A partir de enero próximo, de no haber una nueva prórroga, cuando un importador europeo tenga que elegir a quién comprarle madera, soja o carne vacuna, la posibilidad de demostrar de dónde viene la mercadería puede pesar en la decisión.
Enrico Prezio, primer secretario de la sección de Economía y Comercio de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, planteó que -lejos de verlo como una amenaza- el Reglamento 1115 puede darles una ventaja a los proveedores argentinos que ya tengan documentado el origen de su producción.
“Toda la obligación se aplica al operador económico que pone el producto en el mercado europeo”, aclaró Prezio a Bichos de Campo durante un seminario forestal realizado en Posadas. En una operación de importación, es ese operador el que debe hacer la “debida diligencia” y presentar la declaración correspondiente de que es producto no proviene de un campo deforestado a partir de 2021,
Para hacerlo, explicó el diplomático, ese importador le va a pedir información al proveedor argentino. Ahí aparece la consecuencia comercial de una política ambiental clara: si un proveedor puede aportar los datos de origen y otro todavía tiene que reconstruirlos, el comprador tiene un motivo para elegir al primero. Allí cree el diplomático que el país podría sacar ventaja sobre otros proveedores.
Mirá la entrevista:
El Reglamento (UE) 2023/1115 alcanza a productos incluidos en su anexo, entre ellos varios de las cadenas de la madera, la soja y la carne vacuna. Exige que sean libres de deforestación y que se hayan producido conforme a la legislación aplicable del país de origen. La fecha de corte para la tala de árboles en los campos de origen es el 31 de diciembre de 2020.
Entre los datos que debe reunir el operador/importador está la geolocalización de las parcelas de producción o, para el ganado bovino, de los establecimientos donde estuvieron los animales a lo largo de su crecimiento.
En Misiones, Prezio puso como ejemplo a las empresas forestales que ya trabajan con estándares internacionales. Allí hay superficies certificadas para las que ya se delimitó y geolocalizó el terreno y se documentó la cadena de custodia. Parte del trabajo, entonces, está hecho.
La guía de la Comisión Europea admite que esas certificaciones aporten evidencia para evaluar el riesgo. La responsabilidad de verificar el cumplimiento sigue siendo del operador que coloca el producto en el mercado europeo.
El otro punto de discusión es que la Argentina figura como país de riesgo estándar y no de bajo riesgo, como pretendía. ¿Qué pasa con la soja o la carne que salen de zonas pampeanas donde nunca hubo monte y por lo tanto están naturalmente libres de deforestación?
Prezio defendió el uso de criterios comunes para todos los países y vinculó la clasificación argentina con la expansión de la agricultura hacia el norte. También dijo que la categoría puede revisarse, sin dar una fecha ni anticipar un cambio.
La Argentina ya cuestionó ante la Organización Mundial del Comercio que la evaluación no hubiera ponderado adecuadamente su normativa ambiental y sus sistemas de trazabilidad, monitoreo y geolocalización. Pero por ahora lleva las de perder.
Según el calendario de la Comisión Europea, el reglamento empieza a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para las empresas grandes y medianas y el 30 de junio de 2027 para la mayoría de las micro y pequeñas. Para Prezio, la ventaja de los exportadores que ya hicieron parte del trabajo se juega en el próximo pedido del cliente: cuando el importador tenga que respaldar su declaración, puede comprarle a quien ya esté en condiciones de entregarle esos datos.
