El proyecto para castigar el vandalismo rural logró este martes dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de Diputados, y quedó en condiciones de llegar al recinto. La iniciativa es del diputado pampeano Martín Ardohain (PRO), que preside la comisión de Agricultura y fue quien dio la noticia en su cuenta de X: “Hay dictamen en comisión para el proyecto de ley que pena el #vandalismorural. SERÁ LEY”.
Ardohain explicó en el mismo mensaje cómo imagina el efecto de la norma: “A partir de la sanción de esta ley, vos vas a ser dueño de lo tuyo, y el que entre a una propiedad privada va a tener que entrar con permiso. Si no, va a estar cometiendo un delito penal”. La Fundación Barbechando, una de las organizaciones que habían expuesto a favor del proyecto en la comisión, también lo celebró en redes y señaló que “el proyecto avanza al recinto de Diputados para ser aprobado”.
Hay dictamen en comisión para el proyecto de ley que pena el #vandalismorural .
SERÁ LEY💪 https://t.co/jCFmANxWQB
— Martin Ardohain (@catoardohain) October 6, 2026
El plenario se hizo en el Anexo C y tenía sobre la mesa dos textos, el de Ardohain y el de Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria. Ambos proponen endurecer las penas por hechos que afectan a la producción, y la idea del encuentro era ver si se unificaban criterios para responder al reclamo de las entidades del sector.
El proyecto de Ardohain modifica el Código Penal en tres puntos. El primero incorpora el artículo 150 bis, que castiga con prisión de un mes a un año a quien “entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”. El texto aclara que “se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”. Tampoco habría delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, a razones de auxilio o cuando el lugar no permita distinguir con claridad el límite con la vía pública.
🔒 Tu casa está protegida por ley. ¿Y el campo?
Durante años, las tranqueras y alambrados no tuvieron la misma protección que una puerta en la ciudad. El campo está solo: muchas veces sin señal y lejos de la policía.
La ley no pide privilegios. 👉 Pide igualdad ante la ley. https://t.co/VyXw2ynhPp
— BARBECHANDO 🇦🇷 (@Barbechando) October 6, 2026
El segundo punto es el artículo 184 bis, con penas de 2 a 8 años de prisión y multa de 3 a 12 veces el valor del daño para quien destruya, inutilice o dañe elementos que afecten “de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario”. Entre ellos se enumeran los cereales no cosechados, los silobolsas, el ganado y la leña.
La misma pena rige para quien dañe las instalaciones destinadas a la provisión de energía o a la extracción de agua, y la pena mínima se duplica si el autor es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria. El tercero es el artículo 209, sobre instigación pública a cometer un delito, que hoy prevé de 2 a 6 años y subiría un tercio si la instigación se hace por medios masivos, redes sociales o plataformas digitales.
El proyecto ya había recibido un respaldo contundente del sector el 25 de agosto, cuando la comisión de Agricultura escuchó a representantes de la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA, Coninagro, CARBAP, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y Barbechando.
Claudio Angeleri, vicepresidente de Federación Agraria, dijo que la norma “nos traería tranquilidad, previsibilidad” y recordó que “detrás de una tanquera de un campo, de un alambrado, hay no solo producción, sino familias que viven ahí”. César Guatti, de CRA y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, advirtió que el ingreso no autorizado a un campo “puede ser el primer paso de una faena clandestina, un robo, la destrucción de instalaciones, o un ataque contra quienes viven y trabajan en el lugar”. Y Lucas Magnano, presidente de Coninagro, afirmó que los establecimientos en lugares recónditos “necesitan tener las mismas garantías que cualquier persona que habita, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires”.
Del lado político, la respuesta fue igual de amplia. Ardohain contó entonces que todos los bloques se habían expresado a favor “sin bandera política”. La oficialista Belén Avico aseguró que “romper un silobolsa, quemar un lote o sabotear una herramienta de trabajo no es una contravención menor, ni una manifestación, es un delito grave contra la propiedad privada y la producción nacional”. La santafesina Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas, calificó la iniciativa de “muy positiva, muy bueno”. Y Luis Basterra, de Unión por la Patria, recordó que en 2024 hubo dictamen de comisión de un proyecto de Gutiérrez y sostuvo que el texto actual “difiere muy poco” de aquel.
La discusión tiene una larga historia. En 2020, en plena ola de ataques a silobolsas, Sergio Massa presentó un proyecto para incorporar un artículo 184 bis sobre vandalismo rural, que nunca tuvo dictamen y quedó cajoneado en Legislación Penal. Hace casi un año, CRA volvió a poner el tema sobre la mesa con un proyecto propio.
Ahora el expediente queda a la espera de que se fije una sesión en Diputados, después de cumplido el plazo habitual de observaciones del dictamen. Si el recinto lo aprueba, el proyecto pasa al Senado, donde deberá repetir el recorrido por comisiones antes de convertirse en ley.
