Los procesos de ajuste suelen ser necesarios, pero nunca son inocuos ni gratuitos, en especial cuando la única variable que se pone a consideración es la presupuestaria y no se toman en cuenta otros factores. Es eso justamente lo que sucedió en el INTA (Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria) luego del proceso de Retiro Voluntario que se llevó puesto a casi 900 agentes y el fuerte ajuste de gastos promovido allí por el gobierno de Javier Milei.
Aunque funcionarios como el secretario Sergio Iraeta o el propio presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, se ufanen ahora de estar construyendo un nuevo INTA, lo único cierto hasta aquí es que han hecho pelota lo que había, bueno o malo, y que ahora está en riesgo la continuidad de muchos de los trabajos que allí se realizaban. Este diagnóstico surge de un documento interno elaborado por la Dirección Nacional del INTA, o lo que queda de ella, al que accedió Bichos de Campo.
El documento marca a las claras que a la motosierra hay que saber usarla, porque si no el árbol talado puede caer sobre las construcciones cercanas, destruyendo más de lo que ayuda.
“Un régimen de Retiro Voluntario (RV) debería significar ahorro por disminución en la dotación de personal, sin afectar capacidades institucionales críticas. Sin embargo, el RV tiene consecuencias negativas sobre las capacidades científicas, tecnológicas, territoriales e institucionales, repercutiendo sobre cadenas
productivas, economías regionales, gobiernos locales, provisión de bienes públicos y potencialidad exportadora”, comienza la síntesis de un informe de 22 páginas elaborado por la Dirección Nacional, Ese cuerpo responde a los propios cuadros técnicos del organismo: sus funcionarios son elegidos por concurso pero desde hace más de dos años se ven sometidos a un hostigamiento e intentos de intervención que tienen nombre y apellido: los propios Iraeta y Bronzovich además de los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo,. Un mención aparte merece al actual titular del Senasa Pilu Giraudo (ex vice del INTA), corresponsable de este proceso.
Este es el documento completo:
Como sea, la línea “inteana” indicó que el impacto de los RV, que acumularon un total de 889 adhesiones, el 18% de la planta de personal, es mucho más profundo de lo que parecía, y cuestiona que el ajuste oficial “hasta el momento únicamente prioriza el ahorro de gastos corriente s por sobre la eficiencia estratégica sistémica”.
“Esta mirada centrada en los costos y no en la estrategia, llevó a que en dos años y medio se pierda el 30% de la plantilla de personal: aproximadamente 1.800 agentes”, remarca el documento, que avisa además que este achicamiento estuvo acompañado por una fuerte reducción de los recursos. “El INTA tuvo una reducción del 54% del crédito anual (2023-2026) y 41% de la ejecución presupuestaria (2023-2025)”.
El “control de daños” se detiene además en el hecho de que “a mitad de los agentes que se retiraron son profesionales, y de ellos la mitad (223 agentes) tienen estudios de posgrados, habiendo sido la mayoría financiados con recursos públicos”. Y explica: “Es decir, se retiraron referentes temáticos y/o territoriales, con experiencia, con capacidad de coordinación, de conducción y con alta formación científica”.
Dicho esto, la segunda conclusión es que en materia de investigación y el desarrollo el INTA perdió mucho, ya que el retro Voluntario “impacta sobre un 23% de las actividades en los territorios, mientras que otro 29% están en riesgo”. En este sentrido, se agrega que “la mayor afectación recae en las líneas de innovación (42% del total). Involucra 29 cadenas y economías regionales en 202 unidades”.
De ahora en más, predice el informe de la Dirección Nacional, “la falta de personal calificado no solo genera vacancia absoluta en temas prioritarios -servicios de exportación, economías regionales, nanotecnología y nanovacunas, entre otros-, sino equipamiento de alta complejidad queda inoperable para brindar servicios al sector y los productores”.
Más elementos comienzan a definir que el ajuste de Iraeta y Bronzocvich fue un “pelotazo en contra” de los intereses del propio sector agropecuario:
- “Por el Retiro Voluntario ya no puede cumplirse con 93 convenios y servicios de gestión de calidad. Los más afectados corresponden a empresas privadas (26% del total). Entre ellas están Crucianelli, LEAF y Don Mario, entre otras. Es decir, se pierden años de trabajo y relacionamiento a través de convenios de investigación, desarrollo y vinculación tecnológica con empresas, universidades, organismos públicos, asociaciones de productores y redes internacionales”.
- “Sus efectos también se derraman sobre servicios tecnológicos, auditorías de exportación y redes internacionales de investigación. El INTA se queda sin nexo técnico ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.
- La lista de casos testimoniales es más amplia y da cuenta del impacto que estas situaciones de vacancia absoluta, sin especialistas que aseguren la continuidad de líneas de investigación o servicios estratégicos.
En este contexto, la Dirección Nacional del INTA llegó a una conclusión clara: “El RV 2026 lejos estuvo de operar como un proceso de readecuación racional precedido por una planificación estratégica, sino más bien funcionó como un mecanismo que profundizó y aceleró una ruptura institucional, afectando el núcleo técnico-científico del INTA, generando la pérdida de capacidades operativas y tecnológicas, acelerando el deterioro del prestigio institucional y los servicios que constituyen fuentes de
financiamiento extrapresupuestario”.
Escupir al cielo, se llama vulgarmente. Pero el escupitajo lamentablemente no caerá sobre los funcionarios nacionales libertarios sino sobre el conjunto de la actividad agropecuaria.
Para Ariel Pereda y los otros pocos directores elegidos por concurso que quedaron tras esta sangría, ahora habrá que redoblar esfuerzos. “La recuperación institucional demanda una agenda basada en el restablecimiento de la planificación estratégica, la previsibilidad presupuestaria y operativa, la recuperación del capital científico-tecnológico y de la infraestructura estratégica, la reconstrucción
del capital humano y de la cadena de relevo, la recuperación del capital relacional con empresas, entidades y organismos, nacionales e internacionales y la construcción de una nueva etapa institucional”.
