“La Industria de Alimentos y Bebidas necesita que se generen instrumentos para la eliminación de la informalidad, tanto en los aspectos fiscales, laborales como en las normas de higiene y sanidad”.
Así comienza un comunicado de la Copal (Coordinadora de las Industria de Productos Alimenticios), en el que se pone de ejemplo del desaguisado actual al sector molinero. “Se estima que en la industria molinera, la venta informal de 750.000 toneladas de harina en el mercado interno genera un perjuicio fiscal de al menos 572 millones de pesos anuales, considerando IVA, Impuestos a las Ganancias, Débitos Créditos Bancarios (Impuestos Nacionales) e Ingresos Brutos (Provinciales)”.
Las 750 mil toneladas representan cerca del 15% de la producción total de harina de trigo del país, que según datos de la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim), se ubicó en 5,8 millones de toneladas en 2016.
Según la Copal, semejante grado de competencia desleal es la responsable que en ese sector “el salario neto informal es un 35% menor al salario neto formal, afectando negativamente al trabajador que no tendrá sus correspondientes aportes laborales, y que tendrá una capacidad de consumo menor, estimada en 200 millones de pesos anuales”.
“Esto, significa además una competencia desleal para la industria ya que la diferencia por los menores costos derivados de la informalidad se calcula en 400 millones de pesos al año”, se añadió.
Luego de tanto número, la entidad que preside Daniel Funes de Rioja y que agrupa a las grandes industrial alimenticias, imploró: “Necesitamos crear mecanismos para asegurarnos que todas las empresas operen en la formalidad, tal como trabajan las empresas adheridas a Copal”. Y añadió: “La informalidad fiscal y laboral merece estar entre los principales temas de agenda de la política de Estado. La problemática genera una dramática situación social que perjudica a todos, y también una injusta y falsa competitividad”.
El bloque empresario también se quejó de la desmedida carga de trámites que simulan un control que no sería tal: “Existen exigencias y tiempos desmedidos para cumplimentar diferentes trámites necesarios dentro de la producción de alimentos. Los tiempos para inscribir un nuevo producto, según la jurisdicción, van de los tres a los nueve meses”.
La Copal apeló a un segundo ejemplo: la bondiola.
“Transportar una bondiola desde Capital Federal al Gran Buenos Aires, un trayecto de no más de uno o dos kilómetros, requiere de 21 documentos, lo que genera la exclusión de quienes no pueden cumplir con tales requisitos administrativos, a los que se suman otras normas que esos documentos imponen”.
