El Gobierno nacional avanzó este lunes en una discusión que desde hace años divide aguas dentro del agro: cómo controlar el uso de semillas sin reabrir la pelea de fondo por la ley que regula la propiedad intelectual en genética vegetal.
En una reunión encabezada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el director del Instituto Nacional de Semillas, Martín Famulari, el Ejecutivo presentó a las entidades rurales y al sector semillero un proyecto para reforzar la fiscalización sobre el uso de semillas en la producción agrícola.
A diferencia de otros intentos que en el pasado chocaron con la resistencia de los productores, esta vez la propuesta no apunta a modificar la Ley de Semillas. El objetivo oficial es crear un mecanismo para hacer cumplir una norma que ya existe, pero que hasta ahora tenía escasa capacidad de control sobre el circuito real del grano.
El esquema presentado propone incorporar la identificación varietal en el primer punto de entrega de la cosecha. En la práctica, los acopios, plantas de procesamiento y puertos, donde hoy ya se toman muestras para medir humedad, calidad e impurezas, que pasarían también a relevar qué variedad genética fue utilizada en cada lote entregado.
Esa información sería remitida tanto al INASE como al titular de la variedad. Si no existiera ninguna observación, la muestra quedaría archivada durante un plazo determinado y luego sería descartada. Si surgiera un conflicto por el uso de esa genética, el organismo oficial seguiría interviniendo como autoridad de aplicación.
El Gobierno sostiene que el sistema actual quedó desactualizado frente al crecimiento del mercado informal de semillas, especialmente en cultivos autógamos como soja y trigo, donde una parte importante del área sembrada se realiza mediante uso propio. Los obtentores (semilleros) vienen reclamando desde hace años herramientas para proteger sus desarrollos, mientras que los productores defienden el derecho histórico de guardar parte de su cosecha para volver a sembrarla.
La diferencia política de esta iniciativa es que el nuevo sistema alcanzaría solamente a las variedades que se inscriban a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación. Las variedades ya registradas quedarían fuera del nuevo esquema. Ese punto fue uno de los que más atención despertó entre las entidades rurales, porque elimina la posibilidad de una aplicación retroactiva.
Es decir que de prosperar este proyecto, desde su publicación, todas las variedades nuevas que salgan al mercado pasarán a ser observadas con esta metodología, que tendrá al INASE como una especie de árbitro, y a los semilleros desarrolladores de tecnología con capacidad de reclamar por el pago de una tecnología usada sin que se haya contrato oneroso.
Según se explicó durante la reunión, el costo operativo del sistema también quedaría a cargo de los obtentores. Serían las empresas titulares de la genética las que asumirían los análisis y el funcionamiento del procedimiento, sin trasladar ese gasto al productor.
Del encuentro participaron representantes de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Coninagro, además de referentes de Asociación Semilleros Argentinos, CREA y Aapresid.
Tras la reunión, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, señaló que la iniciativa podría abrir una etapa distinta en un debate que lleva años sin resolución.
“Yo creo que es un adelanto. Para mí es importante”, dijo. Luego agregó: “Creo que es el principio de una solución que estábamos buscando todos, y lo más importante para el productor es que es de acá en adelante”.
Castagnani remarcó especialmente que la propuesta no altera la situación de quienes hoy producen bajo el régimen vigente. “No es retroactivo, así que, en ese sentido, no hay manera de que el productor esté peor o menos protegido que ahora. Desde ese punto de vista lo veo positivo”, afirmó.
Aunque advirtió que la entidad revisará el texto completo cuando reciba la versión escrita del proyecto, el dirigente dejó entrever una recepción inicial favorable.
“Puede haber algunos matices, pero creería que en general es un proyecto que puede ser beneficioso”, sostuvo. Y concluyó: “Creo que va a lograr un consenso que sería bueno”.
Después de años en los que la discusión por semillas quedó atrapada entre reclamos de los semilleros y resistencia de los productores, el Gobierno intenta ahora avanzar por una vía más acotada de no cambiar la ley, sino empezar por controlar mejor lo que ocurre en cada campaña.
