Luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de restituir el DNU 70/23 y, con él, la derogación de la Ley de Tierras Rurales, el camporismo, el cristinismo, el massismo y el kicillofismo aceleran el tratamiento de una ley análoga a aquella que regía desde el 2011, pero exclusiva de la provincia de Buenos Aires.
Tras las presentaciones de Noelia Saavedra y Sofía Vannelli, que obtuvieron despacho en Diputados, ahora Sergio Berni juega su propias cartas a nivel provincial y acaba de elevar un proyecto de su autoría en el Senado, una vía más por la cual el peronismo bonaerense busca imponer sus planes.
El ex secretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner, y ex ministro de Seguridad provincial durante el anterior mandato de Axel Kicillof acaba de presentar su propio proyecto de Ley de Tierras, que busca frenar su venta a extranjeros en territorio bonaerense.
De igual manera que las iniciativas de Saavedra, del Movimiento Evita, y de Vannelli, del massismo, Berni propone emular las medidas que establecía la ley elaborada por el kirchnerismo hace 15 años pero con mayores controles en determinadas actividades y áreas productivas.
Mientras se agita la posibilidad de voltear el mega DNU en el Congreso Nacional, desde la provincia apuran el tratamiento de una ley propia que evite nuevos cambios del gobierno a futuro.
Mediante su “Régimen Provincial de Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, la iniciativa de Berni fija un límite del 15% a la titularidad extranjera, tanto a nivel provincial como en cada municipio. Ese era uno de los puntos centrales de la Ley de Tierras nacional, que de hecho horas antes de dar de baja su tratamiento en el Senado, el mileísmo había propuesto elevar al 25% en vez de directamente eliminarlo.
Asimismo, también establece que una misma nacionalidad extranjera no podrá concentrar más del 30% del cupo permitido y fija un máximo de 1000 hectáreas por titular extranjero dentro de la zona núcleo. Del mismo modo, exige evitar que sociedades, fideicomisos y fondos de inversión oculten a los beneficiarios de la compra de tierras y permitan eludir restricciones.
Todos ellos son aspectos ya presentes en la legislación recientemente derogada, ante la decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de desestimar cautelar que había presentado el CECIM La Plata contra el DNU del 2023.
No obstante, el peronismo bonaerense avanza con controles aún más estrictos que los fijados por la antigua ley kirchnerista, y exige la creación de un registro provincial de tierras rurales para “resguardar recursos estratégicos”.
De ese modo, se fijan como zonas de protección a cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas, donde directamente no pueden venderse extensiones a extranjeros.
Los máximos referentes del peronismo en la legislatura apuran el tratamiento de las iniciativas. Anteriormente, en la comisión de Tierras y Organización Territorial se había acordado unificar las iniciativas impulsadas por el Movimiento Evita y el massismo, pero el proyecto conjunto no logró llegar al recinto.
En la última sesión, Facundo Tignanelli, titular del bloque de Fuerza Patria en Diputados presentó una moción de preferencia para acelerar el tratamiento de la Ley de Tierras bonaerense, aunque no consiguió los dos tercios necesarios para incorporarla al temario. Se estipula que esté presente en el orden del día del próximo encuentro y, si consigue media sanción, se unifique con el proyecto ahora presentado por Berni.
