Hace poco más de 40 años la industria vitivinícola estaba centralizada en Buenos Aires. Allí, donde Dios atiende, aunque esté en todas partes, se fraccionaba, envasaba y distribuía el vino que salía de las provincias productoras. No era vino Malbec, Cabernet, Merlot u otra variedad, era solo vino, apenas un commodity, nada más lejos de lo que el vino argentino es hoy en el mundo en calidad y prestigio.
La iniciativa del gobierno del presidente Javier Milei, que busca una reforma a fondo de la Ley de Vinos 14.878 provocaría un retroceso desastroso, mandando la actividad 40 años para atrás, a los tiempos en que el vino se manejaba con la lógica de la Pampa Húmeda: como si fuera trigo, maíz, o como lo es hoy la soja, y todo controlado por muy pocas manos.
Así lo percibe la mayor parte de la industria vitivinícola, que desde hace días está en máxima alerta, luego de que la Casa Rosada redoblara la apuesta de reformas con un anteproyecto que ya está en el Congreso de la Nación.
Sergio Villanueva, gerente de la UVA (Unión Vitivinícola Argentina), no tiene dudas: “Creo que lo que está haciendo el Gobierno Nacional con este proyecto de ley no es una especie de torpeza de gente burócrata que no conoce la vitivinicultura, sino una movida de gente experta que ha quitado todos los artículos necesarios para cambiar el modelo vitivinícola y beneficiarse”.
Para el ex presidente del INV y ex diputado nacional radical Luis Borsani, “hay un riesgo serio con este anteproyecto de modificar la definición de vino genuino y masificarlo, ya que, en nuestro país, el artículo 17 de la Ley de Vinos, dice que el vino genuino se obtiene de la fermentación alcohólica de la uva fresca y madura o del mosto de la uva fresca, elaborados dentro de la misma zona de producción”.
“En la propuesta -alerta Borsani- le quita el término “uva fresca” al uso del mosto, como así también la indicación de que debe ser dentro de la misma zona de producción”.
Por su parte, para Fabián Ruggeri, presidente de la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina), entidad encargada del plan estratégico, y de ACOVI (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas) que agrupa a más de 5.000 pequeños viñateros y bodegas, “este anteproyecto nace como una ideología del gobierno que ya raya el fanatismo absoluto, pero, por otro lado, hay también intereses de algunos sectores que no soportan la institucionalidad, que han estado acostumbrados a hacer y deshacer la vitivinicultura en otras épocas y quieren manejar el negocio desde Buenos Aires”.
Antes de llegar a este punto, el Gobierno Nacional había mostrado sus cartas y sus intenciones a través de algunas medidas, sostenidas por el ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, Federico Sturzenegger, las que, de haber prosperado, habrían sido un golpe al mentón de la actividad.
Primero, se intentó eliminar la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas (a bodegas), herramienta clave para la trazabilidad del producto y las estadísticas, pero la Justicia Federal lo frenó.
Luego, se quiso dejar sin efecto la contribución económica obligatoria de los establecimientos bodegueros a la COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina), cuyos fondos se destinan a la promoción del vino y al Plan Estratégico de la actividad, pero la Justicia Federal también lo frenó.
Tanto en este caso como en el anterior, lo hizo por los recursos de amparo que se plantearon desde la Asociación de Viñateros y desde la misma COVIAR.
Y aunque los tribunales frenaron los intentos, pero todavía no resolvieron estos dos casos, la Casa Rosada no perdió tiempo y volvió a la carga, esta vez, vía Congreso de la Nación, con el anteproyecto de reforma de la ley con la que quiere desregular al máximo la vitivinicultura.
Sin medias tintas, el anteproyecto se propone terminar con la COVIAR, eliminar el CIU y la categoría de vinos regionales, restringir los controles del INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) solo al producto final y modificar la definición de vino, permitiendo el uso de mosto de uva no fresca, lo que generaría un grave conflicto de violación de los acuerdos con el Mercosur y cerraría la puerta de Brasil al vino argentino, uno de los principales mercados exportadores en crecimiento de la actividad.
