El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, ya realizó la tarea para que le encomendó el gobierno libertario y quitó casi todas las funciones relevantes que tenía ese organismo creado por ley, en especial fijar un precio de referencia para que los molinos no se abusen de los pequeños productores. En ese trajín desregulador, se sigue recaudando de cada paquete de yerba que sale al mercado, pero la plata ahora irá a costear viajes para promocionar el producto en el exterior.
Tan esforzada parece la tarea de Correa y la mayoría de los directores que representan a diversos eslabones de la cadena yerbatera -y que han dado su aval a esta transformación- que el INYM necesita tener funcionarios probos y de gran confianza, que velen por un correcto cuidado de los recursos públicos. Por eso no sorprendió que días atrás se nombrara como nuevo auditor del Instituto nada menos que a quien había sido hasta ahí su gerente general. ¡Quién mejor para controlar una gestión que quien la venía llevando a cabo!
Se trata del contador Sebastián Nicolás Pratto. El tipo fue elegido de entre 12 candidatos posibles pese a una evidente incompatibilidad, pues era quien venía desempeñándose como gerente. Como nuevo auditor, ahora debería abstenerse de intervenir en auditorías sobre expedientes, contrataciones, pagos, registros y operaciones en los que haya participado. O cerrar los balances sin mirar demasiado.
Primera impugnación. En las últimas horas, Nicolás Silvero, abogado, contador público y uno de los participantes del concurso para el cargo de Auditor Interno, presentó una medida cautelar autónoma ante el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.
El recurso, de 33 páginas, solicita la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución 109/2026, mediante la cual el Directorio del IINYM aprobó el nombramiento de Pratto en dicha área. No hay que rascar mucho para advertir que la maniobra de Correa -quien a su vez fue designado por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta- para designar a su principal colaborador como auditor interno.
Este es el recurso judicial:
Argumenta el denunciante a las fechas en que fueron aprobadas las bases del concurso. Según detalló, el llamado público fue difundido los días 16 y 18 de julio, mientras que la Resolución 77/2026, mediante la cual el Directorio aprobó formalmente el perfil del puesto y sus requisitos, fue dictada recién el 30 de julio. Esto indicaría que todo ya estaba medio encaminado y que todo fue una mascarada para simular una competencia.
Pero los escándalos no terminan ahí, y son tan escandalosos que Correa tendría pensado modificar el nombre del INYM, que pasaría a denominarse Instituto de Nominaciones y Méritos (es chiste, obvio, pero quién dice).
En una reñida elección entre los miembros del directorio, días atrás, se decidió también seleccionar como nueva gerenta general, en reemplazo del contador Pratto, a Rosana Biale. Su postulación había sido muy resistida porque se trata de una ex empleada, que ya había ocupado ese cargo anteriormente y que mantuvo un conflicto laboral, para luego cobrar una suculenta indemnización -en agosto de 2024, es decir ya con los libertarios en el poder- de más de 40 millones de pesos.
La mujer había ocupado anteriormente distintos cargos jerárquicos dentro del Instituto, entre ellos la Gerencia General y la Gerencia de Modernización. En 2021 fue suspendida preventivamente y, tras una serie de actuaciones administrativas y reclamos laborales, se consideró despedida. En noviembre de 2022 inició una demanda contra el organismo, que fue ceerrada casi dos años después con esa jugosa indemnización.
El sitio periodístico misionero Primera Edición reveló en las últimas horas que, en medio de esta controversia, un telegrama fechado este lunes incorporó un dato hasta ahora desconocido sobre la situación laboral de Biale. “El documento, dirigido al Ministerio de Producción del Gobierno de Corrientes, indicaría que la contadora habría mantenido un vínculo laboral con esa dependencia provincial, al que comunicó su renuncia con efectos desde la misma jornada”.
La aparición de este antecedente toma importancia por la participación de Corrientes en el INYM, cuyo Directorio cuenta con representación de esa provincia junto con Misiones, el Gobierno nacional y los distintos sectores de la actividad yerbatera.
