Este martes, la Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley un proyecto que permite a los intendentes disponer libremente de los fondos del impuesto Inmobiliario Rural, originalmente destinados a los caminos rurales, para realizar obras hídricas. Esa “libertad” tiene un plazo de 6 meses.
La propuesta, que fue elevada por un legislador libertario, tuvo muy buena recepción y recibió el apoyo unánime de todos los bloques. De hecho, no hizo su paso previo por comisiones y fue directamente tratada en el recinto porque se reunió la mayoría absoluta para que así fuera.
Pero eso que luce como un gran acuerdo político de cara a una emergencia climática, subió la temperatura en el agro, donde las entidades salieron a denostar esta nueva jerarquización de las obras y advirtieron por el impacto en la producción. Salen los caminos rurales, entran los canales.
La iniciativa redactada por Pablo Vargas, del bloque Unión y Libertad, dispone que por los próximos 6 meses los intendentes de los 135 municipios bonaerenses puedan reasignar hasta el 100% de los fondos que reciben del impuesto Inmobiliario Rural hacia obras hídricas, dragado y adquisición de equipamiento.
“Condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda, es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores“, expresó el legislador en su proyecto, al que consideró una forma de “desatarle las manos a los intendentes” en una situación de emergencia como esta fase intensa de “El Niño”.
No es una lectura que, justamente, compartan desde el agro, donde el reclamo por una red decente de caminos rurales integra el podio de prioridades en el interior bonaerense. Una ley que permita desviar esos fondos hacia otras obras no es bien recibida en el sector.
“No se puede resolver una emergencia comprometiendo otra infraestructura esencial para la producción y las comunidades rurales”, señaló en un comunicado la Sociedad Rural Argentina (SRA), que volvió a insistir -por si no había quedado claro- que “los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, garantizar el acceso a las escuelas y los servicios de salud, y sostener la vida en el interior”.
“Desviar sus recursos, sin garantías concretas de reposición, pone en riesgo el mantenimiento y la transitabilidad de una red indispensable”, expresó la entidad, con un pedido de planificación hacia la gestión de Axel Kicillof.
En esa línea se expresó también la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que cuestionó con dureza el trabajo de la legislatura bonaerense.
“Durante casi todo el año permaneció casi sin sesionar y ahora, en apenas 15 días, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas avanzan para quitar recursos destinados a caminos rurales que están en estado crítico”, expresó la entidad, que cuestionó la urgencia de la medida frente a un fenómeno climático que se conoce hace, por lo menos, medio año.
“Las obras de prevención hay que realizarlas antes de que ocurran las catástrofes, y no mientras”, expresaron.
Específicamente, la normativa que regirá por los próximos 180 días permite echar mano al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, que concentra un 12% de todo lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural y está concebido para destinarse exclusivamente a los caminos rurales.
“Resulta inadmisible quitarles recursos a caminos rurales que hoy están en condiciones desastrosas y necesitan más inversión, no menos”, señalaron desde Carbap, que recordaron que los intendentes cuentan también con los fondos recaudados por la tasa Vial, hace tiempo apuntados por la producción por ejecutarse en partidas ajenas.
“Antes de avanzar sobre los recursos destinados específicamente a su mantenimiento, corresponde exigir que los fondos existentes se administren correctamente y se utilicen para el fin previsto”, afirmaron, y apuntaron que “no se puede resolver una necesidad desfinanciando otra infraestructura esencial”.
Durante el debate en el recinto, por su parte, desde el peronismo también apuntaron a la gestión de Nación, a la que acusan de no girar a los municipios el dinero correspondiente al Fondo Hídrico y responsabilizan, indirectamente, de este cambio normativo.
Con la bancada del oficialismo, el radicalismo y el PRO, la iniciativa presentada por el bloque libertario ya fue girada a Axel Kicillof para su promulgación.
