Era casi obvio que esto iba a suceder porque muchas de las desregulaciones que impulsa el gobierno a través del ministro Federico Sturzenegger pecan de la misma cosa: Parecen desconocer que una ley dictada por el Congreso no puede ser modificada por una simple resolución o un decreto del Poder Ejecutivo, y se necesita de otra ley para hacerlo.
En base a ese criterio, la Justicia Federal, a través de un fallo de Juez Pablo Quirós, hizo lugar este viernes al recurso de amparo presentado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y ratificó la vigencia del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y la obligatoriedad de las contribuciones de las bodegas para su funcionamiento.
La justicia frenó así la aplicación de la Resolución 55 de la Secretaría de Agricultura, firmada por un funcionario de tercera línea como el secretario Sergio Iraeta, y ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a intimar a los establecimientos que no cumplan con el pago de la contribución obligatoria tal y como establece la Ley 25.849.
Según el anticipo del periodista especializado en vitivinicultura Pablo Pérez Delgado en su sitio Alterrados, de este modo “la Justicia Federal hizo lugar al recurso de amparo presentado por Corporación en contra de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, una medida que había eliminado los aportes obligatorios que financiaban gran parte del funcionamiento del Plan Estratégico.
Esta medida fue presentada por el Ejecutivo como parte del proceso de desregulación económica. Y por eso fue apoyada por otro sector de bodegueros, nucleados en Bodegas de Argentina, que consideraban ese aporte como una carga innecesaria para el sector.
Explica Pablo que “en el centro del debate aparece una cuestión institucional de fondo: si una resolución de una secretaría puede modificar los efectos de una entidad creada por una ley nacional. La Coviar sostiene que no. La corporación fue creada mediante la Ley 25.849, sancionada por el Congreso de la Nación para ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), una herramienta que durante más de dos décadas articuló políticas para productores, cooperativas, bodegas, gobiernos provinciales e instituciones de toda la cadena”.
Este es uno de los principales argumentos del amparo. Y si bien la resolución impulsada por el secretario Iraeta “no dispuso formalmente la disolución de la Coviar, sí puso en duda su continuidad al eliminar su principal fuente de financiamiento”. Quienes deben contribuir con un pago por litro son las bodegas que elaboran vinos, los establecimientos fabricantes de jugo concentrado de uva o mosto y los exportadores de pasas de todo el país.
Dice la crónica de Alterrados que la resolución nacional generó posiciones enfrentadas dentro de la vitivinicultura. Entre quienes respaldaron la medida aparecen Bodegas de Argentina, entidades empresarias de San Juan y sectores agrupados en la Mesa Vitícola, que desde hace años cuestionan el sistema de aportes obligatorios y consideran que el financiamiento de la entidad debería realizarse de manera voluntaria.
“Sin embargo, también surgieron numerosas voces en defensa de la Coviar y de su rol institucional. Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) recordaron que la corporación tiene representación en 18 provincias vitivinícolas y constituye el único espacio donde participan todos los eslabones de la cadena productiva”, acota.
En la misma línea se expresó el Consejo Directivo de Coviar, integrado por representantes de entidades de todo el país.
“Manifestamos nuestro rechazo a la medida adoptada por la Secretaría de Agricultura y solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina”, señalaron desde la entidad, que es liderada por un hombre de las poderosas cooperativas vitivinícolas.
Lo cierto es que, en este pelea, la justicia ordenó al INV que deberá volver a bloquear y paralizar la comercialización de aquellas bodegas, mosteras y secadoras de pasas que registren deudas de aportes con la Coviar. Tras la desregulación, el INV había levantado estas suspensiones para reactivar a más de 200 empresas.
La resolución de Iraeta determinaba además que los fondos sobrantes del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) debían ser transferidos a las cuentas del INV. El fallo favorable a la corporación congela ese traspaso de dinero.
El pevi tenia fecha de vencimiento en el 2020 y fue prorrogado por un decreto no por otra ley entre gallos y media noche