La presidente de Senasa, Pilu Giraudo, participó esta semana del congreso ganadero organizado por Rosgan en Rosario y cuando le preguntaron qué estaba haciendo el gobierno para ayudar a los productores a cumplir con el Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea, que limita el acceso a ese mercado a productos de campo que no hayan sido deforestados, respondió que ya habían sido habilitadas seis plataformas, entre ellas la controvertida Visec, para prestar ese servicio.
En realidad, esa información no es exacta. La realidad es que la presidenta de Senasa hizo referencia a seis iniciativas inscriptas en el “Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales” que fueron autorizadas por la Secretaría de Agricultura para prestar algún tipo de certificación vinculada a prácticas agropecuarias. Pero no todas ellas -al menos por el momento- están habilitadas para avalar que un productor produce ganado o soja o maderas en un campo que no sufrió deforestación reciente.
Seguramente la intención de la presidenta de Senasa al revelar este dato fue mostrar que el productor cuenta con varias opciones y no necesariamente tiene que caer atado de manos en el Visec, la plataforma que picó en punta, la más publicitada y la más cuestionada por quienes cuestionan la exigencia europea. De hecho, este Registro surgió por iniciativa del ex funcionario Juan Pazo y su concuñado Sergio Iraeta, en momentos en que CRA abandonó el Visec por las críticas que recogía entre muchas de sus rurales asociadas.
Pero no existen -al menos por ahora- seis certificadoras para atravesar con éxito las exigencias que la UE le hizo primero a sus importadores de alimentos, luego éstos trasladaron a a sus proveedores en terceros países, y que ahora frigoríficos y aceiteras trasladaron a nivel de los productores.
De las seis certificadoras mencionadas por Giraudo, solo cuatro están pensadas para resolver lo que pide el Reglamento 1115. Y de estas cuatro, hay tres que lo hacen para el caso de la carne vacuna, solamente dos que cubren las exigencias en soja y sus derivados, y solo una especializada en el sector forestal. Finalmente hay dos que no tienen nada que ver con la deforestación.
Vamos por partes, diría Jack el destripador.
VISEC fue la primera plataforma en ingresar al registro creado por Agricultura a fines de 2024. La sigla responde a Asociación Visión Sectorial
del gran Chaco Argentino, porque inicialmente se pensó para certificar un manejo agrícola sustentable de aquel ecosistema, pero después fue captada por los sectores exportadores que necesitaban comenzar a pensar como enfrentar la nueva exigencia europea. Por eso con el correr de los años se dividió en dos secciones, Visec soja y Visec carne.
Los socios originales son tres: la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) que agrupa a las principales empresas agroexportadoras, la ambientalista TNC (The Nature Conservancy), y la firma Peterson. Esta empresa, a su vez, es la subsidiaria local del Grupo Peterson, que fue fundado en 1920 en el puerto de Rotterdam. Está asociada localmente con Control Union Argentina SA y con ZED SA, la empresa ganadera de David Lacroze, integrante de la Sociedad Rural y uno de los asesores ganaderos dilectos del ex presidente Mauricio Macri, ya que fue coordinador de la Mesa de las Carnes que funcionó durante dicho gobierno.
Queda claro que VISEC nació originalmente por la problemática específica de la soja, pero después sumó una sección Carnes, donde talla especialmente el Consorcio ABC, que reúne a los grandes frigoríficos exportadores, pero que también tiene como miembros plenos a muchas de las entidades que integraban aquella Mesa de las Carne, incluyendo a tres gremiales agropecuarias como Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria. De este ámbito fue que se retiró CRA hace dos años. Pero uno de sus dirigentes, Miguel Grinberg, fue a la vez presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), que también impulsa esta plataforma.
Con semejante anclaje institucional, Visec es la plataforma para certificar EURD que más ha crecido, pero todavía no logra niveles de adhesión masivos entre los productores argentinos, ya que muchos de ellos cuestionan justamente que sus datos estén sometidos a una organización visiblemente manejada por los sectores exportadores de soja y carne.
Allí es que aparecen las otras opciones a las que hizo mención Pilu Giraudo:
Tracestory fue la segunda certificadora habilitada por el gobierno en 2025 y apunta directamente a sortear la exigencia antideforestación europea, aunque socialmente se presenta como “una plataforma flexible de integración segura de datos que puede utilizarse para dar cumplimiento a distintos estándares y normas. En respuesta al EUDR integra datos de fuentes públicas y privadas para demostrar el origen y la trazabilidad”.