También pretende poner fin a la obligatoriedad de fraccionar y envasar en origen (en las provincias productoras) y a tener que etiquetar el producto con el varietal al que pertenece.
De paso, propone habilitar la importación de vinos para mezclarlos con los locales (hoy está prohibido) y el uso en la elaboración de mosto de uva no fresca, lo que quitaría calidad al producto y les permitiría a los jugadores más poderosos del mercado fijar el precio del vino durante todo el año.
Villanueva, analizó que los ideólogos que redactaron esta reforma “necesitan cambiar la naturalidad del vino argentino, la sustentabilidad, la trazabilidad, necesitan fermentar mosto, importar vino, que el INV quede reducido a la mínima expresión y no controle, necesitan que las prácticas enológicas sean vagas, las prohibiciones mínimas y que el producto se convierta en algo uniforme y concentrable en el sentido de económico de la palabra y así elaborar un producto cocacolero y tercermundista”.
Borsani, por su parte, al referirse al grave riesgo de modificar la definición de vino genuino enfatizó: “En el anteproyecto quieren reemplazar el mosto de uva fresca por mosto a secas, eliminando la condición de uva fresca al mosto. Así, este puede ser una conserva de jugo de uva, o sea un mosto sulfitado o concentrado, o la mezcla de ambos. Este cambio hace que se pueda fermentar u obtener el vino en cualquier época del año, sin necesidad de esperar la época de cosecha”.
En este sentido responde que esto va en detrimento de la calidad: “Con un mosto de uva fresca se puede hacer un vino de inicio de gama y apto para el consumo, pero los grandes vinos de alta gama a nivel mundial se elaboran con uvas frescas o mosto de uvas frescas y no de otra manera”.
Aún peor, el detalle que cambia en una palabra la actual definición legal de vino genuino, al eliminar el término “fresca” en el uso del mosto de uva, no es una inofensiva modificación gramatical ni un olvido de redacción. Es la madre de todas las batallas: el control por el precio del vino.
“Significa -explica Borsani- que al poder fermentar y obtener vino todo el año podríamos tener modificaciones en los stocks, alterando la oferta y la demanda, porque a la hora de la cosecha habría stock suficiente y disminuiría la necesidad de comprar uva. Entonces, si no hay tanta necesidad de comprar uva, el precio de la uva baja y esto perjudica también a los productores”.
Ruggeri advierte que “el cambio de la definición de vino y la reforma que impulsan puede incrementar el riesgo de prácticas fraudulentas en la elaboración (ante la falta total de controles), pero, además, estos cambios van a modificar el valor de mercado, los stocks y así van a manejar el precio entre tres o cuatro y nunca más se va a poder cambiar”.
Por eso, el dirigente entiende que “el anteproyecto avanza sobre la destrucción sistemática de todo lo que sea representativo, tanto empresarial como gremial. Esto no es solo contra la COVIAR, a la que en esta propuesta se pide directamente eliminar de la ley que la creó, sino que también quieren avanzar contra el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate), contra el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina) y hasta contra las cooperativas, a las que quieren imponer el pago del impuesto a las Ganancias”.
Sergio Viillanueva agrega en el mismo sentido, que este cambio viene impulsado por otros intereses: “Muchos de estos grupos provienen de la industria de la cerveza y el modelo tiene esa lógica, porque cuando tengan un mosto que lo puedan conservar y fermentar en cualquier momento del año, apenas empiece a subir el precio del vino y esto sea una mejor oportunidad para el productor, te fermentan uno o dos meses de stock y el precio baja”.
Toda esta gran tormenta que se está formando contra el actual modelo vitivinícola echaría por tierra la transformación y modernización de cuatro décadas, que la industria y las dirigencias políticas provinciales iniciaron en los años 80, tras el regreso de la democracia y luego de que la actividad se fundiera en masa por la quiebra del Grupo Greco.
