Federico Sturzenegger parece decidido a no dejar títere con cabeza. En su nuevo proyecto de ley ómnibus impulsa diferentes reformas y derogaciones de leyes previas que han puesto en guardia a buena parte del sector agropecuario: ganaderos en alerta por el IPCVA, cooperativistas en guardia por el Impuesto a las ganancias, chacareros preocupados por la Ley de Arrendamientos… Nadie parece quedar a salvo de la guadaña desreguladora.
Uno de los capítulos centrales de esta ofensiva del ministro libertario está destinado a la vitivinicultura, no solo porque insiste en disolver por completo la Coviar, un ente mixto que se ocupaba de llevar adelante el plan estratégico vitivinícola, sino que además plantea la derogación de gran parte de dos leyes fundamentales para esa actividad. Se trata de la Ley Nacional de Alcoholes 24.566 y la ley de Vinos 14.878.
El periodista especializado en vitivinicultura Pablo Pérez Delgado reconstruyó parte de las reacciones en su provincia respecto de estas propuestas de Sturzenegger. Entrevistó a varios referentes locales del sector y todos ellos llegaron a la misma conclusión: la reforma puede provocar un daño estructural a la vitivinicultura argentina. “Y no solamente por el impacto económico. También por el golpe que, aseguran, recibirían la identidad, la trazabilidad, la calidad y el prestigio que la industria construyó durante décadas”.
Para el exdiputado nacional y expresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Luis Borsani, el proyecto modifica aspectos esenciales de la Ley 14.878. Uno de ellos es la propia definición legal de vino.
La incorporación de mostos concentrados dentro de los productos aptos para elaborar vino permitiría fermentar fuera de la época de cosecha, alterando la lógica histórica del mercado y generando, según explicó, fuertes distorsiones sobre los precios de la uva y del vino a granel. También cuestiona la flexibilización de la trazabilidad, la eliminación práctica del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y la reducción de los controles preventivos del INV.
“La trazabilidad es la piedra angular del sistema vitivinícola”, advirtió, al sostener que los cambios favorecerían un proceso de concentración económica en detrimento de pequeños y medianos productores.
El gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, Sergio Villanueva, fue contundente y señaló que, a su entender, no se trata simplemente de eliminar regulaciones. “Esto es cambiar la Constitución de la industria vitivinícola”, sostuvo al programa Agro Recargado de Aconcagua Radio.
Villanueva considera que el proyecto busca reemplazar un modelo basado en origen, calidad, identidad y trazabilidad por otro centrado en el volumen, la concentración y el abaratamiento permanente de la materia prima.
Según explicó, permitir la fermentación de mostos conservados durante todo el año, flexibilizar la mezcla de vinos nacionales con importados y debilitar los controles oficiales generaría un escenario completamente distinto para la actividad.
También advirtió que podrían aparecer conflictos comerciales internacionales, especialmente dentro del Mercosur, debido a las actuales normas que protegen el origen y la autenticidad de los vinos.
Respecto del rol del INV, Borsani también cuestiona que el organismo quede limitado prácticamente al control del producto terminado, perdiendo capacidad de fiscalización durante la elaboración.
Villanueva denuncia falta de información oficial, demoras en la publicación de estadísticas y un progresivo vaciamiento técnico del organismo. Para el dirigente, sin un INV fuerte será muy difícil sostener las certificaciones de origen que hoy permiten vender vino argentino en los mercados más exigentes del mundo.
El diputado nacional del PJ, Martín Aveiro, enfocó su preocupación en el comercio exterior. Recordó que la reputación internacional del vino argentino fue construida durante décadas y que los controles del INV constituyen una garantía de calidad para compradores de mercados como Brasil, Estados Unidos, Canadá o Europa. Resumió que cuando una vez se pierde la confianza, después no volvés a vender una botella.
Para el legislador, la certificación de origen es uno de los principales activos competitivos de la vitivinicultura argentina y ponerla en riesgo implica afectar especialmente a las bodegas pequeñas y medianas.
En tanto, la diputada provincial del Frente Renovador, Gabriela Lizana, que también es productora del este mendocino, eligió una definición que rápidamente comenzó a circular entre productores. “Lo más grave es que quieren modificar el concepto mismo de vino”. Para la legisladora, cambiar esa definición significa alterar el corazón de toda la industria.
Lizana sostuvo además que la reforma representa el golpe final sobre una actividad que ya viene atravesando años de crisis y que el debate debería darse dentro de un verdadero plan estratégico, no mediante una desregulación que, según afirmó, termina favoreciendo la concentración económica.
La posible derogación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) aparece como otro de los grandes focos de conflicto. Mientras algunos sectores vienen cuestionando desde hace años su funcionamiento y su financiamiento, tanto dirigentes empresarios como referentes políticos advierten que eliminar el organismo sin una alternativa implica desarmar el principal espacio institucional donde confluyen productores, bodegas y gobiernos provinciales para discutir políticas de largo plazo.
La discusión, aseguran, no debería centrarse únicamente en si COVIAR necesita cambios, sino en qué reemplazaría esa estructura.
Los defensores del proyecto hablan de eliminar trabas y modernizar una industria. Sus detractores responden que no se está desregulando, sino desmontando un sistema que permitió consolidar la identidad del vino argentino, proteger el origen, sostener miles de productores y posicionar a Mendoza y a las demás provincias vitivinícolas entre las regiones vitivinícolas más reconocidas del mundo.
Por eso, las cuatro voces coinciden en que modificar la Ley Nacional de Vinos, debilitar al INV, eliminar el fraccionamiento en origen y hacer desaparecer la COVIAR no sería una simple reforma administrativa. Para ellos, sería cambiar las reglas de juego de toda la industria y poner en riesgo uno de los principales patrimonios económicos y culturales del país.
