Anoche el presidente Javier Milei pronunció en cadena nacional un discurso que contiene 13 veces el término “soberanía” y 11 veces la palabra “Malvinas”.
El mismo mandatario que considera que es innecesario mantener rutas nacionales y se las “tira por la cabeza” a los gobernadores, anoche aseguró que está dispuesto a construir una base naval integrada en Tierra del Fuego para proteger los intereses argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Milei señaló que esa medida se fundamenta en el hecho de que las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration comenzarán a operar un proyecto petrolero “offshore” en el territorio argentino ocupado por el Reino Unido.
“¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora. Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”, afirmó.
También aseguró que enviará un proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” para modificar la Ley N 26.659 con el objetivo de sancionar a las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas en el territorio ocupado.
Si el contorno de la Argentina se circunscribiera a los yacimientos de hidrocarburos y minerales, no habría fallas lógicas en el discurso de Milei. Sin embargo, hablar de “soberanía” y seguir cobrando derechos de exportación agropecuarios, representa una contradicción flagrante.
Todos los países serios del mundo subsidian –en la medida de sus posibilidades– al sector agropecuario por dos razones. La primera es la más obvia: seguridad alimentaria. Pero el otro factor, si bien no es tan obvio, resulta también trascendental.
Las empresas agropecuarias, en su afán de generar riqueza, tienden a ocupar la mayor parte de las áreas habitables y brindan un servicio, podríamos decir, gratuito: la ocupación territorial. Se trata de una tarea que, si la quisiese hacer el Estado, sería inviable por la magnitud de los recursos y esfuerzos involucrados. Mejor dejarlo en manos del “ejército” de gente con vocación agropecuaria.
Los únicos grandes países agropecuarios que cobran derechos de exportación son Rusia y Ucrania, lo que se explica por la necesidad de financiar una cruenta guerra que parece no tener fin.
El Estado argentino no está en guerra contra una potencia extranjera, pero mantiene una contienda contra el principal sector generador de divisas de la economía que asegura la plena ocupación territorial. El conflicto bélico en el Mar Negro es terrible, pero al menos es honesto: está todo a la vista.
La guerra silenciosa que se libra en la Argentina, en cambio, resulta escandalosamente hipócrita. Ya sea para “cuidar la mesa de los argentinos” o preservar “el equilibrio fiscal”, siempre existe una excusa para seguir apropiándose de manera indebida del capital de las empresas agropecuarias, a las cuales ni siquiera, aunque sea a modo de compensación, se les permite participar del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Como si se tratara del Dr. Henry Jekyll y Mr. Hyde, Milei tiene una política de promoción para el sector petrolero y minero y otra de extracción para el sector agropecuario y agroindustrial. El anuncio “malvinense” así lo confirma.
De hecho, si la idea es crear una norma de “Defensa de la Soberanía Nacional”, el presidente podría aprovechar para incluir en la misma un capítulo que prohíba la compra de tierras productivas con fines conservacionistas, de manera tal de evitar que sucesos como el “sociocidio” del Iberá vuelvan a repetirse.
“Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera nuestra soberanía y se llevan nuestros recursos”, indicó Milei en referencia al proyecto petrolero “offshore” en la zona de Malvinas.
Eso mismo es lo que vienen reclamando los empresarios agropecuarios expoliados por los derechos de exportación, que generan divisas pero reciben pesos, sufren retenciones de IVA que no son debidamente reintegradas,, tienen capital de trabajo retenido por ARCA en concepto de saldos de IVA técnicos y hasta se les bloquea la posibilidad de seguir trabajando si el algoritmo de un sistema informático detecta posibles inconsistencias. Se consideran argentinos, pero son tratados como kelpers.
Siempre Algo pista cuestionar ustedes, nunca los vi tan activos y demandantes con los gobiernos kirchneristas, será que extrañan pautas oficiales?