En un ejercicio de eficiencia que no calificaría ni en la más paupérrima y elefantiásica empresa del sector privado, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) finalmente, luego de casi dos años, procedió a autorizar la compra de Stoller por parte de Corteva al considerar que no existe concentración económica en la operación.
A fines de noviembre de 2002 una de las tres más grandes compañías globales de insumos y tecnologías para el agro, Corteva Agriscience, anunció un acuerdo para comprar Stoller Group, una de las empresas líderes en el negocio de los productos biológicos destinados al sector agropecuario.
Las filiales argentinas de ambas empresas anunciaron el perfeccionamiento de esa operación el 1 de marzo de 2023 y lo notificaron el 6 de ese mismo mes a la CNDC.
Increíblemente, la CNDC se tomó casi veinticuatro meses para dictaminar que “dadas las bajas participaciones de mercado de los productos de la empresa objeto, el refuerzo de la integración vertical no tendría efectos nocivos desde el punto de vista de la competencia”.
Por ejemplo, con respecto a los coadyuvantes, la CNDC, considerando lo facturado por ventas durante el 2022, indicó que la participación de Corteva fue del 0,34%, mientras que en el caso de Stoller se ubicó en el 0,02%, “por lo que el potencial impacto horizontal que pudiera tener esta operación en este mercado es muy poco significativo”.
Además, luego de una rigorosa investigación, la CNDC descubrió que “Stoller se especializa en la formulación de productos de origen biológico más que en los de origen químico, como en el caso del grupo comprador y, asimismo, la presencia de los productos que formula la firma Stoller Argentina en los mercados en los que participa es limitada, con participaciones poco significativa en todos ellos”.
La falta de eficiencia de un organismo como la CNDC puede parecer jocosa pero dista mucho de serlo, porque en ese organismo se requiere un accionar rápido para no entorpecer procedimientos legales y regulatorios que afectan al sector privado.
Ayer lunes, por medio de la resolución 7/2025 el gobierno dio formalmente de baja el proceso licitatorio del servicio de dragado y señalización de la Hidrovía del Paraná y ordenó “a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a realizar un informe pormenorizado del procedimiento licitatorio y remitir las actuaciones a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.
Esa medida fue tomada, según declaró el vocero Manuel Adorni, para investigar “una posible presión por parte de la única oferente sobre el resto de las empresas o la existencia de una presunta asociación ilícita en perjuicio de Estado nacional y de los productores argentinos” en referencia al hecho de que se presentó un solo oferente a la licitación, razón por la cual fue dada de baja.
