Tras negociaciones de última hora, el gobierno finalmente decidió dar de baja el capítulo referido a la Ley de Tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La bancada que dirige Patricia Bullrich había detectado falta de apoyo y, a pesar de las concesiones y los cambios en puntos sensibles de la norma, no pudieron trabar acuerdos para asegurarse su aprobación.
Sin ese capítulo central, el proyecto será igualmente debatido a partir de las 14 horas en el Senado, ya que contiene cambios sobre expropiaciones, desalojos y la polémica Ley de Fuego impulsada por el kirchnerismo.
Es en este último punto donde ahora mirar el agro, que ha advertido en varias ocasiones que aquel régimen modificado en 2020 acarrea muchas trabas para el sector productivo.
La Ley 27.604, impulsada por Máximo Kirchner durante el gobierno de Fernández, modificó la Ley de Manejo del Fuego (26.815) e incorporó fuertes restricciones sobre los terrenos incendiados.
Al respecto, establece que “no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, lo que contempla proyectos inmobiliarios, como también actividades productivas diferentes a las realizadas inicialmente.
Si la superficie afectada es un bosque nativo o implantado, un humedal o una zona protegida, fija un plazo de 60 años. Y si se trata de terrenos agropecuarios, praderas, pastizales o matorrales, la prohibición se levanta a los 30 años, incluso si fue provocado de manera accidental, como puede serlo una tormenta o la falla técnica de una máquina.
El proyecto oficialista, impulsado desde las entrañas del ministerio de Desregulación, dirigido por Federico Sturzenegger, es discutido desde la previa a la conformación del Consejo de Mayo, donde el gobierno acordó con los gobernadores el apoyo a lo que consideraban “reformas clave”. En aquel entonces, también se había cosechado apoyos a la Ley de Tierras, diluidos en las últimas horas.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aún en pie, buscará ahora luces verdes para dar marcha atrás con los cambios impulsados por Kirchner en 2020, que propone penas muy estrictas para “desalentar” los incendios intencionales, pero que no contempla su efecto sobre el sector agropecuario.
Las entidades rurales vienen cuestionando la reforma de 2020 porque consideran que penaliza por igual a productores damnificados y a quienes provocan incendios, inmoviliza durante décadas campos que podrían volver a producir una vez recuperados, restringe el derecho de propiedad sin distinguir si el incendio fue intencional, accidental o por causas naturales y genera incertidumbre para inversiones y para la compraventa de campos.
Ahora, el proyecto impulsado por el Gobierno elimina esas restricciones automáticas sobre los predios, deroga los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quáter incorporados en 2020 y restaura la redacción previa del artículo 22 bis establecida por la Ley 27.353.
La argumentación oficial es que el texto original, antes de los cambios impulsados por el peronismo, ya contemplaba la obligación de recomponer el daño ambiental, por lo que considera que las restricciones de 2020 fueron “desproporcionadas e innecesarias”. En ese sentido, sostiene que los delitos de incendio deben perseguirse por la vía penal y no mediante limitaciones generales al derecho de propiedad.