En ese entonces, 1984, el Congreso de la Nación aprobó por iniciativa de Mendoza la obligación de fraccionar y envasar en origen. Luego, en 1990, el gobierno mendocino licitó y adjudicó la gigantesca Bodega Giol con su planta de envasado y fraccionamiento a miles de pequeños y medianos productores congregados en una federación de cooperativas, FECOVITA (Federación de Cooperativas Vitivinícolas), lo que permitió que 10 años después pudieran sentarse en la mesa de las grandes bodegas y fijar el precio de la uva y el vino, algo impensado cuando se inició ese proyecto.
También se pusieron en marcha los acuerdos anuales vitivinícola entre los gobiernos de Mendoza y San Juan, para derivar parte de la producción de uva a mosto y evitar el derrumbe de los precios por sobre stocks, un pacto que siempre generaba conflicto y polémicas, no siempre se cumplía, pero ayudaba a la agroindustria.
En los años 90, la actividad comenzó además a incrementar las exportaciones de vino, lo que motivó la gran reconversión de uvas comunes a uvas finas, destacándose entre todas ellas “la uva francesa”, como la llamaban los viejos enólogos, y que el país y el mundo iba a conocer como uva Malbec.
Con el nuevo siglo y las exportaciones disparadas, el mundo vitivinícola puso los ojos en Cuyo y las provincias productoras. Franceses, españoles y chilenos vinieron a plantar viñedos y a montar sus bodegas para hacer vino en Argentina.
Mientras, la vitivinicultura nacional desarrolló su primer Plan Estratégico, el único de una actividad económica en todo el país. Posteriormente logró que una mendocina se convirtiera en la presidenta de la OIV (Organización Internacional del Vino), y después, que Mendoza fuese elegida y declarada la Octava Capital Mundial del Vino, mientras el Malbec se hacía famoso en todo el planeta, ocupando el podio entre los mejores vinos de alta gama y transformándose en la nave insignia de la vitivinicultura argentina.
Con la fama del vino argento, llegó el inevitable maridaje con la gastronomía gourmet y el enoturismo. Las bodegas dejaron de ser galpones industriales para convertirse en establecimientos de lujosa arquitectura con restaurantes que ofrecen menús de varios pasos y un vino para cada uno de ellos, estableciendo así las rutas turísticas del vino, paseo de visita obligado del turismo nacional y extranjero.
En poco tiempo, estas bodegas gastronómicas fueron premiadas en el exterior como las mejores del mundo. Así llegaron a la gastronomía mendocina las estrellas Michelin, las que no se explicarían sin el desarrollo del vino argentino, aún contando el mérito propio del sector gastronómico
Por todo esto es que la industria y sus principales referentes están asombrados y alarmados, ante un Gobierno que promueve medidas, que, en opinión de la dirigencia, destruirán todo lo conseguido, posicionando un nuevo modelo que se parece más bien a la producción de cerveza.
De hecho, los capitales de la industria cervecera nacional e internacional hace poco tiempo que entraron a la vitivinicultura, haciéndose con una de las grandes e históricas bodegas y al parecer, sin intenciones de adaptarse, sino de imponer el modelo propio.
La industria de la cerveza es todo lo contrario de lo que hoy es el vino, que tiene muchas fortalezas, resalta Sergio Villanueva: “Hoy en Argentina, agarrás una botella de vino y podés irte para atrás y rastrear la trazabilidad del producto, para ver en qué finca se produjo o de dónde vinieron las uvas, porque así funciona la vitivinicultura argentina”.
Villanueva resume: “Con el anteproyecto quieren aplanar todas estas fortalezas, con el objetivo bastante miope de dejar que el productor sea un productor de materia prima barata, y que, si no es barata, poder cambiar las reglas de juego, cortando un vino nacional con uno importado o usando mosto, y de esta manera tener el precio fijado de la uva y del vino todo lo que quieran”.
