La polémica por el sistema de trazabilidad ambiental VISEC Carne sumó un nuevo capítulo en La Pampa. El productor Carlos “Caico” Montoya denunció que, antes de un remate organizado por Hugo Fuentes en la localidad de General Acha, varios ganaderos fueron advertidos de que podrían recibir un precio menor por sus animales si no cuentan con la aprobación de esa plataforma. Según afirmó, la diferencia podría llegar al 10% y la exigencia responde a pedidos de los frigoríficos.
“Resulta que a la gente que manda hacienda le piden que tenga el VISEC, porque si no va a haber un precio diferencial. Es un pedido de los frigoríficos”, contó Montoya, indignado por una situación que, según sostuvo, ya está afectando a productores que necesitan vender sus animales para afrontar compromisos económicos.
El episodio se produce en medio de una controversia creciente entre la industria frigorífica y las entidades rurales por la utilización de esta herramienta, que busca acreditar la trazabilidad socioambiental de la carne destinada a mercados con exigencias ambientales. El temor de los ganaderos es que la adhesión a una plataforma que formalmente no es obligatoria termine convirtiéndose en una condición comercial de hecho, con descuentos para quienes no consigan completar el trámite o no obtengan la validación correspondiente.
Montoya aseguró que el malestar entre los productores que tenían previsto vender su hacienda en el remate pampeano era generalizado. “Hay gente que tiene hasta cinco lotes para vender porque necesita pagar cosas. Ante esto están como locos”, relató.
Según su denuncia, el consignatario Hugo Fuentes incluso habría ofrecido camiones sin costo para retirar los animales ante las dificultades que enfrentaban algunos vendedores. La situación, tal como la describió Montoya, expone la incertidumbre que genera la posibilidad de que una exigencia vinculada con la comercialización internacional termine repercutiendo sobre el precio que recibe el productor en un remate.
Montoya afirmó que también hay ganaderos que iniciaron el trámite y que, pese a ello, no consiguen la aprobación necesaria para obtener la llamada “bandera verde”.
El motivo sería que los campos donde se criaron los animales registran antecedentes de incendios. Según el productor, se trataría de fuegos naturales que afectaron algunas zonas de La Pampa y que ahora podrían impedir que esa hacienda consiga la validación requerida para ingresar al circuito comercial pretendido.
“Hay gente que está anotada en el VISEC, pero no le da bandera verde porque ha sufrido desmontes. ¿Cuál es el desmonte que han sufrido? Han tenido incendios naturales que han pasado por algunos campos”, cuestionó.
El caso de La Pampa se suma a los cuestionamientos que ya habían surgido en otras regiones ganaderas. El frigorífico exportador Gorina comunicó a sus proveedores que, desde el 1 de noviembre, los establecimientos de origen de los animales destinados a la Unión Europea debían estar inscriptos en VISEC Carne. La empresa advirtió que la falta de cumplimiento podía derivar en la comercialización de esa hacienda en otros mercados y en una desvalorización que se reflejaría en el precio de compra.
La decisión confirmó una de las principales preocupaciones de los productores. Aunque la inscripción en VISEC se presenta como voluntaria, los frigoríficos pueden establecer condiciones para organizar sus exportaciones y, si consideran que una tropa no reúne los requisitos documentales necesarios para un destino determinado, buscarle otra salida comercial.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionó el uso de VISEC como argumento para pagar menos por la hacienda y sostuvo que los frigoríficos no deberían convertir una exigencia comercial en una penalización para el productor. También reclamó que se contemplen otros mecanismos capaces de acreditar el cumplimiento de las condiciones ambientales requeridas por los compradores internacionales.
Dirigentes de CARBAP y CARSFE plantearon objeciones similares y advirtieron sobre el riesgo de que una plataforma específica se transforme en una condición excluyente para comercializar animales, incluso cuando existan otras herramientas de trazabilidad.
El origen de esta discusión es el Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea, conocido como EUDR, que establece requisitos para impedir la comercialización de determinados productos vinculados con la deforestación. En el caso de la carne bovina, la normativa contempla la obligación de demostrar que los productos no proceden de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, además de exigir el cumplimiento de otras condiciones de legalidad y trazabilidad.
La regulación europea no establece que VISEC sea la única plataforma que puedan utilizar los operadores para respaldar el cumplimiento de esos requisitos. En Argentina existen otros mecanismos de verificación, entre ellos TraceStory, que también buscan facilitar la documentación necesaria para acceder a esos mercados.
Sin embargo, la existencia de alternativas no garantiza que todos los frigoríficos las acepten ni que los productores puedan utilizarlas indistintamente para vender sus animales. En la práctica, cada exportador necesita contar con información que considere suficiente para respaldar sus operaciones, y sus decisiones pueden afectar el destino comercial de la hacienda.
Montoya aseguró que mantuvo una conversación con Gastón Funes, agregado agrícola ante la Comisión Europea, y sostuvo que la implementación del reglamento todavía presenta cuestiones pendientes. Sus afirmaciones sobre el estado de aplicación de la norma requieren distinguirse de las decisiones comerciales que los frigoríficos ya están comunicando a sus proveedores.
En un video, Montoya apuntó contra lo que considera una presión indebida para que los ganaderos se incorporen a VISEC y advirtió que el problema excede el costo del trámite.
“Los frigoríficos te dicen que no te van a comprar si no estás en el VISEC, o que te van a dar un precio discriminatorio. Todavía no tenés la obligación”, planteó.
Y agregó que los productores deberían poder vender su hacienda con diferencias de precio determinadas por la calidad y la categoría de los animales, no por su pertenencia a una plataforma.
“Esto es una extorsión, lisa y llanamente”, afirmó.
