La fruticultura de Río Negro y Neuquén no solo exporta peras y manzanas, sino también una importante carga impositiva que queda incorporada en cada caja enviada al exterior. Así lo mostró un informe elaborado por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), que arrojó que los costos fiscales que soporta el sector, una vez descontados los reintegros vigentes, equivalen al 23,30% del valor FOB de sus exportaciones.
Con ese argumento, las empresas nucleadas en la entidad elevaron al Gobierno nacional un pedido para revisar el esquema de devoluciones a las exportaciones. El planteo está respaldado por un estudio de costos fiscales que la entidad actualizó en octubre de 2026, en el que calculó el peso de los distintos impuestos y contribuciones sobre los costos de la actividad, desde las tareas realizadas en las chacras hasta la llegada de la fruta a los mercados internacionales.
Según ese relevamiento, la carga fiscal total que soporta la actividad equivale al 28,05% del valor FOB de sus exportaciones. Sin embargo, las empresas reciben actualmente reintegros por el equivalente al 4,75%, por lo que una parte considerable de esos costos no es compensada por el mecanismo vigente.
Ese peso fiscal no responde a un único impuesto, ni implica que las empresas deban pagar un tributo específico por cada caja que exportan. Por el contrario, se trata de una sumatoria de gravámenes y contribuciones que se acumulan a lo largo de las distintas etapas de la cadena frutícola, desde la compra de insumos y las labores en las chacras hasta el empaque y la salida de la mercadería hacia el exterior.
El informe identifica que el componente de mayor peso son las contribuciones a la seguridad social, que representan el equivalente al 14,26% del valor FOB exportado. A ellas se suman los impuestos indirectos, con una incidencia del 8,65%, el IVA que las empresas no logran recuperar, que representa otro 4,36%, y otros gravámenes menores.
Dentro de los impuestos indirectos, el de mayor incidencia es Ingresos Brutos, cuyo peso equivale al 5,1% del precio FOB. Su impacto no se limita a lo que pagan directamente los productores y las empresas de empaque, sino que también incluye los costos impositivos que les trasladan sus proveedores. Así, los tributos abonados en las primeras etapas de la cadena se incorporan a los precios de los bienes y servicios que luego utiliza la actividad.
A ello se suman las tasas municipales, que representan el 1,8% del valor exportado, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, con una incidencia del 0,7%, y otros gravámenes de menor participación.
El problema es que las empresas tienen poco margen para trasladar esos mayores costos a los precios de venta, ya que deben competir con fruta de otros países en mercados donde las cotizaciones están determinadas por la oferta y la demanda internacional.
Otro de los resultados del estudio muestra las dificultades que atraviesa la actividad para alcanzar una rentabilidad positiva. A partir de un precio FOB de referencia de 0,829 dólares por kilo, calculado sobre los valores de exportación de peras y manzanas de 2025, CAFI estimó un resultado bruto de explotación negativo del 6,19%. Al incorporar las depreciaciones de instalaciones, maquinarias y otros activos utilizados en la producción y el empaque, el resultado operativo también resulta negativo, en un equivalente al 23,76% del precio de exportación.
Frente a ese escenario, las empresas nucleadas en CAFI buscan que el Gobierno revise los reintegros que reciben por sus exportaciones. El argumento central es que las devoluciones actuales, equivalentes al 4,75% del valor FOB, quedan por debajo del 8,65% que representan los impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso productivo y comercial. La diferencia es de 3,9 puntos porcentuales.
La pretensión de estos exportadores no es recuperar mediante reintegros la totalidad de los costos fiscales identificados, sino avanzar en la compensación de los impuestos indirectos que hoy quedan incorporados al costo de exportación.
Entre las propuestas barajadas, CAFI sugirió mantener el cálculo de los reintegros como un porcentaje del valor FOB de cada embarque, tal como ocurre actualmente. Otra alternativa consiste en establecer un monto fijo en dólares por cada kilo de fruta exportado, en lugar de calcular la devolución como un porcentaje del valor de cada embarque.
También se analiza una modificación en la forma de pago. Además de conservar el mecanismo de devolución en efectivo, CAFI propone evaluar la utilización de certificados de crédito fiscal transferibles. Estos instrumentos permitirían a las exportadoras acceder a liquidez mediante su transferencia a otros contribuyentes, que podrían emplearlos posteriormente para cancelar determinadas obligaciones tributarias.
