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¿A la justicia? La Corporación Vitivinícola Coviar recordó que fue creada por ley, y mal puede definir su futuro la resolución de un concuñado de Agricultura

Bichos de campo por Bichos de campo
5 mayo, 2026

Aunque aclaró que primero reunirá a su directorio para definir los pasos a seguir, lo más probable es que la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) recurra a la justicia. Hoy esa entidad recibió un durísimo golpe que hace peligrar su continuidad, luego de 22 añosa de existencia. El gobierno libertario ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejarla sin financiamiento, dejando de recaudar una contribución obligatoria que deben hacer las bodegas para la ejecución del Plan Estratégico Vitivinícola. .

El argumento que seguramente llevará a los tribunales la Coviar, que es presidida actualmente por directivos de las poderosas cooperativas vitivinícolas de Mendoza, será que una entidad creada por ley nacional mal puede ser amenazada por una resolución de un secretario de Agricultura, en referencia a Sergio Iraeta, el ganadero que llegó a manejar la política agropecuaria de la Argentina solo por ser el concuñado de Juan Pazo, una de las manos derechas del ministro Luis Caputo.

Iraeta firmó la resolución 55/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, a instancias claras del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien salió a festejar la medida en las redes sociales. Ese funcionario ya tomó decisiones parecidas, que tropezaron luego con resistencia en el Congreso y en la justicia federal. Y así, el gobierno tuvo que dar marcha atrás en casos mucho más complejos, como la degradación del INTA, el INTI o el Conicet.

Golpe libertario a la actividad vitivinícola: El gobierno pone en jaque a la Coviar, principal organización del sector, al disponer la eliminación de las “contribuciones obligatorias” que las bodegas debían hacer a la entidad

Luego de digerir la decisión que la deja sin financiamiento a partir de la fecha, la Coviar respondió esta noche con un comunicado donde calificó la resolución de Iraeta como “improcedente, inconsulta e inoportuna” y además “alertó sobre el impacto negativo que esto traerá en el actual contexto de crisis económica y anticipa que llamará con urgencia a una reunión de Directorio para definir los pasos a seguir”.

Luego explicó en qué basa su resistencia a la orden emanada del Ejecutivo: “La resolución de la Secretaría de Agricultura introduce modificaciones en el esquema de funcionamiento y financiamiento de la Coviar, en la que plantea una redefinición de instrumentos centrales en la operatoria, particularmente en lo referido a su financiamiento y alcance operativo, aspectos que no son accesorios sino estructurales dentro del régimen vigente”.

La entidad Bodegas de Argentina salió a brindar, sin moderación, por el fin de los aportes obligatorios a la Coviar: “Es un acto de justicia”, señaló

“Lamentamos profundamente la decisión adoptada por la Secretaría de Agricultura de la Nación porque se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos, entendiendo que la misma excede las competencias y atribuciones de la autoridad administrativa, al introducir modificaciones sustanciales sobre un régimen establecido por ley”, es el párrafo del comunicado que anticipa un posible recurso judicial en caso de que las diferentes cámaras que integran la Corporación así lo decidan.

Allí está incluida la mayor parte del sector vitivinícola. La única entidad que aplaudió la medida, y que s escindió de la  Corporación hace ya algunos años, es Bodegas de Argentina. Es el eslabón sobre el cual recae la mayor parte de la contribución al funcionamiento del plan estratégico.

En cambio, el resto de las instituciones manifestaron “nuestro rechazo a la medida” y solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina”, reza el comunicado.

Etiquetas: aportes obligatoriosbodegas de argentinaCOVIARfederico sturzeneggerserio iraetavitivinicultura
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Comentarios 3

  1. Javier Coita says:
    2 meses hace

    Buen día Bichos de campo (grupo de periodistas especializados en el agro de la Argentina). Les quiero comentar que en el primer párrafo de este artículo, dice lo siguiente: “El gobierno libertario ordenó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejarla sin financiamiento, dejando de recaudar una contribución obligatoria que deben hacer las bodegas para la ejecución del Plan Estratégico Vitivinícola.”. ESTO NO ES CORRECTO NI VERÍDICO. El Gobierno de turno NO le ordenó nada al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV); y lo más erróneo de todo es decir (o escribir) y dar a entender que el INV financiaba a la CO.VI.AR. PIFIADISIMO!!!!
    La CO.VI.AR. es una Ley (25.849) promulgada en el año 2.005 y financiada por un sector privado y parte del Estado… (o funcionarios de los mismos), pero NO la FINANCIABA el INV.
    Asi que muchachos, “especializados en el Agro del País (pero no así en la INFORMACIÓN), les solicito en lo posible que se informen… para que NO des-informen.
    Saludos.-

    • Avatar photo Matias Longoni says:
      2 meses hace

      Estimado lector, no descalifique si no sabe leer

      ARTÍCULO 6°.- Establécese la finalización, a partir del dictado de la presente, de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849, así como también de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI).

      ARTÍCULO 7°.- Instrúyase al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) a cesar, a partir de la entrada en vigencia de la presente, la recaudación de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849.

  2. Lecuona de Prat Martín says:
    2 meses hace

    Qué bueno que se vayan acabando los quioscos. Inconstitucional en cualquier tribunal serio que una entidad privada cobre a los productores un impuesto para que un grupo de vagos pueda decir que promueve el vino pero se dedique al dolce far niente.

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