En los últimos días la tensión en torno al consumo de agua volvió a copar las discusiones de los productores y viñateros sanjuaninos. Y es que el director del Instituto de Agua de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), Luis Jiménez, sugirió que era necesario actualizar la modalidad de cobro y las tarifas públicas de ese recurso, ya que la forma en que se distribuye actualmente provoca desfasajes en los costos, deudas y no favorece el ahorro.
El comentario de Jiménez, especialista que ya ha prestado servicios en la función pública como secretario de recursos Hídricos, surgió a partir de un trabajo de esa universidad, en el que se calcularon los costos del agua tanto para consumo humano, riego agrícola y para generación de energía hidroeléctrica. Medios provinciales indicaron que, según ese estudio, los usuarios pagan los costos de potabilización con la tarifa que abonan, mientras que los productores pagan un canon fijo por hectárea y no por metro cúbico, lo que supone una distorsión.
“En la medida en que se evolucione a medir por m3 el agua pública, las tarifas se acercarán de mejor manera a los costos reales”, dijo el ex funcionario. El repudio de los productores y entidades representantes de los viñateros no tardó en llegar.
“El Código de Agua de San Juan, fijado por la Ley 4.392, habla en su artículo 17 de la gratuidad del agua. El agua es gratis y no tiene costo de producción porque viene del deshielo por los ríos. Lo que sí se paga todos los años es la tasa retributiva de servicio, que algunos le llaman canon aunque no sea así. Canon aplicaría si se tratase de un impuesto y esto no lo es. Se habla de tasa retributiva porque es para hacer los servicios de monda y limpieza de los canales. Eso se paga dependiendo la zona y la cantidad de hectáreas, pero ronda los 4.000 pesos por hectárea por año”, explicó a Bichos de Campo Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros.
“Jiménez dijo que el agua habría que pagarla por metros cúbicos y es una tontera, porque el agua potable en San Juan, que sí tiene un costo de purificación, en los únicos lugares en donde se cobra es en las periferias de la provincia donde están las juntas vecinales que manejan el recurso. Ahí hay medidores colocados y se cobra en función de ellos. Ahora bien, en el centro de San Juan, donde supuestamente estamos los más pudientes, se cobran 1.000 pesos por mes y usas el agua que quieras. Vos pasas y ves personas regando el asfalto. ¿No habría que regular eso?”, se preguntó el viñatero.
La crisis hídrica que atraviesa San Juan desde hace casi cinco años hace que la discusión sobre la administración del recurso agua sea siempre una cuestión astillosa. Este año por ejemplo, el Concejo de Hidráulica determinó que entre el 13 de abril y el 21 de agosto no se destinaría agua de los diques para el sistema de riego provincial. Eso provocó la desesperación y enojo de muchos productores que temieron por sus cultivos y animales.
Según las organizaciones de productores se estima que en los últimos tres años la provincia perdió aproximadamente seis millones de kilos de uva, es decir casi una cosecha completa, por la sequía.
“Lo que yo creo que ocurre es que el gobierno está tanteando el terreno para hacer avisos porque siempre intentó privatizar el agua de riego. Yo interpretó que están viendo cómo reaccionarían los regantes. Y lo cierto es que ellos deberían haberse acordado antes del tema y haber hecho algo como lo que propusimos nosotros, pero no nos dieron bolilla”, señaló Garcés.
En 2018 cuando la provincia propuso el Plan Estratégico 2030 para la década, la Federación de Viñateros, que fue invitada a la reunión, planteó la necesidad de poner en funcionamiento 300 perforaciones para extraer agua subterránea, que proveerían de un caudal de 100 litros por segundo.
“Nos dijeron que no había 300 perforaciones del Estado. Sin embargo, sí hay perforaciones privadas donde han quedado obsoletos los equipos de bombero pero no así las perforaciones. Hacer una perforación sale entre 20 y 30 millones de pesos, y el equipo de bombeo sale entre 1.5 y 2 millones. Es un 10%. Desde ese entonces habrán puesto en marcha 50 perforaciones con un caudal de 50 litros por segundo”, afirmó el sanjuanino.
-Ustedes también han presentado iniciativas para entregar el agua presurizada en las fincas. ¿Cómo sería ese sistema?– le preguntamos.
-Hemos planteado hacer en el dique Punta Negra, que tiene 200 metros más de altura respecto a la parte más alta del Valle de Tulúm, un sistema de cañerías para que el agua venga presurizada y no se necesite gastar en energía, ya por la altura sobra presión. Allí sí cabría la instalación de medidores y se podría tener riego por goteo sin ningún costo más que el agua.
-¿Qué les dijeron?
-Nos dijeron que era una obra faraónica. Yo soy Director Adjunto de Economías Regionales de Came y me junto con gente de todo el país. En el último plenario que tuvimos a mediados de marzo me entero por la gente de Salta que habían hecho un riego para 22.000 hectáreas, similar a nuestra propuesta, y que habían gastado 40 millones de dólares. Nosotros no proponemos hacer las 100.000 hectáreas de un día para el otro, pero hacer de a 10 mil por año podría ser una opción. Arranquemos con una cañería madre y vayamos ramificando de a poco. Nos dicen que no y sin embargo están construyendo un nuevo dique por 2 mil millones de dólares. Para eso sí hay dinero.
Según publicó el Diario de Cuyo en agosto, de los 580 millones de pesos que el Departamento de Hidráulica puso al cobro en el 2022 en concepto de canon de riego, los productores sólo habían pagado 90,5 millones, es decir que adeudaban al organismo el 85% del monto destinado al mantenimiento de la red de riego. Y sumando la deuda que viene de años anteriores, el rojo del ente ascendía a los $1.090 millones.
Tras este revuelo generado por los rumores del cobro del recurso, Garcés indicó a Bichos de Campo que se puso en contacto con las autoridades de la Universidad Católica de Cuyo. Estas señalaron que Jiménez no había sido autorizado para anunciar esa posibilidad y se mostraron molestos ante sus dichos.
