Pocas pulgas mostró el canciller Pablo Quirno al hablar de las restricciones comerciales que la Unión Europea impulsa para con sus proveedores, que cada vez deben cumplir mayores requisitos para exportar sus productos a ese destino.
En el caso argentino, lo que preocupa especialmente es la entrada en vigencia del Reglamento UE 1115, que busca impedir el ingreso de productos provenientes de tierras que haya sido deforestada después del 31 de diciembre de 2020. Su comienzo está estipulado para fines de este año, aunque los productores no pierden la esperanza de una nueva postergación, en línea con los antecedentes previos.
“Enfrentamos el Reglamento de Deforestación y el neoproteccionismo ambiental que expresa. Cuestionamos sus exigencias”, señaló el funcionario durante el encuentro de dirigentes y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Sin embargo, reconoció que desde el gobierno preparan “las herramientas necesarias para preservar las ventas de soja, carne y madera”, destacando particularmente el trabajo coordinado de la “Secretaría de Agricultura, la Rural, el IPCVA, CREA y CIARA-CEC”.
En esta línea, defendió la posibilidad de que los productores elijan las herramientas que utilizan para acreditar el origen de su producción, sin quedar condicionados a un único esquema de certificación.
“Esa defensa incluye la libertad del productor para elegir cómo proveer trazabilidad al importador europeo y también la de no quedar sujeto a esquemas extranjeros”, planteó Quirno.
Y agregó: “Existen distintos esquemas de trazabilidad. La competencia entre esas soluciones puede reducir costos y ampliar las alternativas disponibles”. A continuación, señaló que la Secretaría de Agricultura “creó un directorio que facilita, con la autorización del interesado, el acceso a la información pública para demostrar el origen y las condiciones de producción”.
El canciller también utilizó como antecedente el conflicto por el biodiésel argentino, luego de que la Comisión Europea propusiera clasificar a la soja como materia prima de alto riesgo por cambio indirecto del uso del suelo. Esa decisión podía excluir progresivamente al biodiésel de soja de las metas europeas de energías renovables.
“Una etiqueta redactada en Bruselas puede dejar una planta parada en Santa Fe”, advirtió el canciller.
Cabe mencionar que el Parlamento Europeo rechazó finalmente esa propuesta el pasado 8 de julio y desde entonces las empresas argentinas retomaron contratos de exportación. Según Quirno, el volumen comercializado alcanzó unas 250.000 toneladas.
“Estas discusiones muestran por qué la batalla cultural que conduce el presidente Milei tiene consecuencias económicas. Las ideas que inspiran una regulación terminan por decidir quién puede producir, a qué costo y en qué mercado”, cuestionó Quirno.
A continuación, el ministro sostuvo que las nuevas exigencias comerciales deben contar con fundamentos científicos y técnicos verificables, y remarco la importancia de evitar que las regulaciones ambientales se conviertan en barreras que afecten la competitividad de los productores.
“Vamos a sostener nuestros argumentos y a defender cada centímetro ganado en favor del libre comercio. Ese es nuestro mandato y lo cumplimos”, concluyó.