Vale aclarar que en este caso la certificación sobre deforestación se limita al negocio de la soja y no a la ganadería.
Esta startup del agro fue fundada en 2020 en la cordobesa Río Cuarto, y su CEO actual es Darío Baudino, mientras que su staff está compuesto por muchos jóvenes surgidos del mundo de la tecnología. Pero entre sus “padrinos” hay muchas caras conocidas del sector, como el ex Monsanto Carlos Becco, o Mayco Mansilla, que viene de coordinar el tema AgTech en instituciones como Aapresid
Bosques Verificados: Fue la tercera empresa que se incorporó al registro oficial y desde el vamos explica que “es una plataforma digital de monitoreo, reporte y verificación que facilita la adopción de prácticas económicas sostenibles. Está diseñada con tecnología blockchain para garantizar la transparencia, la inalterabilidad y la confiabilidad de la trazabilidad forestal”.
Apunta lógicamente a certificar que la madera proviene de plantaciones renovables y no de monte nativo y lo curioso es que es prácticamente una iniciativa de la propia Unión Europea, ya que fue financiada por ese bloque a través del programa Al-Invest (Lo mismo que Visec en sus orígenes).
“Este apoyo valida la solidez del consorcio y su alta capacidad técnica para desarrollar un sistema de trazabilidad que ayude a los operadores a cumplir con los estándares más exigentes, incluyendo la debida diligencia requerida por el nuevo Reglamento EUDR”, se auto elogia.
Más europeo no se consigue, pues el consorcio detrás de esta plataforma está integrado por la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI), una organización que se especializa en “movilizar financiación innovadora para modelos de negocio que promuevan el desarrollo sostenible”, y la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina (CCI).
Santa Fe Produce Sustentable: Se trata de la única iniciativa estatal respecto de trazabilidad para cumplir con la normativa antideforestación europea, aunque solo en materia de carne. Esta semana, el ministro de Producción de Santas Fe, Gustavo Puccini, explicó que ellos consideraron que la información pública debía ser administrada por el propio gobierno provincial y no por entes privados, y contó a Bichos de Campo que apenas la lanzaron comenzó a sonar el teléfono desde otras jurisdicciones provinciales interesadas en saber cómo funciona.
“Es una plataforma que busca optimizar la competitividad de los productos agropecuarios santafesinos frente a las nuevas exigencias comerciales. Por medio de controladores formales permite demostrar que los establecimientos inscriptos no provienen de áreas deforestadas, de acuerdo a lo exigido por el EUDR”, explica el gobierno de Santa Fe, que para probar la exigencia sobre desmonte utiliza imágenes satelitales, datos catastrales y los Renspa de cada establecimiento.
El Triple Sello de la Sociedad Rural Argentina también fue inscripto en el registro oficial, aunque por ahora no brinda el servicio requerido por el Reglamento 1115. También fue financiado por la Unión Europea y apunta a otros aspectos del negocio no menos controversiales.
“El Sello de Triple Impacto posiciona a tu establecimiento como referente en sostenibilidad. Es mucho más que una distinción: es una puerta de entrada a nuevos mercados, alianzas estratégicas y oportunidades financieras. Y, sobre todo, pone en valor lo que hacés cada día en tu campo, mostrando al mundo la calidad y el impacto positivo de la producción argentina, con foco en la eficiencia y la resiliencia, contribuyendo a la seguridad alimentaria local y global”, explica la entidad gremial.
Bajo ese sello se ofrece la medición de balance de carbono de los campos, así como certificar las buenas prácticas, el bienestar animal, las condiciones laborales y ortos aspectos, pero no así la deforestación.
VesicaBiz, la última de las plataformas habilitadas por el gobierno, tampoco tiene entre sus objetivos las reglas EURD, sino que se postula para “acompañar a las organizaciones del sistema agroalimentario en la implementación de soluciones que agregan valor, apoyados en la cultura de la sostenibilidad, la trazabilidad y la calidad diferencial”.
Esta consultora fue fundada por el ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA y ex secretario de Agricultura del gobierno kirchnerista, Lorenzo Basso, junto a su hija Lorena Basso, quien es actualmente funcionaria del propio gobierno en la Secretaría de Agricultura, como responsable del área que se ocupa de evitar el desperdicio de alimentos.
Lorena, en abril de 2023, cedió sus acciones a Soledad Veiga Lamaison, quien se presenta como profesional independiente en agronegocios y ex asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, así como representante alterna de ese país ante el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), con sede en Buenos Aires.
