Sobre el plazo límite para presentar la “ley de leyes” que regirá para el año siguiente, el gobierno nacional difundió ayer por la tarde su proyecto de Presupuesto 2027, en el que establece qué escenario económico aguarda y cómo administrará sus recursos.
Con una proyección de crecimiento demasiado optimista, que aguarda una suba del 4% del PBI y un gasto público que también se expandirá, el Ejecutivo planea entrar en su cuarto año de mandato aumentando también la recaudación impositiva en poco más de un 8% en términos reales. Y en esa balanza, las retenciones, aunque muy desdeñadas por el presidente, tendrán mayor importancia que en 2026.
Los ingresos impositivos de 2027 se proyectan en más de 122 billones de pesos, lo que representaría 8,7% del PIB. En esa bolsa, señala el propio proyecto de Presupuesto, “los más importantes son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que crecería 28,2%, el Impuesto a las Ganancias (+29,4%), el Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias (+25,8%) y los Derechos de Exportación (+41,3%)”.
Sí. Las retenciones están en el podio de los tributos más relevantes una vez más. Y para el año próximo el gobierno estima recaudar nada menos que 12 billones de pesos por derechos de exportación de todos los sectores, con el protagonismo del agro.
Medido en términos reales, es decir, descontando la inflación proyectada, el incremento es de más del 17% respecto al 2026. Y en la comparación respecto al 2023, el aumento real de lo recaudado es de más del 8%.
En 2027, las cuentas nacionales esperan percibir unos 3,53 billones de pesos adicionales por los derechos de exportación, que además de aumentar nominalmente ganarían peso en la economía. En 2026, significaban el 0,75% del PBI, y en 2027 serán el 0,85%.
Esto se da en paralelo a dos precisiones que también adelanta el proyecto. Por un lado, que espera “un crecimiento de las exportaciones totales tanto en dólares corrientes como en términos reales” y, por el otro, que “se prevé una reducción gradual de alícuotas”, tal como ya había fijado anteriormente en sus decretos 423/26 y 566/26.
Teniendo en cuenta las rebajas de retenciones ya fijadas, aún así este tributo tendrá más importancia en las cuentas públicas.
Para el cierre del 2026, el proyecto oficial señala que el sector agropecuario terminará creciendo un 5,5% anual, “debido centralmente al incremento en la cosecha de maíz (38,7%)”, y matizado en parte por la producción de soja, que se espera disminuya un 3,1%, según las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De cara al año próximo, sin embargo, se prevé un crecimiento para el sector de apenas un 0,9%, mientras que la industria y el comercio llevarán la delantera con proyecciones de entre el 4 y 5%, muy por encima de lo que ocurrió este 2026. Se invierten las tendencias.
Asimismo, aunque se ha reservado durante los últimos meses la chance de dar nuevos anuncios, el gobierno reconoce la importancia que tiene el agro para las cuentas del Estado, y calcula el impacto que tendría cualquier alteración de peso en el sector.
“Uno de los principales riesgos considerados es un shock de sequía, dada la importancia del sector agropecuario en las exportaciones y la recaudación por derechos de exportación y otros impuestos”, señala el proyecto de presupuesto, aunque -al menos hasta febrero del 2027- se espera que sea una temporada en la que no falte agua.
Eso introduce otro escenario, el de las inundaciones, cuyo impacto también fue calculado. En ese sentido, afirma que “en el escenario extremo se supone un daño físico a la infraestructura equivalente a 0,85% del PIB”, lo mismo que se espera recaudar por derechos de exportación. Sin embargo, prevé que “los efectos estimados sobre la actividad y las cuentas públicas son considerablemente menores que los asociados a la sequía, debido principalmente al alcance geográfico limitado de este tipo de eventos en relación con el stock total de capital de la economía”.
Del mismo modo, también evalúa el impacto que tendría un eventual shock negativo sobre el precio internacional de la soja, que desde ya repercute sobre los ingresos fiscales. “Los resultados muestran una reducción del crecimiento del PIB de 0,4 puntos porcentuales en el escenario moderado (si llega a 356 dólares por tonelada) y de 0,7 puntos porcentuales en el escenario extremo (si desciende a 289 dólares)”.
