La encrucijada entre lo que exigen los consumidores, lo que el productor tiene espalda para sostener y lo que valida la ciencia, fue el foco de uno de los debates más picantes que tuvo la última edición del Congreso Aapresid.
En un encuentro que puso a dialogar a Manuel Otero, consultor y ex presidente del IICA; a Beatriz “Pilu” Giraudo, presidenta de Senasa; y a Ángeles Gómez, CEO de la ONG española Right2eathealth, se intentó dar respuesta a una pregunta recurrente: ¿Es posible consolidar la seguridad alimentaria sin dejar a agricultores en el camino?
La primera en subir el voltaje fue Gómez, que desde el otro lado del Atlántico planteó: “Los consumidores necesitan acceder a comida orgánica, pero muchas veces se encuentran con alimentos cuyas etiquetas no están completas. El etiquetado no responde a los químicos con lo que eso fue tratado y las familias necesitan saberlo”.
La fundadora de aquella organización, que ya tiene presencia en 22 países de 5 continentes, aseguró que es necesario que “siga creciendo el volumen de granjeros que transicionen hacia la agricultura regenerativa” y se sumen a la tendencia. “No se trata de ser perfecto, se trata de ser suficiente”, afirmó luego.
Frente a eso, Manuel Otero marcó un claro contrapunto. “La seguridad alimentaria está muy centrada en los derechos del consumidor, pero que su consolidación se da en los márgenes del agricultor”, dijo, enfatizando luego que “si un agricultor no tiene rentabilidad, pensar en calidad e inocuidad es utópico, ilusorio, peligroso e injusto”.
El consultor repasó que “el concepto de seguridad alimentaria es un concepto que ha evolucionado con el tiempo. Antes era una visión reduccionista vinculado al tema de la oferta. Después se incorporó la demanda, obviamente desde el punto de vista de la calidad e inocuidad”.
A continuación, afirmó: “Hay un vacío peligroso que tenemos que llenar con información. Tenemos que humanizar a la agricultura, contarla bien, para construir esos puentes que hacen de la seguridad alimentaria un círculo virtuoso”.
Esta postura fue secundada por la titular de Senasa, que aseguró que “el productor no hace lo que quiere”, porque la tecnología utilizada en el campo “está aprobada y sigue procesos rigurosos, que incluso son estándares internacionales”.
Según explicó Giraudo, “hay una ruta que hay que seguir para aprobar un fitosanitario, y que se replica en las distintas agencias del mundo”. Eso, afirmó, permite “dar garantías de que no haya toxicidad para la salud humana ni impacto ambiental negativo”.
En cuanto a la rentabilidad del productor, coincidió con Otero en que “no se puede ser sustentable y perder dinero”.
“Esta discusión tiene que basarse en ciencia. Hay tecnología adecuada para que todos los pilares de la sustentabilidad –productiva, ambiental y social- se puedan llevar adelante y cumplir”, concluyó.
