Las últimas semanas, el reclamo desde los cuarteles de bomberos voluntarios se expandió a distintos puntos del país, ante la reiterada demora del gobierno nacional en transferir los recursos que le corresponden al sector.
Particularmente, y de acuerdo a información suministrada desde el propio gobierno, se sabe que, al día de hoy, Nación mantiene inmovilizados más de 59.330 millones de pesos, un remanente de las partidas de 2025 que fueron oportunamente recaudadas por ley, pero no transferidas como corresponde al sector.
Se trata de otra partida de recursos administrados por el ministerio de Economía sobre la que recaen sospechas. La cartera que dirige Luis “Toto” Caputo es apuntada por mantener más de un billón de pesos sin ejecutar de los fondos viales -en su mayoría invertidos en plazos fijos y títulos- y por estar haciendo lo mismo con las partidas que deberían destinadas a las emergencias hídricas. No se salvan las rutas, ni el agua, ni el fuego.
El dato de los casi 60.000 millones de pesos fue aportado por el propio Ministerio de Seguridad, como respuesta a un pedido de información pública de los diputados nacionales Ariel Rauschenberger y Varinia Lis Marín, ambos del Partido Justicialista.
La cifra se desprende de la recaudación generada en 2025, unos 85.880 millones de pesos, a los que se suman 13.408 millones extra, como saldo de ejercicios anteriores. De ese total, que representa más de 99.290 millones de pesos, sólo se distribuyeron el año pasado 39.960, por lo que queda un importante remanente sin ejecutar.
Las partidas que se anunciaron a principio de año, al igual que las que empezaron a liberarse los últimos días, correspondientes al 2026, no contemplan ese remanente y desde el gobierno no brindaron precisiones sobre cuándo se liberarán los fondos.
De acuerdo con lo que dicta la Ley del Bombero Voluntario (25.054), el sistema se financia a partir de aportes indirectos de las aseguradoras. Se trata de una contribución obligatoria del cinco por mil -es decir, el 0,5%- de las primas de seguros excepto las del ramo vida, que está a cargo de las empresas y, aclara la ley, “no podrá ser trasladable” a los usuarios.
Esos fondos son primeramente recaudados por la Superintendencia de Seguros de la Nación y trasladados a una cuenta específica. “El subsidio se deberá cumplimentar dentro de los primeros seis meses de cada año”, consigna el artículo 12 de la norma.
Asimismo, también se fija de qué modo se distribuirán esos recursos que, cabe recordar, no pueden ser concedidos ni recortados libremente por el gobierno ya que tienen una fuente y un destino fijados por ley: el 78% se reparte entre los cuarteles, y el resto va a federaciones provinciales, capacitación, el Consejo Nacional y la autoridad de aplicación.
En su respuesta oficial, el ministerio de Seguridad explicó que una parte importante de los más de 59.000 millones de pesos de remanente -unos 43.000 millones- fueron destinados a la partida “Incremento de caja y bancos”, que lleva la nomenclatura 6.5.1.
Dicho movimiento, que se hizo efectivo mediante el decreto 849/2025, no habilita por sí misma una transferencia a los cuarteles, y los propios diputados denuncian que la partida “tiene carácter no ejecutable”. Sobre el monto restante, más de 16.200 millones de pesos, la respuesta oficial no brinda aclaraciones.
Todo ello no prueba que necesariamente haya habido maniobras de desvío o malversación de fondos, pero sí da cuenta de que el reclamo de los bomberos voluntarios está fundado: hay dinero que fue recaudado, que debería haber llegado hace un año, pero que el gobierno guarda con recelo.
A principios de año, y a propósito de la emergencia desatada por los incendios en la Patagonia, el gobierno asignó una partida de 129.244 millones de pesos, a distribuirse entre las asociaciones, los cuarteles habilitados, las federaciones y programas de capacitación. La misma fue oficializada mediante la resolución 91/2026.
No fueron recursos extraordinarios, sino que estaban dispuestos por la misma ley sectorial. Y, además, tampoco contenía el remanente de casi 60.000 millones de pesos del 2025.
Lo mismo ocurre con las partidas que empezaron a liberarse durante los últimos días, tras la intensificación de los reclamos en cuarteles de todo el país. En ese caso, aclaran las asociaciones del sector, se trata del presupuesto que corresponde entregar los primeros 6 meses del año y que fue recaudado este 2026.
Desde Córdoba, apuntan que apenas un tercio de los cuarteles federados habría recibido el aporte de este año, mientras el resto sigue a la espera. En Misiones, advierten que tuvieron que bajar su actividad para preservar combustible e insumos y, en el particular caso de Posadas, que no reciben desembolsos desde agosto de 2025.
En plena temporada de incendios forestales en Salta aún reclaman el envío de más de 90 millones de pesos, y lo propio hacen desde Tucumán, que semanas atrás se movilizó ante la gobernación.
También se escucharon pedidos similares desde Chubut y Buenos Aires, a propósito de las dilaciones para entregar el presupuesto de este año, pero también la falta de respuestas sobre el remanente del año pasado.
“El año pasado se recaudó una suma y se distribuyó menos. También hay algo sin distribuir del 2024. Cuando sumamos lo que no repartieron, pero sí recaudaron en los dos años anteriores, estamos hablando de casi 50 millones de pesos por cuartel”, explicó Rauschenberger, quien augura un panorama análogo los próximos meses: “Del año 2026 están repartiendo menos de lo que recaudan, con lo cual se va a dar la misma situación: el Gobierno se va a quedar con el excedente”
Para destrabar esos recursos, en febrero de este año se inició la Solicitud de Modificación Presupuestaria 343-4, cuyo objetivo es incorporar al presupuesto vigente los remanentes no ejecutados durante 2025, un mecanismo que ya se ha orquestado en otras ocasiones.
El trámite fue puesto a disposición de la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, pero según la información oficial disponible todavía no fue resuelto.
Hasta que Economía no habilite esa modificación y Seguridad dicte la correspondiente resolución de distribución, los recursos pueden seguir apareciendo en las cuentas públicas sin estar disponibles para los cuarteles.
