En Fernández Oro, localidad de la costa oeste del Alto Valle rionegrino, un intento de loteo sobre chacras bajo riego traza genera discordias políticas. Se trata de un proyecto mediante el cual el propio intendente, Gustavo Amati, busca generar unas 1500 parcelas a partir de 84 hectáreas productivas destinadas a vivienda social, pero a contramano de lo que dicta el propio ordenamiento provincial, lo que debate la región y lo que advierten desde el sector frutícola y agrícola en general.
Inicialmente, a sabiendas de que ni siquiera sus propios ediles apoyarían un proyecto de ese tenor, el mandatario había propuesto llevar adelante una “audiencia pública” para que los propios vecinos se expresaran al respecto. Pero una reciente ordenanza impulsada por concejales de su partido complica sus planes y lo obliga a reescribir los planes, aunque sin claudicar en sus esfuerzos.
En medio de un importante crecimiento demográfico, motorizado principalmente por el impulso de Vaca Muerta, en la región se discuten iniciativas para frenar el avance de los proyectos inmobiliarios sobre las chacras productivas y evitar que la presión sobre el suelo termine de expulsar a productores y familias de la región. En el caso de Neuquén, el oficialismo provincial busca impulsar una ley propia, y en Río Negro los productores insisten por una propuesta análoga.
Pero en Fernández Oro parece regir otro diagnóstico porque, desoyendo esos debates, el oficialismo local impulsa una iniciativa contraria: avanzar con una propuesta de desarrollo urbano sobre chacras bajo riego, con un loteo que tiene como destino la entrega de terrenos a las familias que no pueden afrontar los precios que hoy maneja el mercado inmobiliario.
Como el proyecto busca lotear unas 84 hectáreas ubicadas sobre la ruta 65 y en el límite con la localidad de Allen -en plena zona productiva- exige introducir un cambio en el Código de Ordenamiento Territorial: que de “zona rural reservada para futuras expansiones” pase a considerarse “zona especial de lotes accesibles”, que permita subdividir la tierra más allá de los límites dispuestos en la región y favorecer la construcción de viviendas sobre suelos fértiles.
Inicialmente, el intendente local, Gustavo Amati, planeaba lanzar este mismo martes una “audiencia pública” para que los vecinos de Fernández Oro dieran su visto bueno -o no- a la propuesta. Sería un intento de “condicionar” la posterior decisión del Concejo Deliberante, donde sabe que carece de apoyo.
Pero el poder legislativo local se adelantó a sus planes y acaba de declarar la emergencia de la Zona Rural Irrigada en la sesión del pasado jueves. Lo curioso es que no sólo la ordenanza fue aprobada por unanimidad, sino que fue impulsada por la concejal Marina Marini, del propio oficialismo local (Juntos Somos Río Negro – Todos Somos Oro).
Es decir que ni los propios se mostraron dispuestos a apoyar los planes del intendente.
Según reconstruyó el medio Más Producción, en el debate local el argumento más fuerte lo constituyeron los datos. De acuerdo a lo que dicta el código urbano, señalan que aún quedan unas 489 hectáreas para urbanizar dentro de lo permitido a nivel local, sin necesidad de introducir nuevos cambios o avanzar sobre zonas productivas.
Desde la vereda del frente, el municipio argumenta que esa reserva ya está condicionada por el negocio inmobiliario, por lo que el precio de los lotes no son accesibles para cualquier familia. Y, por ello, proponen crear su propio “Banco de Tierras” a partir de unas 1500 parcelas en 84 hectáreas.
En todo caso, a tono con la ley provincial que impulsan las cámaras de productores y el oficialismo que responde al gobernador Weretilneck, el Concejo Deliberante de Fernández Oro aprobó su propio freno al loteo masivo. Y, a fin de cuentas, los dardos pegaron en el Poder Ejecutivo local.
“El debate no es si existen o no terrenos disponibles. Terrenos hay. El problema es cuánto cuestan y quién puede pagarlos. Gran parte de la tierra urbanizada o urbanizable ya se encuentra dentro del circuito inmobiliario privado, con valores completamente alejados del salario de una familia trabajadora”, señaló en sus redes sociales el coordinador de Gabinete, Martín Rebaliatti, quien protestó contra la decisión de los legisladores.
“Esta ordenanza no limita el crecimiento. Hay que pensar en Fernández Oro de acá a 20, 30 o 50 años. Es una locura querer tapar las acequias”, le respondió la concejal Marini, de su propio partido, en Radio LVO La Voz de Oro 88.7.
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Según confirmó el propio municipio las últimas horas se decidió suspender la audiencia pública que iba a lanzarse esta tarde. Eso no quita, sin embargo, que abandonen sus planes, pues el mandatario confirmó a Diario Río Negro que continuarán con la iniciativa, a la que readecuarán tras la ordenanza aprobada.
“Vamos a frenar la audiencia por el momento. Estamos llevando otra estrategia, otro plan B, estamos hablando con otros propietarios para sostener el programa”, señaló el intendente al medio regional.