Para Luis Borsani, la reforma pone en peligro no solo a la producción de vinos, sino a una de las cadenas alimenticias más importantes de la Argentina en cuanto a generación de empleo: “Es la sexta cadena agroalimentaria del país, con el 6% y 145.000 puestos de trabajo directos, mientras que la soja es la que lidera con el 18%’’.
“Cuando uno mira las góndolas de vino en los supermercados ve que son extensas, y ve la variedad en marcas y de tipos de vino, lo que está indicando una gran pluralidad, una convivencia entre pequeños, medianos y grandes productores, donde todos tienen cabida, y esto hay que preservarlo”.
“Pero además la vitivinicultura – insiste- tiene unas características que la destacan con la identidad. El vino no es un commodity, es un producto que tiene mucha identidad y está vinculado fuertemente a lo cultural”.
La calidad de los vinos argentinos nunca fue algo tomado a la ligera o solo sujeto a las oportunidades de negocio. La vitivinicultura comenzó a elaborar en el año 2000 un plan estratégico para toda la actividad y así fue que en 2004 creó la COVIAR y desde allí formuló su Plan Estratégico Vitivinícola 2020.
Fabián Ruggeri, titular de la COVIAR, ahondó en este concepto: “Es una entidad que está creada por ley para ejecutar un plan estratégico para la vitivinicultura de todo el país, y es la única actividad económica, industrial y regional que lo tiene”.
“El primer PEVI (Plan Estratégico Vitivinícola) fue el de 2000 a 2020 y tenía como grandes ejes, la promoción del vino en el mercado interno, en el mercado externo y el acompañamiento a la producción primaria. El segundo PEVI, del 2020 al 2030 ya incorpora nuevos ejes estratégicos como el enoturismo y la sostenibilidad en todos sus aspectos, tanto social, económico como ambiental”.
Ruggeri explicó que para hacerlo se necesitan fondos, y que se determinó por ley que esos fondos los aportarían solamente y de forma obligatoria el sector privado de la vitivinicultura, evitando el aporte estatal para no sufrir intervenciones. “Se obtienen de una alícuota que tienen los establecimientos vitivinícolas y que se aporta cada vez que se produce vino”.
Aun así, el Gobierno Nacional bombardeó a la COVIAR sin suerte y ahora quiere eliminarla, bajo el argumento de que ha recibido quejas de firmas de la actividad que no estarían a gusto con hacer estos aportes.
Es más, la COVIAR y el plan estratégico no son un invento argentino: “Esto se copió de instituciones y entidades similares con los mismos fines que ya funcionaban en Europa, Australia y Estados Unidos”, confirma Ruggeri.
El paquete de reformas, deja, además, pintado al óleo al INV, ya que el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que históricamente ha controlado, relevado e inspeccionado la actividad, pierde en la reforma su rol de contralor para quedar apenas como un fiscal que solo llega al hecho consumado.
Y es que la propuesta, promueve que el INV controle el vino cuando ya está envasado y en el circuito comercial, reemplazando toda la información obtenida de los controles tradicionales por declaraciones juradas voluntarias de los privados, que se darán por veraces, ya que no tendrá estructura para chequearlas.
Borsani remarca que “el INV es un organismo que tiene que controlar y fiscalizar la genuinidad del vino, y que este sea apto para el consumo, que son los dos pilares esenciales sobre los que se sostiene la arquitectura de toda la regulación vitivinícola en Argentina”.
Reducir al producto final los controles es impensado para Borsani: “Tiene que estar en todas las etapas del proceso para garantizar la genuinidad y calidad del producto a los consumidores, lo que es fundamental, y cuando logramos esto, también le estamos garantizando a los productores, que el vino que circula es solamente vino de uva”.
Tanto Borsani, como Villanueva y Ruggeri, aceptan que el INV puede ser aggiornado para que cumpla mejor con su servicio, pero no corriéndolo del proceso de control y fiscalización sino haciendo más ágil su gestión.
