El próximo 30 de diciembre comenzará a regir plenamente el Reglamento Antideforestación de la Unión Europea (EUDR 1115/23), que obliga a demostrar que ciertos productos importados como carne bovina, soja, madera, caucho, cacao, café y palma aceitera no provienen de superficies deforestadas.
Y aunque Argentina comenzó a prepararse a través del sistema Visec, mediante el cual se podrán certificar embarques de soja y carne que partan hacia ese destino, hay quienes rechazan la presión que se ejerce sobre los productores para cumplir con esta normativa, que ya fue postergada en dos ocasiones.
Eso fue lo que 47 rurales, asociaciones y productores privados dejaron de manifiesto en un reciente comunicado, en que el llamaron a “no adherir” a ese sistema, considerando que “la única ley válida es la 26.331” (la Ley de Bosques de Argentina).
“Ante los inconvenientes que se están registrando en la comercialización, y frente a la inminente tercera postergación del Reglamento UE 1115 en Bruselas, se reactivó la presión de frigoríficos y exportadoras para que productores adhieran a ViSEC a cambio de un supuesto plus y bajo exigencia de certificados que no tienen sustento legal hoy ni en la UE ni en Argentina”, reza la misiva.
Cabe aclarar que, hasta el momento, el bloque europeo no dio señales de que la entrada en vigencia de esa normativa vuelva a ser aplazada. Incluso, en los últimos meses, se han aprobado ciertas simplificaciones con el objetivo de que su implementación se efectivice de una vez.
De todos modos, sí es cierto que todavía son pocos los operadores que están en condiciones de suministrar a los importadores europeos toda la información requerida sobre el origen tanto sus producciones.
Bichos de Campo contaba, semanas atrás, el caso del sector ganadero local. Mientras que Argentina tiene alrededor de 250.000 productores agropecuarios, a los que deben sumarse feedlots, frigoríficos y otros operadores, según trascendidos, apenas unos 12.000 operadores se encuentran actualmente adheridos a los sistemas que permiten avanzar con la certificación exigida por Europa.
Uno de los principales reclamos de las entidades que ahora vuelven a pronunciarse tiene que ver con la propia figura de Visec.
“No es una plataforma, es una asociación privada que busca reemplazar al Estado. ¿Para qué está el SENASA? o ¿La SAGPyA? O mejor dicho: ¿para qué necesitamos un ViSeC? ¿Por qué le damos tanto poder a un grupo de personas? El ViSeC es financiado por la Unión Europea, AL-Invest Verde, Global Gateway, junto con The Nature Conservancy, Tropical Forest Alliance, Peterson, Land Innovation Fund y la cámara exportadora CIARA”, indicaron.
Y añadieron: “No es un organismo público argentino. Pero usa datos oficiales, certifica y condiciona a los productores como si lo fuera. Pide acceso a información productiva protegida por secreto fiscal. Pide datos extra que ni siquiera exige la resolución europea. La Unión Europea nunca pidió certificar, sólo geolocalización”.
A continuación, y en línea con anteriores comunicados, aseguraron que “un resplandor no es claridad” y exigieron respuestas de parte de las autoridades.
“Como sector agropecuario, queremos saber: ¿Qué pasa? ¿Para qué tenemos esto? ¿Quién pidió esto? Estas decisiones constituyen un claro cepo al futuro productivo argentino, en favor de otros intereses, ¡que rechazamos definitivamente! Esperamos de nuestras entidades gremiales una postura contundente en oposición a estas intenciones. Las que claramente están en contradicción con las acertadas posturas del Presidente de la Nación en esta materia”, concluyeron.
El comunicado lleva la firma de la Sociedad Rural de Baradero, la Sociedad Rural de San Pedro, la Sociedad Rural de Colón, la Sociedad Rural de Lincoln, la Sociedad Rural de Santa Fe, la Sociedad Rural de La Criolla, la Sociedad Rural de Rojas, la Sociedad Rural de Capitán Sarmiento, la Asociación Regional de Productores de Areco, la Comunidad Islera Asociación Civil de Entre Ríos (CIAC), la Sociedad Rural de Pampa del Indio, la Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe, la Sociedad Rural de General Pinto, la Sociedad Rural de Rosario, la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte, Fundazul, la Sociedad Rural de Sáenz Peña, la Sociedad Rural de Villa Ángela, la Sociedad Rural de Villa Berthet, la Sociedad Rural de Almirante Brown de Pampa del Infierno, la Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela, la Sociedad Rural del Norte Chaqueño de Tres Isletas, la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, la Sociedad Rural de Buchardo, la Asociación de Fomento Rural de Vicuña Mackenna, la Red Nacional de Productores Autoconvocados y Soluciones para el Campo, de la zona de Azul, Olavarría, Rauch y Tandil.
A estas entidades se suman las firmas particulares de Martín Sturla, César Pereyra, Catalina Melon Gil, Federico Vignale, Jorge Mercau, Guillermo Farbman, Alberto E. del Solar Dorrego, Laura de Hertelendy, José Luis Schahovskoy, Guillermo Estragamu, Marcos Fabián Viter, Alejandro Mendia, Inés Bosisio, María Susana Azzi, Pablo Iramain, Mercedes Lalor, Juan Martín Perkins, Francisco Z. Santillán, Ángeles Minola y Zuberbuhler Santos.
