En los últimos días se abrió un debate álgido en el sector productivo y en concreto en el ganadero, tras conocerse el proyecto de ley que elaboró el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, de convertir en voluntarios los fondos que pagan los productores para financiar el IPCVA.
En concreto, el ministro favorito del presidente Javier Milei propone reemplazar el artículo 14 de la Ley 25.507 y modificar de raíz el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). La iniciativa crea un “Fondo de Promoción de Carne Vacuna Argentina” que se integraría con aportes voluntarios de personas físicas o jurídicas, herencias, donaciones y legados, ingresos por servicios de asistencia técnica y capacitación, y las rentas generadas por esos mismos recursos.
El cambio central es que el aporte que hoy realizan de manera obligatoria productores y frigoríficos por cada cabeza bovina faenada —unas 12 o 13 millones de cabezas por año, con un valor de referencia históricamente equivalente a un kilo de novillo en el mercado de Liniers— pasaría a ser voluntario. Ese esquema compulsivo sostiene desde 2002 al IPCVA, que recauda unos 15 millones de dólares anuales para promover el consumo de carne argentina, un 70% en el mercado interno y un 30% en los países importadores.
El anuncio se conoció en un almuerzo de Sturzenegger con la cúpula de la Sociedad Rural Argentina en el marco de la Exposición Rural de Palermo, y generó rechazo en gran parte de la cadena de ganados y carnes, que considera que la voluntariedad del aporte equivale, en la práctica, a la disolución del Instituto.
De hecho, las entidades de productores y de la industria de la carne rechazaron esta idea y elaboraron un comunicado conjunto para expresar la preocupación sobre el futuro de este instituto luego de quedar desfinanciado.
Paralelamente, la propuesta encontró eco en algunas entidades rurales del interior y en sectores díscolos del ruralismo —productores autoconvocados o simplemente ganaderos críticos del IPCVA— que sostienen que el instituto “no sirve para nada”.
En este marco, las autoridades de la provincia de Córdoba se manifestaron al respecto, y abonaron el bando de los que rechazan la medida del pelado ministro nacional. Consultados en pleno desarrollo de la Expo Rural de Buenos Aires, el gobernador Martín Llaryora dejó que esa pregunta la conteste su ministro, Sergio Busso, quien expresó el rotundo rechazo.
En diálogo con el sitio Valor Agregado Agro, Busso expresó: “Cualquier idea de cambio tiene que ser consensuado. Y hay cambios que creo que pueden ser positivos, pero hay otros que creo que realmente generan un montón de rispideces, y generan un profundo desconocimiento de la realidad. Por ejemplo, el caso de la IPCVA, concretamente. Romper la posibilidad de que nuestra carne tenga la chance de ser conocida en el mundo a través de una promoción que haga un instituto compartido por el Estado y por los privados, me parece una exageración fuera de lugar, y no encuentro la motivación”.
“Si la motivación es sacarle la pata de encima al campo, al productor, hay que ser coherentes y sacarle las retenciones que paga el sector ganadero y después hablamos de lo otro. Vos no podés decir que estás tratando de apoyar, de aliviar el peso de una obligación a los productores y dejás las retenciones o dejás el impuesto al crédito y al débito. Me parece que son más cuestiones de generar algunas iniciativas que generan ruido para decir ‘soy el desregulador, vengo a construir un estado distinto’. Me parece que los extremos no hacen bien”, agregó el ministro de Bioagroindustria de Córdoba al colega Germán Tinari.
A su vez, el cordobés que habla también en representación del gobernador Llaryora, se mostró particularmente en contra del proceso desregulador que emprende el gobierno nacional. “Nosotros necesitamos sumar, no restar. Este país lo que necesita es consenso, no que no haya iniciativas que generen rechazo. Como esa ley hojarasca, que hay un poco de todo y uno las tiene que leer bien, porque te encontrás con alguna sorpresa. Hay que tener mucho cuidado. Creo que las cuestiones hay que consensuarlas, discutirlas, transparentarlas, y que tengan realmente una demanda de parte del sector privado. No tiene que ser demanda del Estado. El Estado tiene que un poco escuchar y hacer lo que el sector privado quiere. No que a mí se me ocurra hacer algo y después el sector privado se encuentra con una decisión distinta. Me parece que hay que aprender, hay que escuchar mucho, y a partir de escuchar, poder llevar adelante normativas e iniciativas como esta”.
En las últimas horas, el analista ganadero Andrés Halle lanzó una consulta informal en la red social X sobre si el aporte debiese ser obligatorio o voluntario, que recibió alrededor de 145 respuestas. El 85% se inclinó por la postura desreguladora que impulsa Sturzenegger, mientras que solo el 15% mostró comprensión con la posición de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, que defienden lo actuado por el instituto en la apertura de nuevos mercados —como Estados Unidos, gracias a viajes de Senasa financiados por el IPCVA— y comparan su presupuesto acotado con el de países como Australia o Estados Unidos.
La fractura no es generalizada, pero sí visible incluso dentro de las propias entidades: la Sociedad Rural de Santa Fe emitió un comunicado que cuestiona a sus propios representantes provinciales y nacionales por sostener la continuidad del IPCVA tal como está, al sostener que el productor santafesino no fue consultado y rechaza seguir financiando de forma obligatoria a un instituto que, según ese texto, no rinde cuentas ni representa sus intereses.
Cuál es la noticia? Si le preguntan a un tipo que toda la vida vivió de la política que creen que va a responder? Un burócrata siempre tendrá una excusa para su burocracia. Ni un paso atras contra los curros