En pleno stand de la provincia de Salta en la Expo Rural de Palermo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, se despachó con un discurso cargado de elogios hacia la provincia y sus economías regionales. “Salta en términos de ejemplo de lo que significa la producción, no hace falta más que ver todo lo que genera, toda la riqueza que produce, toda la calidad que tiene”, arrancó, repasando el tabaco, el limón, la carne, la hacienda y el vino salteño como bandera de lo que definió como una provincia “pujante” y “un ejemplo para el resto de las provincias argentinas”.
El funcionario remató con una frase que sonó más a promesa que a otra cosa: “La secretaría de agricultura y su equipo está absolutamente abierta y disponible para, dentro de nuestras posibilidades, solucionar todo lo que se pueda solucionar, agilizar trámites, buscar que haya competitividad.”
El problema es que esa “apertura” discursiva llegó apenas días después de que su propia Secretaría le cerrara, en los hechos, una protección sanitaria clave a uno de los sectores productivos más golpeados de esa misma provincia.
Se trata de los bananeros de Salta y Jujuy, que denunciaron públicamente la derogación de las resoluciones 99/1994 y 823/2006, dos normas que durante más de treinta años funcionaron como barrera fitosanitaria frente al ingreso de banana proveniente de países o regiones con presencia de plagas cuarentenarias.
Según explicaron desde la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de la región, la baja de esas resoluciones —incluida en un paquete que la Secretaría presentó como una simple “simplificación” de normativa obsoleta— podría abrirle la puerta al ingreso de banana importada al NOA, con un impacto que calificaron de “extremadamente grave” sobre miles de puestos de trabajo directos e indirectos y sobre toda la cadena de valor regional, como sucede también en Formosa.
El propio presidente de esa Asociación, José Luis Checa, fue durísimo al describir cómo se tomó la decisión: “Nos agarramos la cabeza”, resumió, y atribuyó la medida no a un criterio técnico sino a la ligereza con la que se maneja la cartera que Iraeta conduce. “No gastan tiempo ni energía en saber qué están haciendo. Nosotros tememos por el ingreso de enfermedades como el Fusarium R4T, conocido también como el mal de Panamá, que es devastador y es una preocupación mundial. Ecuador y Perú la tienen, y no estamos tan lejos de ellos”, alertó.
Es decir que mientras Iraeta hablaba de “calidad” y de una secretaría dispuesta a “agilizar trámites” para los productores salteños, esos mismos productores estaban digiriendo una decisión que, según ellos, expone justamente la calidad y la sanidad de su producción a un riesgo que llevaba tres décadas contenido.
Lo más llamativo es que ni siquiera queda claro que la propia Secretaría haya dimensionado lo que estaba derogando. El paquete de normas dado de baja fue presentado en bloque, junto a resoluciones sobre maquinaria agrícola y otros controles fitosanitarios, bajo el paraguas genérico de “actualizar procesos”. Nada en el anuncio oficial hizo referencia específica al impacto que tendría sobre el clúster bananero del norte argentino, lo que alimenta la lectura de los productores de que se trató de una decisión tomada sin conocer, o sin importar, sus consecuencias sectoriales.
Lo mismo podría pensarse del proyecto de Federico Sturzenegger que se conoció recientemente, en el que se propone hacer voluntario el pago para financiar al IPCVA, un instituto público-privado que se encarga de promocionar la carne vacuna en el mundo. A pesar del avance libertario, este proyecto fue rechazado de plano por todas las entidades de productores y la industria de la carne en su conjunto.
Consultado sobre qué esperar de cara adelante, el productor salteño Checa no se mostró optimista respecto de una posible marcha atrás, pese a que funcionarios salteños ya gestionaban una reunión con Nación. “En Senasa seguro nos dirán que la decisión vino de arriba, de Sturzenegger”, lamentó, en una frase que también deja mal parada la supuesta autonomía de la cartera de Iraeta para “solucionar todo lo que se pueda solucionar”, como prometió en Palermo.
El malestar no se limita al NOA. Desde Formosa, el productor Pánfilo Ayala —que ya había manifestado que la crisis bananera de esa provincia es “terminal”— también apuntó contra la misma lógica de apertura de mercado que empuja el Gobierno.
Según describió, la gestión actual “de alguna forma legalizó la importación masiva de banana”, algo que no solo golpea los precios, sino que pone en juego el estatus sanitario del país. “Me sorprende y me duele muchísimo saber que se ha liberado el ingreso de fruta desde el exterior, poniendo en riesgo el estatus sanitario nuestro. No puedo entender lo que se está haciendo”, dijo Ayala, recordando que la producción local está libre de plagas como la Sigatoka Negra, que en otros países obliga a fumigar hasta cincuenta veces por año.
El contraste no podría ser más elocuente: mientras el funcionario nacional celebraba en el stand salteño de la Rural la pujanza de las economías regionales y prometía una secretaría “absolutamente abierta” a resolver los problemas del sector, esos mismos productores bananeros de Salta y Jujuy —una economía regional tan real como el limón o el tabaco que Iraeta mencionó en su discurso— venían de sufrir, sin previo aviso ni consulta aparente, la derogación de la protección sanitaria que sostenía su actividad hace más de treinta años.
