinero para tranquilizar a la gente?

Landgraf sostuvo que el crecimiento de los biológicos es real, aunque marcó una particularidad del mercado argentino. Buena parte de las aplicaciones agrícolas que se realizan en el país están dirigidas al control de malezas, y el desarrollo de bioherbicidas se encuentra más rezagado que el de bioinsecticidas o biofungicidas.

“En Argentina las aplicaciones son básicamente de herbicidas. Las principales plagas no están relacionadas con los insectos o con los hongos, sino con las malezas”, explicó, dando a entender por qué aquí la introducción de biológicos es más lenta que en otros países.

De todos modos fue claro: “La tasa de crecimiento del mercado de insumos biológicos es superior a la tasa de crecimiento del mercado de síntesis química”.

Por ahora, Casafe no se imagina un escenario de reemplazo completo de una tecnología por otra. “Vemos una total complementariedad con el mercado de químicos. Es un mercado incipiente, pero está creciendo a tasas más rápidas, incluso a nivel global, y vino para quedarse por completo”, afirmó.

Esa transformación también está modificando a las propias empresas del sector: “Hay empresas que hacen las dos cosas, empresas que hacen solamente biológicos y algunas que todavía son solamente de químicos”, explicó Landgraf.